José Blanco sale al rescate de las constructoras ‘pilladas’ con el peaje.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a Elena Salgado, y José Blanco (Efe).
Cambio de foco pero mismo objetivo. Con varios años de retraso el Gobierno ha desistido del modelo productivo vía ladrillo (como insistía en la Ley de Economía Sostenible) y va a tratar de echar una mano al sector de la construcción (que antes de la crisis empleaba a más de 10% de la población activa y suponía el 12% del PIB) a través de un área de negocio sobre el que las grandes empresas españolas hace tiempo pusieron su mirada: las concesiones.
Previendo que el boom inmobiliario tenía fecha de caducidad, las promotoras colocaron algunos de sus huevos en la cesta de la construcción de autopistas, único segmento que, aun representando todavía poco en términos de balance (en ACS, por ejemplo, apenas supone un 2% del ebitda), es el único motivo de alegría para un sector seriamente castigado por la crisis. Alegría que proviene, fundamentalmente, del exterior, porque las inversiones españolas les están suponiendo un serio dolor de cabeza.
Por eso no es casualidad que, hace ahora dos años, fuera el consorcio formado por Abertis, Citigroup y Criteria quien lograra adjudicarse la gestión de la Pennsylvania Turnpike, la mayor autopista de Estados Unidos, por 8.300 millones de euros (aunque después ACS y La Caixa, máximas responsables, desistieron de seguir adelante con el proyecto). O que unas semanas después, la constructora presidida por Florentino Pérez se impusiera a Ferrovial para hacerse (junto a su socio local Zachry) con el Trans Texas Corridor, el proyecto americano para conectar el noreste de Texas con la frontera mexicana. ACS estimaba entonces que durante los primeros siete años acometerán inversiones por valor de 5.000 millones de dólares. Chile y Australia son también mercados con una fuerte presencia española.
Pero las inversiones nacionales son otro cantar. Los mayores promotores privados del país tienen los dedos pillados como consecuencia de la difícil situación financiera por la que atraviesan las autopistas de peajes (las radiales de Madrid, la vía que une la capital con Toledo o la carreta entre Cartagena y Vera son algunos ejemplos) a causa de la reducción de los ingresos (no son una alternativa para los conductores) y de las dificultades para hacer frente a la deuda. Tanto es así que fuentes del sector aseguran que “hace tiempo que planea la sombra de las fusiones, e incluso del rescate del Gobierno” sobre ellas.
El Estado pagará la fiesta
No es de extrañar por tanto que, para obtener el beneplácito de la construcción, Blanco haya pactado con los promotores una forma de financiación muy ventajosa: sólo se les exige entre el 15 y el 20% de recursos propios y, sobre todo, se les garantiza un retorno en forma de canon anual a abonar por el Estado durante los próximos 30 años. Fuentes del sector aseguran que “de otra forma, los bancos no hubieran aceptado. No hubieran pasado por la fórmula del peaje”. Así, todos acudieron (ACS, Acciona, FCC, OHL, Sacyr, Ferrovial…) el pasado miércoles a arropar la iniciativa del presidente el Gobierno y a felicitarle (“Es el esfuerzo público más importante hasta la fecha”, “Chapeau, estamos encantado”) por ella.
Desde las filas de la oposición se ve de otra manera. Andrés Ayala, portavoz de Fomento del PP en el Congreso, ha asegurado a El Confidencial que se trata de un brindis al sol del que “se desconoce qué obras exactamente son las que se pretenden acometer”. Ayala lamenta también la intención del Ejecutivo de “diferir el pago a quien gobierne en la próxima legislatura, y que vuelva a usar el ICO (principal fuente de financiación, junto con el BEI) para endeudar al Estado”. En este mismo sentido se ha pronunciado otra fuente que prefiere mantener el anonimato: “Todos estamos esperando a que se hagan las rayitas en el mapa. Parece que la idea es sacar proyectos que estaban en el cajón y que se pueden hacer rápido”.
El plan amortiguará la caída de la Inversión
Los efectos del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) están por ver, aunque Nuria Álvarez, analista de Renta4, duda que la obra civil vaya a absorber la mano de obra destruida por el sector de la construcción. “En ese caso la inversión del Estado tendría que ser muchísimo mayor”.
Todo parece indicar que, más que un impulso económico, el último plan de Fomento servirá para mitigar las consecuencias de la caída de la inversión pública.
Un informe interno de un banco español al que ha tenido acceso este diario estimaba ayer que con el PEI la caída de la inversión pública directa para el periodo 2010-2013 sería del 5%, en lugar del 9% previsto en un principio. En términos de PIB, las pérdidas estimas en ausencia del plan de infraestructuras habrían sido del 4,8%. Con él, según la entidad, será tan sólo del 2,9%.
A pesar de la diversificación acometida en los últimos años, el descenso de las licitaciones y la caída de la demanda de vivienda ha castigado a las empresas más expuestas, como FCC, para quien la construcción representa el 33% de su beneficio bruto operativo. A ella le siguen Sacyr, con el 30%; ACS, con el 20%, y OHL, con el 15%. La apuesta, aunque sea tardía, del Gobierno por las concesiones compensará semejante sobreexposición.
