El Gobierno mutila el decretazo anticrisis
Calixto Rivero. Madrid
Si los expertos denunciaban que con un plan de nueve páginas y 54 medidas no es posible sacar a España de la crisis, el Gobierno pretende ahora lograrlo con sólo tres páginas y 24 iniciativas escasas.
El decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará mañana excluye algunos de los temas más relevantes que los grupos parlamentarios habían debatido con la troika formada por Blanco, Sebastián y Salgado.
Por ejemplo, el Gobierno ha suprimido del decreto de Zurbano todos los planes relacionados con el recorte de gasto público, a pesar de que los organismos internacionales y los expertos de los principales servicios de estudio coinciden en señalar que son los más urgentes para recuperar la estabilidad de la economía española.
Sin embargo, el Gobierno parece que no tiene tan claras estas recomendaciones. Aunque fuentes gubernamentales aseguraron ayer a este periódico que las propuestas que se aprobarán serán “las más urgentes”, a renglón seguido dijeron que se excluirán del acuerdo inicial los puntos que hacen referencia a los planes de austeridad en las empresas públicas y en las CCAA.
Asimismo, el decreto de Zurbano elimina de un plumazo las medidas relacionadas con la adopción de un nuevo marco de impulso de la actividad industrial, las relacionadas con el sector turístico y las que promueven el desarrollo del sector agroalimentario.
El Gobierno también ha eliminado del documento final las medidas más pequeñas, como el desarrollo de planes de apoyo a la internacionalización de las empresas en África, la instalación de contadores de nueva generación mediante el establecimiento de incentivos adicionales y el establecimiento de límites distintos a la hora de calcular el peso de los equipajes en los vuelos.
La polémica surgió después de que el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, denunciara ayer que el Gobierno les ha enviado un documento que eliminaba del acuerdo que se vayan a dar créditos directos a las pequeñas y las medianas empresas. Esta propuesta había suscitado muchas críticas entre los economistas por el temor a que se cree una especie de banca pública que aumente los riesgos financieros que ahora asume el Estado.
Fuentes cercanas a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, no tardaron en defender que esta propuesta sí que saldrá adelante. Explicaron que el malentendido se ha producido porque el documento al que se refería Cayo Lara era el decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros, que excluía los créditos directos del ICO porque no se puede aprobar por medio de este procedimiento. Economía dice que los nuevos préstamos –que se concederán sin contar con la supervisión de las entidades financieras – saldrán adelante mediante un acuerdo del Ejecutivo, y que se pondrán en marcha sin demora.
Lo que parece que está más claro es que el Gobierno no cuenta ya ni con el Partido Popular ni con Izquierda para sacar adelante su plan.
· Libre amortización. El documento mantiene la prórroga para 2011 y 2012 de la libertad de amortización, sólo en aquellos casos en los que se mantenga el empleo.
· Vinculación. Una cuestión de las que había levantado más polémica era la simplificación para las pymes de las obligaciones de documentación en operaciones vinculadas. Este epígrafe se mantiene, aunque no afectará a cualquiera de las operaciones realizadas con paraísos fiscales.
· Dependencia. Permanece una de las mayores reclamaciones de CiU: la aplicación de un tipo ‘superreducido’ de IVA a los servicios de atención a la dependencia prestados por empresas.
· Tasas aéreas. También se incluye la prórroga hasta el 31 de diciembre de la bonificación del 30% de tasas aéreas.
· Sin límites. El Real Decreto de Zurbano omite –o lo que es lo mismo, elimina– el límite de renta establecido para acogerse a la nueva deducción por rehabilitación de vivienda en el IRPF.
· Turismo. El decreto tampoco incorporará ninguna referencia para modernizar el turismo, el sector agroalimentario y el energético, aunque si se tenía en cuenta en el último documento de síntesis que presentó Salgado.
· Mix energético. Los expertos señalaron que era positivo que se estableciera como fecha límite el 30 de junio para diseñar el nuevo mix energético, un requisito que se ha suprimido ahora.
· Reforma laboral. El Pacto de Estado excluía desde el principio la reforma del mercado de trabajo, básica para los economistas.
