La huelga general de funcionarios celebrada ayer contra el primer recorte de salarios públicos de la historia quedó muy lejos de paralizar el país. El seguimiento, obviando los servicios mínimos, basculó entre el 75% para los sindicatos convocantes y el 11% según el Gobierno. Fue la primera contestación que sufre el Ejecutivo de Zapatero y un primer paso de lo que puede llegar con la reforma laboral que abarate el despido.
El escaso seguimiento de la huelga de funcionarios debilita a los sindicatos. El escaso seguimiento de la huelga de funcionarios debilita a los sindicatos - PABLO MONGE
- Toxo y Méndez acusan al Gobierno de "maquillar" los datos y amenazan con una huelga general
Juande Portillo - Madrid - 09/06/2010
Todos los servicios públicos funcionan con absoluta normalidad". Esta afirmación, repetida por unos y por otros durante la huelga general de empleados públicos de ayer, fue la única en la que coincidieron sindicatos y Gobierno. A partir de ahí, los primeros lo achacaron a la profesionalidad de los trabajadores y a los amplios servicios mínimos aprobados. Por su parte, el Ejecutivo lo imputó al débil seguimiento de la huelga general convocada contra el primer recorte de salarios públicos de la democracia.
Las diferencias de valoración continuaron, como es habitual, en torno a las cifras de seguimiento. CC OO y UGT aseguraron que la convocatoria fue asumida por el 75,3% de los empleados públicos. La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, rebajó el dato hasta el 10,9% en la Administración Central del Estado. Por su parte, el sindicato de funcionarios CSI-CSIF mantuvo el seguimiento nacional en torno al 60%. En todos los casos, a los 2,6 millones de funcionarios se les restó el personal de los servicios mínimos. "El Gobierno siempre dice que son menos, porque para eso les pagan", argumentó el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Enrique Fossoul, quién aseveró que el paro fue "un éxito rotundo". Fuentes sindicales reconocieron, sin embargo, que sus cifras podían ser algo precipitadas, que el colectivo tiene poco músculo en las calles, y que muchos funcionarios no quisieron añadir un día más de salario a la pérdida media del 5%.
Fossoul, Julio Lacuerda, de UGT, y Domingo Fernández, de CSI-CSIF, se manifestaron por la mañana junto a dos millares de empleados públicos -en su mayoría miembros de alguno de los sindicatos- frente al Ministerio de Economía. "Es el que nos quita el dinero", matizaba Fossoul. Unos actos de protesta que se repitieron por todo el país frente a las delegaciones de Gobierno. Especial incidencia tuvo la de Barcelona, celebrada a las puertas del Palau de la Generalitat, sede del Ejecutivo catalán, donde acudieron entre 30.000 y 70.000 manifestantes.
Servicios mínimos
Aunque en todo momento el país estuvo lejos de quedar paralizado por la huelga, la incidencia de los paros fue mayor en la madrugada del martes. El propio Gobierno elevó al 16% el seguimiento detectado en los turnos nocturnos. Una cifra que rondaba el 80% en el recuento de las centrales.
La mayoría de los servicios de esta franja, destacaron desde CC OO, funcionaron sólo con los servicios mínimos. Una tónica que se repitió todo el día en Correos y entre el personal de prisiones, según las centrales. Eso sí, los servicios mínimos fueron "abusivamente altos" para lo que viene siendo habitual, según denunciaron. Durante la jornada, la Sanidad fue uno de los sectores con mayor respuesta al llamamiento sindical. El 65% del personal decidió no acudir a su puesto de trabajo. Aún superior, contabilizaban en Comisiones Obreras, fue la participación en la huelga registrada en Educación, que ascendió al 70%. Un porcentaje rebajado en primaria, donde rondó el 60%, que ascendía según el nivel formativo hasta el 90% de seguimiento en las universidades.
El efecto de la huelga se vio moderado, no obstante, por la práctica ausencia de paros en los transportes. El personal de muchos de éstos, al ser servicios gestionados mayoritariamente por empresas, no ha visto reducido su salario.
Los responsables sindicales de la función pública centraron las protestas en torno al recorte salarial medio del 5% que el Gobierno ha impuesto a los funcionarios tras pactar con ellos un incremento de sueldo del 0,3% para 2010. Pese a que ellos rechazaron esta lectura, muchos vivieron las concentraciones de ayer como un aviso previo de lo que puede ser la huelga general anunciada si la reforma laboral que se aprueba la próxima semana resulta "lesiva para los derechos de los trabajadores".
Este guante fue recogido por los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, Ignacio Fernández Toxo, de CC OO, y Cándido Méndez, de UGT. Éstos advirtieron ayer al Ejecutivo de las consecuencias de dejarse guiar por el capricho de los mercados y por las presiones de la Unión Europea. Ambos protagonizaron la principal protesta del día, que discurrió en la tarde de ayer por los escasos dos kilómetros que separan la madrileña fuente de Cibeles del Ministerio de Economía, situado junto a la Puerta del Sol. Toxo recriminó al Gobierno que haya "maquillado" el efecto de la huelga y que la calificara de tener un "alcance limitado". El líder sindical argumentó como muestra que las protestas de la tarde fueron "multitudinarias" -65.000 asistentes según CC OO- pese al "contexto hostil", en referencia al fuerte aguacero que cayó en Madrid y que obligó incluso a acelerar los discursos. Por eso invitó al Ejecutivo a "tomar muy buena nota" de la respuesta ciudadana, "ya que puede ser el principio de muchas cosas", dijo en cuanto a la posibilidad de convocar una huelga general. "Una reforma laboral impuesta provocará otro conflicto", secundó Méndez. El próximo paso, recordaron, será llevar el recorte salarial aplicado a los funcionarios públicos ante los Tribunales.
Mientras tanto el presidente de la CEOE recalco ayer que "el país no está para huelgas". Gerardo Díaz Ferrán, se reune hoy con Toxo, Méndez y Corbacho en el último intento tripartito por pactar la reforma laboral.
