Dopaje: Políticos con los ojos vendados
España ha sido el país europeo más permisivo con este cáncer. A los políticos nunca les interesó el deporte y cuando llegó la hora, se escondieron
AFP Jose maria garcia
España ha sido posiblemente el país de Europa más permisivo con este auténtico cáncer del deporte mundial: el «doping». España fue tan permisiva en este capítulo porque a nuestros políticos nunca les interesó el deporte. Nunca supieron lo que significó el deporte y su relevancia en nuestra sociedad. Todos ellos, tanto los políticos de la izquierda como los de la derecha, se pasaron por la entrepierna la utilidad del deporte.
Como nunca lo quisieron ayudar, solo lo han utilizado para servirse de él. Allí donde había un campeón español que ganaba algo, allí estaba el político de turno sacando la «jeta» y presumiendo.
Ahora decimos que estamos en la edad de oro de nuestros deportistas. Sí señor, vivimos en la edad de oro a pesar de nuestros políticos. En fútbol, la selección española se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica porque desde hace años los grandes clubes —el Barcelona, el Real Madrid y el Valencia— tiraron la casa por la ventana, ficharon muchos jugadores con un coste muy caro y se gastaron también auténticas millonadas en mantener sus respectivas canteras. En el mundo del baloncesto sucedió exactamente igual. Ganamos títulos gracias a la aportación de los fichajes de los clubes y a las buenas canteras que poseen los equipos españoles.
Ninguna de las grandes figuras recibió apoyos para llegar hasta donde han llegado
Si entramos en los capítulos individuales de nuestros campeones, pasa lo mismo. Que le pregunten a Rafa Nadal en qué le han ayudado para triunfar. En nada. Qué le pregunten a Fernando Alonso qué ha recibido, no ahora, sino antes, cuando más lo necesitaba. Nada. Ninguna de las grandes figuras recibió apoyos para llegar hasta donde han conseguido llegar. Todos han sido éxitos propios, individuales.
Hay muchos ejemplos del nulo conocimiento del deporte por parte de nuestros políticos. Por ejemplo, el ex presidente, José María Aznar, que ahora se dedica a cuidar el cuerpo y ha olvidado por completo la cabeza. Cuando José María Aznar era presidente del Gobierno tuvo cuatro secretarios de Estado para el Deporte en un mismo periodo olímpico.
En la actualidad, todo sigue igual. Nada ha cambiado. Continuamos todavía sin tener un Ministerio del Deporte. Cuando el presidente del Gobierno —José Luis Rodríguez Zapatero— manifestó en su día que iba a crear el Ministerio, le tocó reducir el número de ellos por culpa de la crisis y entonces se nombró a sí mismo ministro de Deportes. Hoy, con la grave situación económica que vivimos en el país, cuando nos van a tener que tirar una soga para sacarnos del pozo, ¿el señor Rodríguez Zapatero puede ocuparse del deporte?
Los políticos han tapado su total desconocimiento con los éxitos de las figuras
Otra prueba de este menosprecio constante de las autoridades es el caso que vivimos en estos momentos con Jaime Lissaveztky, el secretario de Estado actual, que ejerce casi como un ministro. Ahora ha sido designado por su partido —el PSOE— para luchar por la Alcaldía de Madrid. ¿Creen que esto puede ocurrir en un país civilizado?
¿Qué es lo que ha pasado durante todos estos años? Lo que ha sucedido es que los políticos han tapado su total desconocimiento con los éxitos de las figuras. Y cuando ha llegado la hora de la verdad, cuando han tenido que abordar el duro asunto del dopaje, todos se han puesto una venda en los ojos y se han puesto a rezar... Han rezado incluso los políticos agnósticos.
Hay otro ejemplo muy reciente de la realidad del dopaje. Pep Guardiola jugó quince temporadas en el fútbol español —en el Barcelona—, pasó una treintena de controles «antidoping» y el resultado fue siempre el mismo: inmaculado, perfecto. Sin embargo, Pep Guardiola se marchó después al fútbol italiano, llegó el primer control «antidoping» y dio positivo. Ese hecho dejaba en evidencia la permisividad que había en España.
El caso del presidente de la Federación Española de Atletismo, José María Odriozola, también es un fiel reflejo de lo que ha sucedido durante todos estos años en los que no se ha abordado el problema. José María Odriozola, que conoce de sobra a Eufemiano Fuentes y que sabe muy bien quiénes son los hermanos Pascua Piqueras, fue al principio un tremendo luchador contra el «doping». Era, en aquella primera etapa de su mandato, el primer dirigente español que peleó contra el dopaje. Hoy, al cabo de más de veinte años en la presidencia del atletismo español, mira para otro lado.
El escándalo del dopaje ha explotado en nuestro país desde el momento que alguno de los «cazados» por los controles ha querido tirar de la manta. En cuanto uno de los afectados ha hablado, el castillo de naipes se ha venido abajo. Y lo más indignante de todo es la cara de sorpresa que ponen, como si ellos nunca hubieran roto un plato. Los políticos, forzados por la gravedad de la situación, han reaccionado como hacen siempre, contra el reloj. Han actuado mal, tarde y absolutamente obligados, nada más.
Hay una verdad muy clara: el «doping» ha existido siempre y continuará existiendo. Si se crea una ley contra el dopaje, quienes elaboran esa ley saben que alguien va a intentar hacer la trampa. ¿Cómo se puede luchar contra esta lacra? Para atacarlo hay que tener un control absoluto y constante sobre los deportistas. Y mantener una persecución implacable.
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Libertad de mercado

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
Así, los profesionales pueden competir en el mercado. Sin embargo, el ordenamiento jurídico quiere que la lucha concurrencial no se realice de manera incorrecta sino que el ejercicio de la libertad de empresa sea correcto. Las conclusiones que se pueden extraer son que la manifestación de la libertad de empresa es la libertad concurrencial y sus límites vienen marcados por la lealtad. Para conseguir dicha corrección, el legislador español ha elaborado el Derecho de defensa de la competencia (o Derecho de la competencia) y el Derecho sobre la competencia desleal. Éste último se puede definir como el conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinación de los actos desleales y la represión de los mismos.
Por las funciones que desarrolla, el Derecho de la competencia desleal, pertenece, según los autores, a la llamada "Constitución económica", por esta expresión se alude a normas contenidas en leyes ordinarias que tienen función configuradora, y por lo tanto constitucional, de la economía de mercado.
En el ordenamiento español los actos tipificados se encuentran en la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal. El profesor Uría mantiene una clasificación de los actos atendiendo al interés jurídico protegido. Así, los engloba en tres grandes grupos:
Actos de deslealtad frente a los competidores.
Actos de deslealtad frente a los consumidores.
Actos de deslealtad frente al mercado
Características de la dictadura franquista
Las bases de la dictadura fueron entre otras el nacionalismo español, el catolicismo y el anticomunismo, que sirvieron de apoyo a un gobierno de dictadura militar autoritaria que se autoproclamó como "democracia orgánica" en oposición a la democracia parlamentaria.
A partir de las derrotas de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, el general Franco promulgo el Fuero de los Españoles (17 de julio de 1945) con ello, redujo la importancia de la Falange Tradicionalista y se concedió más importancia al componente católico.[6] A partir de entonces, la dictadura se va deshaciendo de su carácter pro-fascista, aunque sigue utilizando su simbología. La dictadura tuvo que buscar nuevas alianzas internacionales. En la década de los años 60 apareció una generación de políticos tecnócratas formados en el Opus Dei y se rompió el aislamiento internacional. La dictadura militar se caracterizó por:
Carencia de Constitución. Al rechazar el liberalismo se negó el sufragio universal. Los cargos políticos se ocupaban por designación, no por elección.
Inexistencia de partidos. Los partidos políticos estaban prohibidos al ser considerados estos por la dictadura como sembradores de divisiones.
Concentración del poder. Franco podía legislar por decreto. Hasta 1942 no existieron Cortes pero éstas aparecieron como un órgano que sólo se limitaba a respaldar las indicaciones del Jefe del Estado. Sin ninguna base democrática.[cita requerida]
Restricciones a las libertades de asociación y de reunión. Un grupo de más de 20 personas sólo podía reunirse si tenía un permiso del gobernador civil.
Absoluto control de la información. La prensa hubo de someterse a censura previa, hasta la ley de Prensa de 1966. Este control permitió una propaganda favorable a la dictadura.
Asignación del mantenimiento del orden a las fuerzas armadas, con lo que el ejército asumió las funciones de policía.
Sindicatos verticales. En teoría el régimen se nutría ideológicamente de la Falange, pero en la práctica lo que hizo fue adaptar el falangismo a sus propios intereses. La concepción falangista de unos sindicatos en los que estuvieran encuadrados patronos y obreros (eso significa verticales), para impedir la lucha de clases y resolver por arbitraje los conflictos sociales, se completó con la subordinación de los sindicatos al gobierno. El delegado nacional de sindicatos tuvo cargo de ministro. Las huelgas estaban prohibidas.
Cortes Españolas
Artículo principal: Ley Constitutiva de las Cortes
La Ley Constitutiva de las Cortes o simplemente Ley de Cortes de 17 de julio de 1942 fue promulgada durante la primera etapa del régimen franquista, a fin de dar una apariencia de parlamentarismo a la dictadura.
Establecía la formación de una asamblea unicameral de elección indirecta con teórica iniciativa legal, aunque ésta residía en la figura de Franco desde el momento de la promulgación de la Ley de agosto de 1939, que le atribuía la capacidad de dictar normas sin ningún tipo de condicionantes.