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Dopaje: Políticos con los ojos vendados

España ha sido el país europeo más permisivo con este cáncer. A los políticos nunca les interesó el deporte y cuando llegó la hora, se escondieron

AFP Jose maria garcia

Marta Domínguez

España ha sido posiblemente el país de Europa más permisivo con este auténtico cáncer del deporte mundial: el «doping». España fue tan permisiva en este capítulo porque a nuestros políticos nunca les interesó el deporte. Nunca supieron lo que significó el deporte y su relevancia en nuestra sociedad. Todos ellos, tanto los políticos de la izquierda como los de la derecha, se pasaron por la entrepierna la utilidad del deporte.

Como nunca lo quisieron ayudar, solo lo han utilizado para servirse de él. Allí donde había un campeón español que ganaba algo, allí estaba el político de turno sacando la «jeta» y presumiendo.

Ahora decimos que estamos en la edad de oro de nuestros deportistas. Sí señor, vivimos en la edad de oro a pesar de nuestros políticos. En fútbol, la selección española se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica porque desde hace años los grandes clubes —el Barcelona, el Real Madrid y el Valencia— tiraron la casa por la ventana, ficharon muchos jugadores con un coste muy caro y se gastaron también auténticas millonadas en mantener sus respectivas canteras. En el mundo del baloncesto sucedió exactamente igual. Ganamos títulos gracias a la aportación de los fichajes de los clubes y a las buenas canteras que poseen los equipos españoles.

Ninguna de las grandes figuras recibió apoyos para llegar hasta donde han llegado

Si entramos en los capítulos individuales de nuestros campeones, pasa lo mismo. Que le pregunten a Rafa Nadal en qué le han ayudado para triunfar. En nada. Qué le pregunten a Fernando Alonso qué ha recibido, no ahora, sino antes, cuando más lo necesitaba. Nada. Ninguna de las grandes figuras recibió apoyos para llegar hasta donde han conseguido llegar. Todos han sido éxitos propios, individuales.

Hay muchos ejemplos del nulo conocimiento del deporte por parte de nuestros políticos. Por ejemplo, el ex presidente, José María Aznar, que ahora se dedica a cuidar el cuerpo y ha olvidado por completo la cabeza. Cuando José María Aznar era presidente del Gobierno tuvo cuatro secretarios de Estado para el Deporte en un mismo periodo olímpico.

En la actualidad, todo sigue igual. Nada ha cambiado. Continuamos todavía sin tener un Ministerio del Deporte. Cuando el presidente del Gobierno —José Luis Rodríguez Zapatero— manifestó en su día que iba a crear el Ministerio, le tocó reducir el número de ellos por culpa de la crisis y entonces se nombró a sí mismo ministro de Deportes. Hoy, con la grave situación económica que vivimos en el país, cuando nos van a tener que tirar una soga para sacarnos del pozo, ¿el señor Rodríguez Zapatero puede ocuparse del deporte?

Los políticos han tapado su total desconocimiento con los éxitos de las figuras

Otra prueba de este menosprecio constante de las autoridades es el caso que vivimos en estos momentos con Jaime Lissaveztky, el secretario de Estado actual, que ejerce casi como un ministro. Ahora ha sido designado por su partido —el PSOE— para luchar por la Alcaldía de Madrid. ¿Creen que esto puede ocurrir en un país civilizado?

¿Qué es lo que ha pasado durante todos estos años? Lo que ha sucedido es que los políticos han tapado su total desconocimiento con los éxitos de las figuras. Y cuando ha llegado la hora de la verdad, cuando han tenido que abordar el duro asunto del dopaje, todos se han puesto una venda en los ojos y se han puesto a rezar... Han rezado incluso los políticos agnósticos.

Hay otro ejemplo muy reciente de la realidad del dopaje. Pep Guardiola jugó quince temporadas en el fútbol español —en el Barcelona—, pasó una treintena de controles «antidoping» y el resultado fue siempre el mismo: inmaculado, perfecto. Sin embargo, Pep Guardiola se marchó después al fútbol italiano, llegó el primer control «antidoping» y dio positivo. Ese hecho dejaba en evidencia la permisividad que había en España.

El caso del presidente de la Federación Española de Atletismo, José María Odriozola, también es un fiel reflejo de lo que ha sucedido durante todos estos años en los que no se ha abordado el problema. José María Odriozola, que conoce de sobra a Eufemiano Fuentes y que sabe muy bien quiénes son los hermanos Pascua Piqueras, fue al principio un tremendo luchador contra el «doping». Era, en aquella primera etapa de su mandato, el primer dirigente español que peleó contra el dopaje. Hoy, al cabo de más de veinte años en la presidencia del atletismo español, mira para otro lado.

El escándalo del dopaje ha explotado en nuestro país desde el momento que alguno de los «cazados» por los controles ha querido tirar de la manta. En cuanto uno de los afectados ha hablado, el castillo de naipes se ha venido abajo. Y lo más indignante de todo es la cara de sorpresa que ponen, como si ellos nunca hubieran roto un plato. Los políticos, forzados por la gravedad de la situación, han reaccionado como hacen siempre, contra el reloj. Han actuado mal, tarde y absolutamente obligados, nada más.

Hay una verdad muy clara: el «doping» ha existido siempre y continuará existiendo. Si se crea una ley contra el dopaje, quienes elaboran esa ley saben que alguien va a intentar hacer la trampa. ¿Cómo se puede luchar contra esta lacra? Para atacarlo hay que tener un control absoluto y constante sobre los deportistas. Y mantener una persecución implacable.

A esta no le bajan el 5% en Navidad.


De verdad ¿Este es el socialismo que votaron 11.000.000 de españoles?

Fernández de la Vega duplica su sueldo y blinda su jubilación La ex vicepresidenta pasa a cobrar 142.367 euros anuales. A cuatro años de retirarse se garantiza percibir más de diez veces la pensión mínima de por vida.

A partir de ahora De la Vega pasará de ingresar 73.486 euros brutos anuales a alcanzar los 142.367. Esta sustancial mejora en las retribuciones de la ex política es consecuencia de que durante dos años percibirá dos sueldos:

83.578 euros como miembro del Consejo de Estado y el 80% de su salario como vicepresidenta del Gobierno, como indemnización por haber cesado en el cargo (58.789 euros).

En términos comparativos
, la retirada de la política proporcionará a De la Vega 18 veces la pensión mínima, que es actualmente de 7.744 euros.

Prorrateando las pagas extraordinarias a 12 meses, la socialista ingresará 11.803 euros mensuales, mientras que quienes reciben la pensión mínima sólo
alcanzan los 645 euros.

Además, y de cara al futuro, la ex vicepresidenta ha conseguido, mediante su nuevo cargo en el Consejo de Estado, que su sueldo sea, para el resto de su vida, 10 veces superior al de quienes cobran la pensión mínima en España y más del doble de quienes cobran el máximo establecido por la ley.

De la Vega fue vicepresidenta del primer Ejecutivo de la historia de la democracia que ha bajado el sueldo a los funcionarios. Estas medidas económicas no sólo supusieron recortes salariales para los empleados de la
Administración, sino que también implicaron la congelación de las pensiones.

Libertad de mercado



Autor: Patricia Piñeiro Abogada y Periodista

España: Media ciudadanía pensando yo no puedo hacer nada en contra de las injusticias y unos pocos aprovechándose de los necios. Cierre de sedes políticas para que no existan elecciones primarias, Taxis, legislación de cargos de confianza políticos para obtener mayor "discrecionalidad", farmacias, gestorías, notarías, procura, Ley de acceso a la Abogacía...

"The Question Is:Franco is dead? It meets its successor "
La pugna por la conquista del mercado es parte esencial del pricipio de libertad de empresa, recogido, entre otras normas, en el artículo 38 de la Constitución Española de 1978:

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Así, los profesionales pueden competir en el mercado. Sin embargo, el ordenamiento jurídico quiere que la lucha concurrencial no se realice de manera incorrecta sino que el ejercicio de la libertad de empresa sea correcto. Las conclusiones que se pueden extraer son que la manifestación de la libertad de empresa es la libertad concurrencial y sus límites vienen marcados por la lealtad. Para conseguir dicha corrección, el legislador español ha elaborado el Derecho de defensa de la competencia (o Derecho de la competencia) y el Derecho sobre la competencia desleal. Éste último se puede definir como el conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinación de los actos desleales y la represión de los mismos.

Por las funciones que desarrolla, el Derecho de la competencia desleal, pertenece, según los autores, a la llamada "Constitución económica", por esta expresión se alude a normas contenidas en leyes ordinarias que tienen función configuradora, y por lo tanto constitucional, de la economía de mercado.

En el ordenamiento español los actos tipificados se encuentran en la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal. El profesor Uría mantiene una clasificación de los actos atendiendo al interés jurídico protegido. Así, los engloba en tres grandes grupos:

Actos de deslealtad frente a los competidores.
Actos de deslealtad frente a los consumidores.
Actos de deslealtad frente al mercado

Características de la dictadura franquista


Las bases de la dictadura fueron entre otras el nacionalismo español, el catolicismo y el anticomunismo, que sirvieron de apoyo a un gobierno de dictadura militar autoritaria que se autoproclamó como "democracia orgánica" en oposición a la democracia parlamentaria.

A partir de las derrotas de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, el general Franco promulgo el Fuero de los Españoles (17 de julio de 1945) con ello, redujo la importancia de la Falange Tradicionalista y se concedió más importancia al componente católico.[6] A partir de entonces, la dictadura se va deshaciendo de su carácter pro-fascista, aunque sigue utilizando su simbología. La dictadura tuvo que buscar nuevas alianzas internacionales. En la década de los años 60 apareció una generación de políticos tecnócratas formados en el Opus Dei y se rompió el aislamiento internacional. La dictadura militar se caracterizó por:

Carencia de Constitución. Al rechazar el liberalismo se negó el sufragio universal. Los cargos políticos se ocupaban por designación, no por elección.
Inexistencia de partidos. Los partidos políticos estaban prohibidos al ser considerados estos por la dictadura como sembradores de divisiones.
Concentración del poder. Franco podía legislar por decreto. Hasta 1942 no existieron Cortes pero éstas aparecieron como un órgano que sólo se limitaba a respaldar las indicaciones del Jefe del Estado. Sin ninguna base democrática.[cita requerida]
Restricciones a las libertades de asociación y de reunión. Un grupo de más de 20 personas sólo podía reunirse si tenía un permiso del gobernador civil.
Absoluto control de la información. La prensa hubo de someterse a censura previa, hasta la ley de Prensa de 1966. Este control permitió una propaganda favorable a la dictadura.
Asignación del mantenimiento del orden a las fuerzas armadas, con lo que el ejército asumió las funciones de policía.
Sindicatos verticales. En teoría el régimen se nutría ideológicamente de la Falange, pero en la práctica lo que hizo fue adaptar el falangismo a sus propios intereses. La concepción falangista de unos sindicatos en los que estuvieran encuadrados patronos y obreros (eso significa verticales), para impedir la lucha de clases y resolver por arbitraje los conflictos sociales, se completó con la subordinación de los sindicatos al gobierno. El delegado nacional de sindicatos tuvo cargo de ministro. Las huelgas estaban prohibidas.
Cortes Españolas
Artículo principal: Ley Constitutiva de las Cortes
La Ley Constitutiva de las Cortes o simplemente Ley de Cortes de 17 de julio de 1942 fue promulgada durante la primera etapa del régimen franquista, a fin de dar una apariencia de parlamentarismo a la dictadura.

Establecía la formación de una asamblea unicameral de elección indirecta con teórica iniciativa legal, aunque ésta residía en la figura de Franco desde el momento de la promulgación de la Ley de agosto de 1939, que le atribuía la capacidad de dictar normas sin ningún tipo de condicionantes.

Un millar de pequeños traficantes de drogas, candidatos a la excarcelación


El jueves entra en vigor la reforma del Código Penal que beneficia a los «muleros» y a los «manteros»

CRUZ MORCILLO/PABLO MUÑOZ

Asi un millar de presos condenados por tráfico de drogas pueden quedar en libertad a partir del próximo jueves, al beneficiarse de la reforma del Código Penal que entra en vigor ese día y que rebaja la pena del artículo 368 en tres años de prisión. Hasta ahora ese delito se castigaba con entre tres y nueve años de cárcel; desde esta semana el máximo son seis años. La mayoría de los que se beneficiarán de la nueva norma son extranjeros, las llamadas «mulas» o «boleros», que utilizan las organizaciones de narcos para enviar droga a España en el cuerpo o en el equipaje de esas personas, a cambio de una cantidad de dinero.

La reforma en este caso está encaminada a diferenciar a esos «muleros» de los grandes capos de la droga (que podrán ser condenados hasta a doce años) porque a lo largo del tiempo se ha detectado la paradoja de que, con frecuencia, los primeros cumplían más pena que los segundos. ¿Cuál es la explicación? Las personas que se prestan a esa modalidad de tráfico de estupefacientes llegan a España por primera vez, desde países como Colombia, Venezuela o la República Dominicana, entre otros; son detenidos en el mismo aeropuerto y desde ahí ingresan en prisión. La pena: nueve años. Al no tener arraigo ni familia lo habitual es que cumplan la condena entera, sin permisos y sin posibilidad de pasar a tercer grado porque no tienen donde ir. Los grandes jefes, por el contrario, suelen contar con una vida más asentada en nuestro país y sí disfrutan de salidas.

La reforma afecta a los penados por este artículo siempre y cuando ese sea el delito principal y no cuenten con agravantes (de entrada quedan excluidos todos aquellos que pertenenezcan a una organización). Los sindicatos de prisiones han cifrado que se pueden beneficiar en torno al cinco por ciento de los reos, pero este dato baja al uno por ciento, si se tienen en cuenta los condicionantes mencionados. Total, entre 700 y 1.000 candidatos.

La excarcelación no es automática, sino que cada centro penitenciario ha enviado un listado con los nombres de quienes cumplen condena en esa prisión por el citado delito. A partir de ahí, cada juez de lo Penal revisa caso por caso y decide si el preso debe salir o no teniendo en cuenta el principio de que, ante la duda, siempre se aplica la sanción más favorable al reo.

Instituciones Penitenciarias ya ha comenzado las gestiones con la Policía para que aquellos presos que queden en libertad —la mayoría son extranjeros—y se encuentren en situación irregular sean expulsados a sus países de origen. El ahorro, aunque no fue el objetivo de esta reforma, es otro factor colateral, al menos en lo que sé.

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