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Publicado un nuevo libro de casos Biopsicosociales para las profesiones del campo legal y forense.

 













La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Nelson Mandela.

Un nuevo libro que como los anteriores se sitúa en el paradigma de la innovación y de lacreatividad, adaptado al nuevo siglo.

Ya está en las librerías el nuevo libro de nuestro compañero y presidente del Movimiento Democrático de la Guardia Civil UMD historia –SUGC--,José Piñeiro, Docente, por vocación. Este nuevo libro forma parte de otros libros o volúmenes de la Biblioteca de Capacitación Profesional –BCP—ya publicados en su día dedicados a la formación permanente y continua dentro de los campos profesionales de diversos ámbitos. Ver enlace  Centro de Formación EIAFORMACIÓN

El nuevo volumen nos trae un resumen del campo Legal, Forense y pericial y nos aporta un nutrido número de casos prácticos diversos para que los profesionales que quieran dedicarse al mundo pericial, legal y forense puedan ilustrarse tomando ejemplo de los casos que el libro presenta y el formato que puede servir de base para que cada uno lo utilice para ir modelándolos en su práctica profesional a su estilo. Todo ello está basado en la experiencia y en la práctica diaria del autor ante los tribunales de justicia y ante la administración.

Cada libro del docente José Piñeiro, nos aportan un plus de mejora, de creatividad, y como nos dice el autor: Debemos repensar nuestro hacer profesional adentrarnos en los nuevos campos del conocimiento y hacer lo que otros no han hecho, pasar del pensamiento vulgar al pensamiento científico y de la creatividad, hablar de progreso y del cambio y no de las modas estáticas que nos sitúan en nuestra formas de confort, eso quiere decir que hay que perder el miedo, y dejar de hacer por imitación o aprendizaje vicario lo que se suponen hacen todos, que es lo mejor y lo que se debe hacer.

Es imprescindible aportar al campo legal o jurídico y en todos los ámbitos el método científico, se dice que los peritos son los ojos de los jueces, unos asesores especiales que aportan al campo legal y a sus profesionales, métodos para que de la ley pasemos a la justicia, en una palabra del discurso grandilocuente en los foros a la ciencia real.

El nuevo siglo, que es el de la mente y el de la Inteligencia Artificial, hace que sea obligatorio aprender a aprender y a desaprender a lo largo y ancho de toda la vida, hay que poner en alza el método científico y los medios electrónicos, ya no se puede ver para atrás, no hay otra solución, es pasar de la calidad a la excelencia y a lo que se denomina problemas cero, que es lo que pide nuestra sociedad, nuestros pacientes y nuestro clientes..

Es muy difícil hacerse entender o comunicar para que nos entiendan, nos dice, pero es imprescindible seguir haciéndolo porque los cambios son vertiginosos, lo que hoy sirve mañana no vale, cada día aparecen nuevas profesiones y nuevos profesionales, lo que hacen que otras pierdan su valor o necesidad y que nos obligue a la formación continua y permanente y sobre todo prepararse para las profesiones que todavía no existen pero que ya son una realidad que no quieren ver.

El libro se edita bajo el título: Casos Prácticos BioPsicoSociales, lo distribuye la editorial Mascato, pudiendo hacer los pedidos al correo josecarlosperiodista@gmail.com y al teléfono 986266151. Se inicia con una breve y simple descripción de los conceptos legales relacionados con los peritos, con los dictámenes periciales y se da una breve explicación de los conceptos, para terminar centrándose en los casos prácticos. Ver enlace, Oferta formativa Centro de Formación EIAFORMACIÓN

Para terminar Ya, El mundo y las profesiones están en cambio permanente, es imprescindible adaptarse  a las nuevas  realidades y  en la formación permanente y continua, ver con otros prismáticos y mirar con otros ojos, adentrarse en otras paradigmas y  realidades; el que no lo haga llegará tarde a todo. España y los profesionales tienen que darse cuenta que haciendo lo mismo que se viene haciendo nos hace perder todas los retos que nos presenta el nuevo mundo, y que la muerte será por agotamiento y por asfixia del propio mercado, que es soberano y elige a los mejores, aquellos que saben hacer se llamen como se llamen.

La UMD de la Guardia Civil: el Estado no ha zanjado su deuda



Forma parte de la historia de la transición española de la dictadura a la democracia la actividad desarrollada para democratizar el ejército por un grupo de mandos, tres comandantes y nueve capitanes, que crearon una organización clandestina denominada Unión Militar Democrática, que pretendía un cambio en el Ejército a favor de la incipiente democracia.

La UMD nació en 1974 alentada por la revolución de los claveles en Portugal, fue desarticulada con detenciones de varios de sus dirigentes en el verano de 1975, nueve de sus dirigentes recibieron condenas de años de cárcel y siete de inhabilitación y expulsión del ejército, en 1976. La UMD se auto disolvió en 1977 tras las primeras elecciones democráticas de junio de dicho año.

En 2010 catorce miembros de la UMD recibieron la Cruz al Mérito militar y aeronáutico por su colaboración y valentía en la transición a la democracia en España.

En abril de 2002, el diputado socialista Carlos Sanjuan, ex miembro de UMD y amigo de uno de sus fundadores, el comandante Julio Busquets, planteó una proposición no de ley para reconocer la labor de la UMD en la llegada de la democracia que fue derrotada por la mayoría absoluta del PP.

En 2009 el Congreso aprobó una moción reconociendo la labor por la democracia de los miembros de la UMD, el Consejo de ministros en diciembre del mismo año aprobó una declaración publicada en el BOE y en el Boletín Oficial de Defensa, reconociendo la participación de los miembros de la UMD en la democratización del Ejército y la persecución de que fueron objeto sus miembros por vías judiciales y extrajudiciales.

En 2010 catorce miembros de la UMD recibieron la Cruz al Mérito militar y aeronáutico por su colaboración y valentía en la transición a la democracia en España, lo que algunos pagaron con encarcelamientos, condenas y expulsiones. Con estas medidas, el Estado zanjaba una deuda contraída con estos demócratas.

En la Guardia Civil el Estado no ha zanjado su deuda

Llegada la democracia y con el nacimiento de sindicatos en la Policía Nacional, un grupo de guardias civiles entendió que la Constitución permitía la creación de organizaciones profesionales en su seno. Acontecimientos políticos se cruzaron en su camino, la llegada de José Luís Corcuera a Interior y la disputa entre Felipe González y Nicolás Redondo llevó a UGT a apoyar el movimiento asociativo clandestino en la Guardia Civil (al que hasta entonces se había opuesto, según manifestaban sus líderes nacionales a dirigentes del sindicato policial mayoritario), y desde Interior se desataron todas las hostilidades contra ellos.

La persecución contra estos demócratas en la Guardia Civil se enmarcó en la denominada “operación Columna” que llevaron a cabo miembros de la lucha contraterrorista del Cuerpo con infiltración en el movimiento, difusión de noticias falsas como si fuesen emitidas por ellos, compra y manipulación de periodistas y un conjunto de actividades ilegales que llevaron a prisión a decenas de dirigentes de las organizaciones UDGC y SUGC, sometimientos a juicios militares acusados de sedición que no prosperaron y expedientados con posterioridad, por lo que resultaron expulsados varios de ellos, algunos consiguieron el reingreso y cuatro de ellos siguen expulsados hoy.

El Tribunal Constitucional reconoció años después que cuando ellos quisieron crear asociaciones profesionales estaban protegidos por la Constitución, pero ya estaban expulsados y los responsables (Felipe González, Narcís Serra, José Luís Corcuera y Luís Roldán) no han pagado por ello.

En 2009 UPyD presentó proposición no de ley para su reingreso, siendo aprobada por unanimidad, lo que no llevó al Gobierno socialista que había llevado a cabo el reconocimiento para los mandos “Umedos” a mover ficha para los “Umedos” de la Guardia Civil, quizás porque estos tenían una categoría militar bastante inferior.

En 2016, algunos de los afectados crearon una asociación, Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles, en siglas GUCIPOL, con el objetivo fundacional de defender derechos humanos y libertades públicas, que ha asumido como primer objetivo de su trabajo conseguir el reingreso o reconocimiento de los expulsados.

GUCIPOL ha remitido escrito a los grupos parlamentarios y se ha aprobado una nueva proposición no de ley, a propuesta de Cs y con los votos en contra del PP; el grupo de UPodemos ha presentado una proposición no de ley rechazada por la mesa por defectos de forma; la responsable del grupo socialista, Margarita Robles, se ha comprometido a estudiar la forma legal válida para el reingreso, y AUGC ha encargado un informe a su gabinete jurídico tendente a buscar una solución legal al asunto, solución legal que en mi opinión pasa por la voluntad política de quien ocupe el Gobierno, y que sea el PP en este momento no es una garantía de una visión que beneficie a los afectados.

En fechas recientes, los tres expulsados con vida han elaborado una carta-Manifiesto que está siendo remitida a todas las asociaciones y sindicatos profesionales, de clase, partidos políticos y otras organizaciones para que sean conscientes de que existe este asunto pendiente. Ese escrito merece ser transcrito aquí en su integridad.

Manifiesto por el reingreso en la Guardia Civil: Carta abierta de tres guardias civiles expulsados

En la década de los 80 del siglo pasado, años después de aprobada la Constitución Española y tras el proceso iniciado en el Cuerpo de Policía Nacional (con legalización de sindicatos en 1984 manteniendo la estructura y el carácter militar), miembros de la Guardia Civil consideraron que podía legalmente iniciarse el mismo proceso de modernización en la Benemérita.

Mientras en la Policía se cambiaba la legislación y se desmilitarizaba, redundando ello en mayor eficacia en su prestación del servicio a la ciudadanía, en la Guardia Civil se produjo la reacción contraria, perseguir, encarcelar y expulsar a quienes promovían un movimiento asociativo. Acusaciones de sedición ante tribunales militares fueron descartadas por las autoridades judiciales. Expedientes gubernativos internos se tramitaron contra decenas de miembros de la Guardia Civil, que se fueron resolviendo con jubilaciones o reingresos al servicio activo, incluso tras permanecer muchos de ellos distintos periodos de tiempo en prisiones militares.

El Tribunal Constitucional señaló años después que los miembros de la Guardia Civil tenían derecho a crear asociaciones profesionales; la persecución a la que fueron sometidos quienes creamos la UDGC (Unión Democrática de la Guardia Civil) o el SUGC (Sindicato Unificado de la Guardia Civil) se había producido por defender nosotros el desarrollo de un precepto constitucional. Con posterioridad al encarcelamiento, expedientes, salidas y expulsiones provocadas para tratar de impedir lo que la norma fundamental reconocía, la Constitución se impuso y fueron naciendo asociaciones diversas que hoy existen en plena legalidad, cumpliendo su función de representar a sus socios y defender sus intereses.

Nosotros seguimos pagando las consecuencias de haber defendido lo que la Constitución reconocía y hoy está normalizado en la vida diaria de la Guardia Civil. Han pasado casi 30 años y seguimos expulsados de la Guardia Civil, Cuerpo al que quisimos servir modernizándolo con el nacimiento de organizaciones profesionales en su seno, como es propio en cualquier democracia. Se ha comprobado que no éramos locos, ni enemigos de la Guardia Civil sino que planteamos unos años antes de tiempo aquello que después se materializó con plena normalidad.

Somos el Sargento Primero José Morata Gargallo, el Cabo Primero Manuel Rosa Recuerda, y el guardia civil José Piñeiro González. Seguimos expulsados por tratar de crear asociaciones profesionales que se crearon pocos años después, y que la Constitución reconoce y reconocía ya como un derecho cuando nosotros lo pedíamos. Creemos que la democracia ya ha sido suficientemente injusta con nosotros. Pedimos que se remuevan los obstáculos legales que impiden nuestro reingreso en la Guardia Civil, así como el reconocimiento, a título póstumo, del reingreso del cuarto guardia civil expulsado, ya fallecido, Manuel Linde Falero.

No abdicamos ni renunciamos a ninguno de los valores y principios que nos movieron a hacer lo que hicimos. Los hechos posteriores, con sentencias del Tribunal Constitucional y la existencia y desarrollo de asociaciones profesionales nos han dado la razón. Ni merecimos ser perseguidos como terroristas entonces ni merecemos seguir expulsados ahora. Queremos morir siendo miembros de la Guardia Civil.

Las sentencias del TEDH sólo se cumplen para los asesinos de ETA.

En recuerdo de nuestros compañeros asesinados y en nuestros compañeros que han sido expulsados por solicitar dignidad, derechos humanos y justicia. Otegui ni ETA No.

Los derechos humanos no se mendigan se exigen.

Nuestras vidas empiezan a terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Martin Luther King Jr.

Hace más de treinta años que los Guardias Civiles en la España democrática solicitaron por vía pacífica y sin armas un derecho fundamental como era y es el derecho de asociación. Dicha acción democrática que no necesitaba permiso alguno dio inicio a acciones graves y criminales contra cientos de Guardias Civiles mediante la denominada Operación Columna, ver enlace, Un poco de historia democrática y lo más grave hechas desde el estado por funcionarios públicos, con el dinero de todos y sin garantías judiciales y constitucionales de tipo alguno.

De noche y sin amparo judicial  --sentencia TEDH 69966-01 que condena a España-- se procedió por solicitar derechos constitucionales y humanos—Derecho de asociación-- a la detención de cientos de Guardias Civiles acusándolos de sedición militar, ingresándolos en prisiones militares. La Operación delictual columna es un documento histórico que muestra que en España la democracia presenta graves lagunas que al día de hoy ni hay sido investigadas.

La lucha del movimiento democrático de la Guardia Civil es una lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos, y sin duda una demostración de que la corrupción es la norma general y aceptada en un estado que ya está putrefacto.

Cada día vemos cómo el TEDH, condena a España y obliga a dejar sin efecto sentencia tras sentencia ante lo cual el estado español tiene que ejecutar lo que dice Europa, especialmente lo hace y lo hace con suma rapidez cuando alguno de los beneficiados se llama Otegui o tiene relación con la banda terrorista de ETA. Cosa distinta sucede con los Guardias Civiles democráticos los cuales ganaron sentencias como la 69966-01, que condena a España con rotundidad dejando claro que no sólo se vulnero un conjunto de derechos entre ellos se produjo detenciones ilegales, al declarar dicha sentencia que la guardia civil no estaba sometida a la justicia ni a los códigos militares.

Gobierno tras gobierno, ministro-a tras ministro-a, ha recibido el dossier original de la operación columna. El parlamento en repetidas ocasiones aprobó el reconocimiento y la rehabilitación de los Guardias Civiles Democráticos, pero nuestras señorías diputados y senadores, siguen en el mismo campo, el de la indecencia, el de la indignidad, el de la maldad y en el que les traerá no vientos sino grandes y graves tempestades, sin justicia no hay paz, y sin paz no hay pueblos que duren mucho tiempo.

Para finalizar, nuestros muertos se retuercen en sus tumbas, y en los cementerios no hay paz, y eso nos lleva a dejar en el aire aquel lema tan viejo pero tan evidente, que nos dice : Los errores de los padres se heredan hasta la tercera o cuarta generación”. y la gran nación que es España no es menos.

Para terminar Ya, Tenemos la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza, eso es lo que le falta a todos los diputados, senadores y responsables públicos que hablan de democracia, justicia y legalidad, y carecen de dignidad y de vergüenza, con esta clase política España está abocada al más terrible los fracasos.

Que los ciudadanos decidan es un derecho constitucional

Elección del consejo General del Poder Judicial en votación secreta universal por todos los españoles, de lo contrario se perpetúa el cáncer de la corrupción.


No se debe dejar la elección del CGPJ, en manos de políticos o jueces, grupos que ya han demostrado la indecencia de sus actos.

La Justicia no está ciega está cara al Sol. Tendrás tanta justicia como dinero tengas para pagarla, una realidad asumida por la población.

“Que los ciudadanos decidan” en vez de que los jueces y políticos decidan por todos. La experiencia demuestra que el control judicial por los gremios es caótica y corrupta.

Nuevamente surge el debate ante la renovación de una institución --“Consejo General del Poder Judicial”, --CGPJ-- que ha demostrado ineptitud por todos los lados, lo que a los ciudadanos les da igual porque la justicia ni funciona, ni es justa, ni es legítima, ni se le espera.

El debate está servido, unos quieren que este órgano viciado, sea elegido por el parlamento y otros que lo sea por su gremio, por las asociaciones judiciales, debate que ignora que hay otra forma de elegir más democrática que evitaría el poder de los grupos que centran el debate, sólo, única y exclusivamente en sus intereses gremiales, por no llamarlos de otra forma.

Otra de las fórmulas sería eliminarlo, lo cual estamos seguro haría más competente a la justicia, trasladando sus funciones al ministerio de justicia, lo que redundaría por lo menos en menor gasto, más eficiencia y más eficacia, lo que no estaría mal visto por la UE y por todos los ciudadanos porque el ente viene a ser un nuevo refugio de elefantes a servir a los intereses de los que los han propuesto y elegido.

Poner fin a la utilización política de uno de los poderes claves de una sociedad, nos llevaría a empoderar a toda la sociedad, y si es ésta la que participa mediante una elección general con un colegio único en toda España, con el voto universal y secreto, devolvería la fe en la justicia y sobre todo sería un puntal de ajuste de cuentas cuando la justicia y los profesionales jueces y magistrados doblan sus rodillas ante los poderosos, con interpretaciones y argumentaciones que desde el conocimiento popular son cuando menos escandalosas e inasumibles. La justicia debe ser igual para todos, y en España se tiene la sensación y la creencia de que no es así.

La práctica diaria en la realidad de cada día, cada vez que el justiciable se acerca a la justicia y especialmente al poder judicial CGPJ, demuestra que no es una institución que sirva para algo. Los ciudadanos reciben cada día tarde y mal y si reciben contestaciones a sus reclamaciones, todas estandarizadas y diciendo lo mismo, en una palabra, burocracia e incompetencia, cuando no burla a la ciudadanía.

Cada cinco años, en esta ocasión más porque los padres de la patria no se ponen de acuerdo,  cada uno quiere poner a los suyos, para de este modo que la justicia no vaya contra sus intereses y se arrodille ante los suyos, sean personas o intereses. Lo que ha puesto a la justicia al borde del desprestigio, y al borde del ridículo, ya nadie cree en ella, y a mayores ya se escucha, cuando se dicta una sentencia en el rumor popular como una broma extendida : “Sentencia emitida en nombre de su Majestad el Rey”, para mayor cachondeo.

Para terminar Ya, Una celebre escritora conocida por Ayn Rand año 1950 dijo: "Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno por las influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están  protegidos contra ti; Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio , entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada".

Logopedia Jurídica

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor,la electricidad y la energía atómica: "La voluntad". Albert Einstein.

Jose Piñeiro Logopeda Juridico y Director de EIAFORMACION 
Enlace al Aula Virtual. https://eiaformacion.milaulas.com/

Una titulación no hace una profesión sino que, sirve para muchas otras.

El cerebro humano es un órgano complejo, con el maravilloso poder de lograr que el hombre pueda encontrar razones para seguir creyendo lo que él quiere creer.

Hablamos hoy de la ¨Logopedia Jurídica”,  tratando de situarnos con los pies en el suelo y yendo contra corriente de algunos profesionales, y colegios profesionales que creen que todavía existen compartimentos estancos, --monopolios-- que nos recuerda cuando cada médico tenía una enfermera para que escribiera. Es hora de situarnos en el nuevo siglo y especialmente en los nuevos paradigmas de las profesiones. Reclamar y dar excelencia, eficacia y eficiencia.

Los Logopedas Jurídicos como muchos otros profesionales –Criminólogos, Pedagogos, Psicopedadogos, Psicólogos, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales etc--, están ahí, para ser los ojos de los jueces, para ilustrar, asesorar teniendo como base el método científico, y aportar, en las áreas del derecho sus conocimientos técnicos para dar a la justicia legitimidad y un plus de garantía de que el derecho no es palabrería o simples declaraciones, sino, cientificismo con postulados validos, fiables y replicables.

Dentro del campo de la Logopedia jurídica se hallan entre otros muchos, la mediación, un instrumento potente y sobre todo de prestigio en cualquier sociedad democrática que se precie, como dice algunos célebres profesionales estadunidenses: “La profesión de mayor prestigio del mundo”; ámbitos que algunos profesionales todavía ni entienden, ni conocen, lo que nos muestra que no se han hecho bien los deberes de nuestra reforma de grado, siendo por lo tanto un fracaso sin paliativos.

Para continuar, primero  lo primero, no hay exclusividad de titulación alguna en estos ámbitos, --Jurídico, legal, forense, victimología, penitenciaria, testimonio, memoria-- cualquier titulado con preparación adecuada puede ejercer de perito ante cualquier tribunal ante el que sea requerido. El interesado, cliente, paciente elige al profesional en el que más confíe, en el más idóneo, esté colegiado o asociado o no lo esté. No debiendo despreciar la acreditación académica, muy al contrario es una garantía de calidad, pero tampoco se debe desacreditar la experiencia, debemos tener en cuenta que el perito se define de la siguiente manera:  la persona especialmente cualificada en razón de sus conocimientos en materias que no son conocidas con tanta precisión, por las demás personas de su mismo nivel cultural y social.

Seguimos para mayor abundancia dejando una pequeña idea del intrusismo, que sin ánimo de extendernos, es aquella norma que protege un bien jurídico especialmente protegido o a proteger, como puede ser la vida,--nada más que la vida-- éste es el único y exclusivo bien que permite acusar a alguien de ejercer actos ilícitos, sin tener acreditación alguna sea de formación reglada o no reglada, cuestión que ciertos gremios caducos y sin sentido comunitario y del bien común utilizan de forma torticera para situarse en el mercado  conculcando los principios básicos de nuestra economía libre de mercado y nuestros derechos humanos constitucionales. Esto nos hace recordar lo que decía Ginés de los Rios –Escuela Ilista-- sobre las profesiones y profesionales: “Son todas iguales, tanto universitarias como profesionales o aprendidas con la experiencia”. Un mecánico es tan profesional como un médico o como cualquier otro profesional titulado.

Con los fondos de reconstrucción nacional que la UE nos va dotar por la epidemia del COVID-19, se abre otro reto de envergadura que se ciñe a que la UE, nos va a permitir librar fondos siempre y cuando cumplamos de una vez por todas con la normativa de la Unión Europea –no somos un país fiable-- que hace años ya debía ser aplicada en España. Ejemplo de ello va a ser el nuevo mapa de nuestros municipios, el cumplimiento real de las leyes ómnibus y paraguas, y los cambios en las profesiones y en los colegios profesionales, situación que trae de los nervios a gremios y direcciones de estas entidades que van a verse obligadas a situarse en otro terreno muy distinto del actual, y que tendrá que redundar en una buena gestión en beneficio de los colegiados que les pagan. Buena prueba de ello es la rapidez en firmar convenios para unirse con privilegios a los nuevos modos de ver el mundo y la sociedad.

Consideramos al Logopeda Jurídico como agente activo en el mundo del derecho, en la resolución de los casos judiciales, cuestiones que sin duda ocupan a éstos y a los juristas y a otros profesionales de estos ámbitos. La ley y el derecho afectan a todos, y más a los que se ocupan de la educación, de la salud y de las personas. Con estas claves es necesario destacar la Logopedia Jurídica, como una práctica sanitario-educativa que se desenvuelve en un ambiente institucionalizado, organizado, y sistematizado por las leyes y reglas que se visan regularmente  en trabajo y beneficio de la sociedad para la mejor contribución en la resolución de problemas legales y de la paz social.

Para terminar, señalar que el Logopeda actúa en todos las áreas o ámbitos de la sociedad, en contextos esenciales y diferentes y lo hace con planteamientos científicos desde la perspectiva Biopsicosocial y participa con gran acierto y responsabilidad, tomando como base siempre a las personas, la sociedad y los derechos humanos, con clara vocación de hacer una sociedad democrática y en libertad, apoyando los pilares básicos de cualquier estado de derecho: “La salud y la Educación”.

Para finalizar Ya, la Logopedia  Jurídica es un ámbito más del profesional de la Logopedia, --Legal, forense, mediación, victimología, testimonio, memoria, penitenciarías etc--, las próximas reformas que se lleven a cabo en el marco de la regulación profesional deben ir encaminadas a igualar a todas las profesiones y profesionales, cumplir con las resoluciones del Servicio Nacional del Mercado y de la Competencia y de la jurisprudencia Europea y nacional, poniendo fin a un montón de profesiones reguladas que en nada deben estar al no proteger un bien jurídico especialmente protegido como es la vida, ni entrar en los pilares del estado, como son la Salud y la Educación, salvo éstos ningunos.

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