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Nueva norma que regula las horas de descanso

Los controladores amenazan con la huelga como respuesta al Gobierno

  • AENA advierte que el paro no estaría justificado
ELMUNDO.es | Servimedia

Madrid.- Los controladores han convocado a su Asamblea Nacional para decidir si convocan paros. Todavía no hay fechas concretas.

El Comité Ejecutivo de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha decidido reunir a la Asamblea Nacional de la organización para debatir y votar la convocatoria de huelga como respuesta al Real Decreto sobre jornadas y descanso de los miembros del colectivo que aprobó ayer el Consejo de Ministros.

Para el Comité Ejecutivo del sindicato, esta norma "es una provocación y tiene como único objetivo dinamitar las negociaciones en curso", indicaron en un comunicado. El presidente de USCA, Camilo Cela, subrayó que "todo lo que se ha vivido estos días no ha sido más que una farsa" y considera que las palabras sobre la negociación del ministro de Fomento, José Blanco, "no eran más que una de sus piruetas demagógicas y propagandísticas a las que está tan acostumbrado". "No le ha importado echar por tierra la dignidad de personas, interpretar la realidad de un colectivo de forma grosera y, por último, esclavizar a un grupo de trabajadores con tal de tapar la nefasta gestión de una empresa pública y no asumir, como le corresponde, las responsabilidades que se le suponen", afirmó el presidente de USCA.

Además, Cela apuntó que "han jugado con la seguridad, han ocasionado gastos a las compañías aéreas y, por supuesto, no le ha importado poner en grave peligro uno de los sectores clave de la economía española".

AENa responde

AENA ya ha replicado al sindicato de controladores advirtiendo que una huelga no estaría justificada, puesto que se está avanzando en la negociación del convenio. Fuentes de AENA explican que la oferta que la empresa ha presentado "garantiza sus condiciones salariales actuales (superiores a la media europea) y asegura unas condiciones laborales equiparables a las del resto de controladores europeos". Los controladores sin embargo justifican la decisión como "la única posible para salvar la dignidad de las personas que forman el colectivo". Para el Comité Ejecutivo, la convocatoria de huelga, si es que la Asamblea Nacional la aprueba, "no hace más que acabar con otro de los mitos del colectivo a la que se le ha acusado de hacer huelgas encubiertas en las últimas semanas". "Como hemos repetido hasta la saciedad, las bajas han sido provocadas por la aplicación abusiva del real decreto de 5 de febrero y la ley de 15 de abril", dijo el secretario de Comunicación del sindicato, César Cabo. "El lunes pediremos oficialmente a la empresa el informe detallado en las que se basan las incompletas declaraciones del Ministerio de Trabajo sobre las labores de inspección de la Seguridad Social y que ha servido para demonizar, una vez más" a los controladores, subrayó Cabo.

El secretario de Comunicación de USCA, agregó el colectivo, "ha cumplido durante estos últimos meses, a pesar de la situación a la que estamos siendo sometidos, de forma escrupulosa y eficiente con su trabajo para tratar los altos niveles de seguridad del sector aeronáutico español".

Para terminar, aseguró que "dimos un ejemplo después de recibir el tremendo decretazo de febrero; dimos un ejemplo cuando se puso en duda nuestra profesionalidad al abordar la Semana Santa y hemos dado un ejemplo intentado negociar cuando la otra parte nos ha sometido a continuas provocaciones".

Regulación de las horas de descanso

El último Consejo de Ministros de julio aprobó, mediante un Real Decreto, el Reglamento que establece las normas de seguridad aeronáutica en relación con los tiempos de actividad y los requisitos de descanso -30 minutos cada 2 horas de actividad operativa- de los controladores civiles de tránsito aéreo.

Los controladores deberán descansar 30 minutos cada 2 horas de actividad operativa; 12 horas entre turnos; entre 48 y 60 horas semanales; y al menos 184 horas al mes divididas en un mínimo de tres periodos.

El límite a la actividad semanal se fija en 50 horas, y se especifica que no podrán realizarse más de 6 periodos de actividad consecutivos, con independencia de la duración de cada periodo, y el límite mensual de actividad operacional serán 200 horas.

Carlos Aymerich
Carlos Aymerich. Portavoz parla...
31-07-2010 00:30

Austeridade e responsabilidade

Falabamos a semana pasada acerca da particular idea que Núñez Feijóo e o seu goberno teñen da ética a conto do seu famoso “compromiso ético coa austeridade”. Como era de agardar, o goberno español rexeitou a súa pretensión de adiar a devolución dos anticipos recebidos pola Xunta a conta da liquidación dos exercicios de 2008 e 2009 e, sen demora, o presidente galego acusou a Zapatero de estar a executar un “recorte social encuberto”. Falso. Os recortes sociais de Zapatero, ditados polo FMI e partillados polo PP non son encubertos: aplícanse abertamente sexa no ámbito laboral, no das pensións ou na suba dos impostos indirectos. E falso tamén, noutro sentido, porque como xa sabemos Núñez Feijoo non agardou por ninguén, e menos que por ninguén polo goberno español: de facto é un adiantado na eliminación e privatización de servizos e prestacións, sempre á procura de excusas coas que xustificar o enésimo recorte.

E esta política de austeridade, que non impide gastar catro millóns de euros nunha visita papal de catro horas, non recoñece barreiras. No seu nome péchanse os hospitais no verán, dánselle bocadillos aos alumnos nos comedores escolares e, desde o pasado mércores, ábrense ao marisqueo zonas nas que se segue a verter a cachón e sen control ningún augas fecais e residuos de todo tipo. No peculiar sistema de valores do PP de Feijóo pesa máis a austeridade –aforrar as compensacións aos mariscadores afectados – que a seguranza, alimentar, e a protección do medio ambiente. Así acontece, por exemplo, na moi contaminada Ría do Burgo, na que a Consellería de Pesca vén de abrir ao marisqueo, clasificada como zona B “estábel”, a zona comprendida entre a ponte da Pasaxe e a barra de Santa Cristina mesmo a pesar da evidencia, comprobábel a simple vista, de que a zona segue sen sanear. Se para isto hai que forzar a normativa comunitaria tomando as mostras á altura da rampla das Xubias, fóra da zona afectada, tanto ten. Se na operación se pon en cuestión o prestixio internacional dunha institución como o Intecmar, tanto ten. Tampouco interesa se se pón en risco a imaxe de marca do marisco de Galiza ou a saúde dos consumidores. O único que importa é aforrar o escaso millón de euros que, anualmente, viñan percibindo os afectados.

O pasado xoves o patrón maior da Confraría da Coruña convidou a unha mariscada a conselleira de Pesca. “Apañamos unas ameixas da ría do Burgo, depurámolas e comémolas. Aínda que seguramente eu comerei outra cousa”. Onte, venres, e sen contestar a tan amábel convite, a conselleira arremeteu contra o BNG acusando de irresponsábeis aos que denunciamos o lamentábel estado da zona que se vén de abrir ao marisqueo. Contodo, quen son os irresponsábeis?, os que denunciamos que a ría do Burgo segue sen sanear ou os que, sen eliminar nin un só dos moitos puntos de vertido que a contaminan e en nome dunha mal entendida austeridade declaran que as súas augas son aptas para o marisqueo? Alá cadaquén coa súa responsabilidade.

Un decreto de la Xunta podría llevar Medicina a A Coruña y Vigo este curso.

La Administración prepara unha norma para regular la situación y evitar contenciosos con la Universidad de Santiago.

CRISTINA DÍAZ PARDO Xornal diario

Non entendes unha palabra? Faille dobre clic 0 Comentarios 4 voto/s Vota Santiago nunca estuvo de acuerdo en segregar la titulación en Galicia
A Coruña e Vigo poderían lograr a carreira de Medicina Desde hace ya tiempo, A Coruña especialmente y también Vigo han peleado para conseguir tener dentro de sus campus universitarios la titulación de Medicina. La oposición desde la Universidad de Santiago de Compostela siempre fue rotunda y abortó cualquier tipo de posibilidad. Sin embargo, en este momento, diversas fuentes consultadas por Xornal de Galicia aseguran que sería muy posible que ambas universidades –la coruñesa y la viguesa– comenzasen a impartir clases teóricas correspondientes al segundo ciclo de la carrera a partir del próximo septiembre. Según las mismas fuentes, la Xunta de Galicia estaría dispuesta a propiciar este hecho, aunque para ello debería articular un decreto que abriría la mano a esta posibilidad.

Todo lo que tiene que ver con la segregación de la carrera de Medicina en la comunidad ha despertado siempre especial polémica. Actualmente las clases teóricas de esta carrera, que consta de seis años, se llevan a cabo en Santiago, aunque las clases prácticas en hospitales se realizan no solo en el Hospital Clínico de Compostela, sino también en los complejos hospitalarios universitarios de A Coruña y de Vigo (el Chuac y el Chuvi). Ambos centros sanitarios están conveniados a su vez con las dos universidades de las respectivas ciudades.

Aunque desde la Consellería de Educación y desde la de Sanidad siempre se desechó la posibilidad de que en Galicia hubiese más de una facultad de Medicina, lo cierto es que diversos motivos, casi operativos, dejan entrever ahora la posibilidad de que A Coruña y Vigo no solo puedan dar clases teóricas en centros hospitalarios sino también las prácticas del segundo ciclo, correspondientes a los cursos cuarto, quinto y sexto. Este mismo año, unos 80 estudiantes del segundo ciclo de la carrera realizaron prácticas en el Chuac, un número bastante elevado que subirá hasta los 120 en el próximo curso. Según fuentes hospitalarias, “esta circunstancia, unida a que en el segundo ciclo de la titulación el número de horas dedicadas a clases prácticas es muy elevado hace que los alumnos tengan que estar estudiando casi en dos ciudades a la vez”. Además, da la casualidad de que la aplicación del nuevo grado de estudios universitarios, el llamado Plan Bolonia, prima en gran medida las clases prácticas, que se verán incrementadas de una forma considerable en todas las titulaciones.



MÉDICOS DISPUESTOS

La posibilidad de que los campus universitarios de A Coruña y Vigo acogiesen clases teóricas de segundo ciclo de la carrera de Medicina no solo es algo que, en teoría, beneficiaría a los alumnos que hacen prácticas fuera de Santiago, sino que también sería algo muy positivo para los profesionales médicos que en estos momentos imparten las prácticas en los centros hospitalarios, que darían el salto al mundo de la enseñanza. “Los médicos de alto nivel podrían convertirse también en eminencias en el campo académico, algo que hasta ahora no podían hacer si no era con la USC”, comentan.

Aunque por el momento nada de esto es oficial, lo cierto es que las fuentes consultadas por este medio ven muy avanzado el estado de los contactos entre la Xunta y las universidades de A Coruña y Vigo. De hecho, en el campus coruñés se estaría especulando con la posibilidad de que fuese la facultad de Ciencias de la Salud, la que acogiera a los alumnos de segundo ciclo de Medicina. Esta titulación está situada en el campus de Elviña, muy cerca del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

La hipótesis que estos días se barajan no es nada nuevo. De hecho, ya en el pasado se llegó a un acercamiento entre la Xunta de Galicia y las universidades de A Coruña y de Vigo para poner en marcha este sistema, sin embargo, las presiones desde Santiago de Compostela, unidas al aviso de que se interpondría un contencioso si el proyecto iba adelante, hicieron morir la idea.

En estos momentos, y según las mismas fuentes consultadas por Xornal, el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, estaría abierto a valorar la nueva situación de la carrera de Medicina ya que el proyecto contaría con el apoyo de la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, quien esta misma semana ya habría estado ultimando contactos con representantes universitarios.

Después de todas las polémicas vividas este mismo año y de los intentos por parte de A Coruña y Vigo para conseguir que la carrera de Medicina no se imparta unicamente en Santiago dentro de la comunidad, la posibilidad de dar clases teóricas viene casi por la puerta de atrás. La situación que se plantea hace que ambas universidades vean “una fruta madura” casi al alcance, explican fuentes hospitalarias.

Esas mismas voces aseguran que si, finalmente, desde la Xunta, y concretamente desde Educación y Sanidade, se da el paso adelante, las universidades serían capaces de asumir la encomienda este mismo curso. “Si quieren, en la universidad nos da tiempo a todo”, advirtieron

AGROMÁN-FERROVIAL, CONSTRUCTORA PIRENAICA SA COPISA, CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.

Rafael del Barco Carreras

31-07-10. Buena semana la pasada para atar cabos del “oasis catalán” convertido en cloaca. Añadiendo a “Barcelona, 30 años de corrupción”, si COPISA aparece denunciada el lunes 26 junto con los componentes de la extraña Fundació Catalunya i Territori (mi escrito del 28-07), en El Confidencial nos cuentan que entre los papeles de Félix Millet se encuentra una carta dirigida el 8 de septiembre de 1999 a Carles Torrent, entonces responsable de finanzas de CDC:

“El motivo de estas líneas es solicitar tu ayuda para que se adjudique alguna obra a Agromán (Ferrovial), ya que estamos muy retrasados y comienzo a tener problemas”, inicia la epístola Millet. En realidad, en esta carta hace referencia a la construcción de una depuradora de aguas residuales en la localidad gerundense de L’Escala que nunca se otorgó a dicha compañía. Este modo de proceder es similar al de los implicados en el caso Pretoria, que amañaban los concursos públicos para adjudicar obras a las empresas que les interesaban, como Proinosa o Limasa”.

En cuanto a Ferrovial la Oficina Antifraude dictaminará “soborno pasivo impropio” citando además los abusivos sueldos de Félix Millet, Jordi Montull o Rosa Garicano, esposa de Javier Ribó, el hombre en Cataluña de Ferrovial. Como decía, definir como “soborno y sueldos” los delitos descritos es impropio, son más graves y extensos. Y que todos gocen de vacaciones en sus magníficas fincas también forma parte de la Gran Corrupción.

El profundo conocedor de las obras públicas Millet utiliza el nombre AGROMÁN y no Ferrovial con la que se fusionó por entonces. Y digo fusionado, porque esas compraventas entre grandes constructoras y bancos nunca se sabe si son una real compraventa o un traslado de créditos y activos valorados según conveniencia. Banesto ya del Grupo Banco de Santander tras el fiasco Mario Conde vende su constructora Agromán a Ferrovial (Ferrovial-Agromán), y Ferrovial venderá a precios Burbuja su sección inmobiliaria en marzo del 2007 a Habitat Inmobiliaria, otra de las “quiebras técnicas” que no pagará jamás a los bancos esa operación de unos miles de millones de euros. Colonial, Reyal Urbis y Metrovacesa renegocian hasta 17.000 millones de euros de deuda, según Expansión 8-1-2010.

Lo anterior y siguiente son pequeñas muestras. Los cuatro grandes jugadores del Monopoly nacional, que si hace 37 años Constructora Pirenaica SA COPISA, entonces FECSA-Banco Central construían unas naves en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona que aparecieron en su balance por DIEZ VECES su valor, otras de sus naves, valoradas por igual, las construyó la AGROMÁN de Banesto. Banesto-Banco Garriga Nogués-Javier de la Rosa y en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona el padre Antonio de la Rosa. Ver en imágenes www.lagrancorrupcion.blogspot.com valoración naves. Valoraciones que los técnicos inmobiliarios Narcís Serra y Pascual Maragall dieron por buenas y hasta publicaron en una justificación del destino de los 10.000 millones de pesetas desaparecidos.

Nos resta por saber en los actuales casos Pretoria, Hacienda, Palau de la Música, quien decide no solo el 4% de reparto a los políticos sino el precio de las obras u opas, y quizá en las cúpulas de esos cuatro o cinco grupos encontraremos quien amañaba esos precios burbuja en que las viviendas, cuantas más sobraban en el mercado, más valían. Y si el reparto en negro a políticos o partidos abarca varios delitos, amañar el precio de las cosas, y por ende las cuentas de resultados y balances, entra también en el Código Penal, y si ese delito ha conducido a la quiebra del País debería aparecer por los juzgados, y así pondríamos nombre y cara a los reales autores del estropicio español.

Continuará…

Han utilizado ya la mitad de los 5.000 millones previstos

Los municipios emplean un 15% del fondo local en gasto social

Los ayuntamientos están invirtiendo un 14,7% del presupuesto del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local en gasto corriente. Hay 737 millones de euros de los 5.000 totales que se usan para mantener las prestaciones sociales y para pagar la nóminas de los funcionarios.

Macarena Uceda - Madrid - 30/07/2010

El Ministerio de Política Territorial presentó ayer los resultados del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local para el primer semestre del año. El presupuesto fijado por el Gobierno para esta iniciativa es de 5.000 millones de euros que se adjudicaron según el número de habitantes que tenía cada municipio. De éstos, ya han sido transferidos 2.569,2 millones de euros divididos en proyectos de inversión (85,2% del total) y de gasto social (14,7%).

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, se refirió a la polémica que suscitó la repartición inicial de los fondos, en la que los Ayuntamientos consideraron insuficiente el 20% que se podía destinar a gasto corriente. Efectivamente, éstos sostuvieron excesivo que el 80% del presupuesto se destinara a inversión. Sin embargo, Chaves aclaró que "no se ha apurado el presupuesto de gasto corriente".

El 81% de los 30.563 proyectos del fondo, previstos para 2010, se encuentran en ejecución o van a iniciarse antes de un mes, tras aprobarse su adjudicación. Chaves considera que "la valoración del grado de ejecución del fondo en el primer semestre es positiva ya que cumple son las previsiones marcadas". Hasta el momento, las inversiones han conseguido crear o mantener 210.963 empleos durante estos seis meses.

Los proyectos que ejecutarán los ayuntamientos españoles durante este año se dirigirán principalmente a la sostenibilidad social (40,8% del total del presupuesto) con actuaciones para la mejora o construcción de centros sociales, culturales o deportivos, entre otros. Otra parte importante de las iniciativas se destinarán a la sostenibilidad económica (39,3% del total) para fomentar, entre otros aspectos, la innovación o las TIC. Finalmente, se incentivará la sostenibilidad medioambiental (19,8% del total) con acciones como la conservación del patrimonio.

El vicepresidente tercero del Gobierno, recordó que "para el año 2011 no se tiene previsto repetir la iniciativa del fondo".

El Gobierno aprueba este viernes la Ley del Servicio Postal Universal

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes el proyecto de Ley del Servicio Postal Universal, texto que 'encarga' a Correos la prestación de este servicio de interés público, informaron a Europa Press en fuentes de La Moncloa.

En concreto, el servicio postal universal incluye la gestión de los envíos de cartas, tarjetas postales y paquetes de hasta 10 kilos de peso, tanto ordinarios como certificados.

La ley encomienda a Correos esta tarea para garantizar un servicio postal de calidad, que llegue a todos los puntos y a todos los ciudadanos del territorio del Estado, con precios asequibles y en condiciones de permanencia y no discriminación.

El texto legal contempla además la articulación de un sistema de financiación que garantice al operador postal público la suficiencia de recursos para hacer frente a los costes que le supondrá la prestación de este servicio.

Este fondo de financiación se nutrirá con la contribución de todos los operadores con presencia en el mercado postal y con aportaciones del Estado.

El proyecto de ley regula así todos los aspectos, ya sean materiales como de principios, a los que debe atenderse la prestación del servicio universal por parte de Correos.

La norma pone fin la área de negocio postal que hasta ahora tenía reservada Correos, para crear un mercado de libre competencia y más abierto, "sin que por ello se ponga en riesgo su viabilidad financiera", dado el "sólido sistema de financiación alternativo" que incluye, según indicó el Ministerio de Fomento cuando presentó el anteproyecto de la ley.

El otro gran pilar del anteproyecto de ley visto hoy en el Consejo de Ministros lo constituye la regulación de los derechos de los usuarios de los servicios postales.

Con todo, con la nueva ley, además de transponer la legislación europea, el Gobierno busca garantizar un servicio postal de calidad, los derechos de los usuarios del mismo y articular un mercado postal en libre concurrencia con reglas de funcionamiento seguras y transparentes.

Os Acordos polo Desenvolvemento Económico e Social «son o comezo» e céntranse «nas persoas e no emprego»

Os primeiros acordos do diálogo social en Galicia céntranse no impulso das políticas de emprego, na reactivación económica, no I+D+i, na mellora do financiamento das empresas e na protección social

30-07-2010.- O Sindicato Nacional de CC OO, UGT-Galicia, a CEG e a Xunta asinaron esta mañá os Acordos polo Desenvolvemento Económico e Social, os primeiros do actual proceso de concertación social no noso país. Entre os obxectivos principais destacan o impulso ás políticas de emprego, as medidas para a reactivación económica, a importancia do I+D+i para o cambio de modelo produtivo, a mellora das liñas de financiamento das empresas e a protección social.

Para CC OO, o problema máis importante que hoxe ten a sociedade «é o desemprego», xa que actualmente hai 219.000 persoas desempregadas, 90.000 traballadores e traballadoras que teñen esgotadas as prestacións económicas, máis de 35.000 familias que teñen a todos os seus membros en paro e máis de 50.000 persoas que levan máis dun ano sen atoparen emprego.

«Esta é a realidade sobre a que temos que actuar», asegurou Xosé Manuel Sánchez Aguión, secretario xeral do Sindicato Nacional de CC OO. Xa que logo, estes acordos «son un paso urxente e importante», pero en calquera caso un primeiro paso porque «o proceso de diálogo e concertación non rematou». Desta maneira, as diferentes mesas continuarán a traballar «para producir acordos que reforcen ou amplíen o ata aquí desenvolvido».

O dirixente sindical lembrou, ademais, que aínda quedan por desenvolver e concretar acordos en temas «moi importantes», como as políticas industriais, o desenvolvemento territorial de Galicia, o desenvolvemento e aseguranza das políticas sociais ou a mellora e mantemento dos servizos públicos.

Segundo Sánchez Aguión, estes acordos e os que xurdiren «deberán estar clara e nitidamente reflectidos nos orzamentos da Xunta para o ano 2011», que se han centrar «nas persoas e no emprego». O sindicalista fixo tamén unha advertencia clara: os acordos, despois de ser negociados, consensuados e concertados, «son de obrigado cumprimento», e desde CC OO estarán «especialmente activos e atentos» a través dos mecanismos de seguimento e de avaliación acordados.

Autor Martín Palacín. O xornal de Galicia

En la leprosería de San Simón, por ejemplo, o en aquella ­isla maldita de Molokai, que veíamos en el imaginario cinematográfico. El gobierno se está quedando, de manera reiterada, aislado por el mar de la crisis, en esa isla de la abstención de los restantes partidos. Es el sino de la famosa geometría asimétrica que en épocas de desolación no da para más. La soledad de gobernar en medio de la abstención, teniendo que ceder cada vez más y más de sus principios y convicciones. Tanto, que está corriendo el riesgo de perder sus propias convicciones.

La reforma laboral es el último amargo capítulo de esta saga desgraciada. Amargo no por la soledad del gobernante, ni por la lamentable situación de que te dejan gobernar al desgaste, porque nadie se atreve a tomar el testigo en tiempos tan aciagos. Amargo, porque, en cada envite tanto el PSOE como el gobierno pueden perder las señas de identidad.

Y eso que esta vez le ha venido a salvar un poco la cara el PNV. Porque ha terminado proponiendo algo menos inconsistente que esa disolución mental del “todo vale” con tal de sacar una reforma. Ese todo vale de que las empresas puedan alegar el catarro de unos problemas de tesorería para despedir por el mínimo coste a los trabajadores. A eso llegó a estar dispuesta la táctica de la geometría variable, con tal de seguir a flote. Es algo que muchos no olvidaremos fácilmente. Porque no todo es táctica con tal de seguir adelante. Y no basta con ofrecer a los trabajadores el subsidio en caso de paro. Tener que agradecer al PNV que se ponga racionalidad en este terreno, a cambio de una abstención, no deja de ser bochornoso.

Y todo por el sostenimiento de un dogma que nadie ha demostrado como eficaz: eso de que se crea empleo si se abarata el despido. Ese dogma defendido por una patronal presidida por alguien que está enviando a la calle a los trabajadores de sus empresas después de venderlas a enterradores profesionales. Ese dogma que sustituye a las propuestas de políticas activas de empleo. Porque falta imaginación para idear alternativas para el reparto del empleo, para repartir y compartir los tiempos de producción, para ingeniárselas en el camino de buscar iniciativas de exportación a países como los latinoamericanos, tan necesitados de tantas cosas que comprarían a crédito. Y una España que ha sido capaz de condonar deuda, ahora no es capaz de estrujarse la mollera para otorgar créditos para poder exportar. Por ejemplo.

Muchos perdonaríamos incluso aventuras en ese sentido, antes que la pérdida de principios básicos y elementales. Principios que no se aplican por culpa de la geometría de los votos parlamentarios. Si la izquierda sumara lo suficiente, seguro que estaríamos haciendo otra política, más acorde con aquel “no nos falles“, que los jóvenes le pidieron a Zapatero la primera noche de su primera elección. Pero el millón de votos de IU da solo para dos diputados, mientras la suma de CIU y PNV, que alcanzan poco más de ese millón, totalizan 17 diputados. Y eso condiciona una política que en estos momentos se hace especialmente dramática para la vida de millones de trabajadores y de parados.

Lo malo de la situación es que –por mucho énfasis que se ponga desde las filas del gobierno– no nos están convenciendo de que con estas iniciativas se va a crear empleo, ni se va a salvar el barco. Lo terrible es que desde esa aislada soledad casi de leprosería, mañana el gobierno Zapatero tendrá que intentar imaginar otras cosas para crear empleo.

Y lo malo es que –digan ahora lo que digan– los sindicatos se han dedicado tantos años a vivir del sector público y han generado unas estructuras tan burocratizadas, se han mantenido tan acomodadamente lejos de los trabajadores más de base, que en estos momentos no tienen capacidad para llegar al corazón de esos trabajadores que contemplan la crisis en solitario, agazapados en sus puestos de trabajo para que ni siquiera se fijen en ellos, no sea que –al primer problema de tesorería– su empresario le señale con el dedo y le diga un “tú”, que significa: “a las tinieblas exteriores”.

Y en medio de todo esto, los famosos economistas, siempre profetas del pasado, seguirán administrando sus recetas que, casualmente, jamás resuelven el problema de los parados y de los trabajadores, sino que dan prioridad a los beneficios de los bancos, que –nos dicen– desencadenarán la bonanza económica. ¿De quién?

Un concejal de Nigrán, imputado por facturas urbanísticas falsas

La Fiscalía investiga irregularidades en el contrato de un proyecto de obra de 63.000 euros.

ANTONINO GARCÍA 30/07/2010 - 00:51 h.

Los escándalos urbanísticos vuelven a la primera línea de la batalla política en Nigrán. Tan solo tres años después de que el ex alcalde Alfredo Rodríguez Millares, del PP, saliese escoltado del Concello por la Guardia Civil, otro concejal es imputado por irregularidades en la contratación de obras municipales.

Antonio Fernández Comesaña, edil independiente de Unión Centrista de Nigrán (UCN) y concejal del gobierno local que lideraba el ex director general del Celta, fue interrogado el pasado miércoles por agentes de la Guardia Civil en relación con varias facturas falsas emitidas durante su etapa como responsable del departamento de Urbanismo. Junto con Fernández Comesaña, están imputados el ingeniero municipal, identificado como Antonio P.C., y el ex ingeniero jefe de la Diputación Provincial de Pontevedra, Rafael Llano de la Concha.

Los tres prestaron declaración por el caso que investiga la Fiscalía e instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo y quedaron en libertad con cargos por supuestas infracciones a la Ley de Contratación. Los agentes del Seprona apuntan a De la Concha, ex concejal en Vigo y actualmente vicecónsul de Chile en la ciudad, como la persona que intentó cobrar las facturas emitidas de forma irregular.

La investigación se inició hace aproximadamente un año por la denuncia del gobierno local socialista, al encontrarse con facturas falsas correspondientes a una obra del anterior mandato. Los hechos se derivan de la elaboración en diciembre de 2006 del proyecto para reformar la calle Manuel González Prado de la localidad, cuyo importe de 63.000 fue dividido en siete partidas diferentes para evitar que saliese a concurso público.

Ninguna de las facturas superaba los 12.000 euros (la mayoría de 10.000 y 7.000 euros) y habían sido emitidas con conceptos como expropiaciones, ocupaciones, instalaciones o levantamiento topográfico. Aquellas facturas nunca se llegaron a pagar y con el cambio de gobierno municipal, el ingeniero Rafael Llano de la Concha acudió en varias ocasiones al Concello a reclamar los importes, alegando que la empresa que había realizado el proyecto pertenecía a su familia.

El propio alcalde, Efrén Juanes, del PSOE, fue interrogado sobre este punto por parte de los agentes de la Guardia Civil encargados del caso. La investigación se centra en probar que De la Concha y Fernández Comesaña mantenían una relación económica de la que se derivaba un trato de favor en el Concello.

Por entonces, el concejal pertenecía al Partido Independiente de Nigrán (PIN), que gobernaba en coalición con el Partido Popular del alcalde Alfredo Rodríguez Millares. Las facturas fueron firmadas por el propio Antonio Fernández Comesaña, como edil de Urbanismo, pero no por el ingeniero municipal, que se negó al detectar irregularidades, y tampoco el interventor dio la orden de pago. Comesaña acudió ayer al pleno extraordinario del Concello, pero rechazó a realizar declaraciones y, tras leer un comunicado sobre el PGOM, abandonó la sesión.

El proyecto encargado en 2006 tenía como objetivo reformar un vial de la Diputación provincial, la calle Manuel González Prado que une el barrio de Maión con Parada. Ya en enero de este mismo año, el que era entonces teniente de alcalde, el nacionalista David Giráldez, denunció la actuación “irregular de Fernández Comesaña” durante su mandato por encargar un proyecto técnico “sin que existiera ningún convenio” con la Diputación.

La primera denuncia ante la Fiscalía se realizó el pasado año por parte de un concejal socialista, aunque una de las siete facturas no llegó a presentarse. En un principio también se alertaba de que los volúmenes que recogen el proyecto no existían, pero finalmente fueron localizados en el despacho del ingeniero municipal. La semana pasada, los agentes de la Guardia Civil regresaron al Concello y consultaron con algunos técnicos municipales detalles de la investigación.

Pedraz ordena la captura de los acusados de matar a Couso

Pide autorización al CGPJ para viajar a Irak para una inspección ocular del lugar de los hechos

XORNAL.COM 30/07/2010 - 01:24 h.

Os brancos deliberados de EE UU

Pereiro cre que é un primeiro paso para acabar coa impunidade

Los testigos, abiertos a ir a Bagdag

Un asasinato, sete anos de investigacións e dúas reaperturas da causa xudicial

A Xustiza comeza a cumprir con José Couso

Couso: último acto heroico

Siete años después de que el cámara de Telecinco, José Couso, perdiera la vida en el ataque estadounidense al hotel Palestine de Bagdad, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado la busca y captura de los tres militares estadounidenses presuntamente responsables de su muerte, con el objetivo de que puedan ser extraditados a España. Además, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorización para desplazarse a Irak el próximo otoño y realizar una inspección ocular del lugar donde se produjeron los disparos que acabaron con la vida de Couso.

La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción numero 1 es consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de reabrir el caso por segunda vez, después de que fuera archivado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que revocó el procesamiento de los tres militares.

Ahora, Pedraz vuelve a imputar al teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gobson un delito contra la comunidad internacional, en concurso con un delito de homicidio, en relación con el “ataque a población civil con la causación de la muerte del señor Couso y el acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o los periodistas”. El juez considera así que existen “motivos bastantes para creer responsables criminales” de estos hechos a los tres acusados.

Según el relato de los hechos que consta en el auto dictado por Pedraz, De Camp fue la persona que “dio la orden directa de disparar” contra el Hotel Palestina, pese a saber que se encontraba en la zona civil y era ocupado por periodistas; Wolford transmitió la orden y Gibson fue “quién materialmente efectuó el disparo” que mató a Couso y a otro periodista, Taras Protsyuk, de la agencia Reuters, y provocó heridas graves a otros tres reporteros.

Dada la “gravedad de los hechos imputados” y teniendo en cuenta que las autoridades de Estados Unidos no han cooperado hasta el momento, al no responder al ofrecimiento de que la comisión judicial se desplazara a los Estados Unidos para tomarles declaración, Pedraz ha acordado la busca y captura e ingreso en prisión de los tres militares, a efectos de extradición, “como única medida efectiva para recibirles declaración y asegurar la presencia de los mismos en el proceso”.

Para ello, pide a la Comisaría General de Información, al Servicio de Información de la Guardia Civil y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que practiquen “las gestiones oportunas” para averiguar el paradero de los tres militares, tomando “las medidas que consideren necesarias”. Entre ellas, dirigir las oportunas solicitudes de información e inteligencia a los servicios de seguridad de los países que puedan tener datos que aportar, así como “si es preciso y dentro de los límites legales de su actuación, el desplazamiento a Estados Unidos para realizar las pesquisas oportunas”.

VIAJE A EE UU

No obstante, dado que cuando tuvieron lugar los hechos en Irak había otra Administración en Estados Unidos, Pedraz contempla que “ahora podría existir la posibilidad de una efectiva cooperación, antes denegada”, por lo que, en una providencia también dictada ayer, pide una solicitud de auxilio judicial al Gobierno de Barack Obama para que declaren los tres militares y para que se recabe del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa y de Justicia de Estados Unidos testimonio íntegro de la documentación obrante sobre los hechos investigados.

Además de ordenar continuar con la instrucción, el juez acuerda practicar las diligencias que ya ordenó el 20 de mayo de 2008 y que no fueron realizadas. Así, pide a la Comisaría General de Información que localice a los periodistas de las televisiones Al Yazira y Abu Dhabi para que presten declaración para aclarar “cómo se produjeron los ataques a las respectivas sedes de dichas televisiones en el mismo día a que se refieren los hechos que se investigan en la presente causa”.

Igualmente, insta a que se reitere la comisión rogatoria librada a Irak para que se autorice al desplazamiento de la comisión judicial de la Audiencia Nacional al lugar de los hechos.

Tráfico elimina la obligación de presentar el recibo del Impuesto de Circulación para realizar trámites

Sólo exigirá la acreditación del pago si le consta que el titular del vehículo no ha abonado la tasa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha suprimido la obligación de presentar el recibo del Impuesto de Circulación para realizar algún trámite ante las Jefaturas provinciales, tal como es necesario ahora. La medida, según una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrará en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2011.

Las Jefaturas de Tráfico no tramitaban hasta ahora el cambio de titularidad administrativa de un vehículo en tanto su titular no hubiera acreditado el pago del Impuesto de Circulación correspondiente al periodo impositivo del año anterior al que se realiza el trámite. Con la nueva norma, cambia este requisito y Tráfico solamente exigirá la acreditación del pago si le consta que el titular del vehículo no ha abonado el impuesto.

El objetivo es "simplificar y hacer más sencillo los procedimientos administrativos que los ciudadanos tienen que hacer con sus vehículos", explicó la DGT. Para ello, cuando finalice el periodo de recaudación de dicho Impuesto de Circulación, los ayuntamientos transmitirán a través de un sistema informático al Registro de Vehículos de la DGT el listado de contribuyentes que no lo han abonado. Será a estos propietarios de vehículos a los que se les exigirá dicha acreditación cuando realicen trámites ante Tráfico.

La DGT calcula que esta nueva norma supondrá anualmente un ahorro de tres millones de fotocopias y una disminución de las jornadas correspondientes a los aproximadamente 100 funcionarios de la Administración Central y Local, actualmente encargados de fiscalizar el cumplimiento del impuesto. Todo ello redundará en un ahorro aproximado de 22 millones de euros de los ciudadanos en jornadas laborales y costes de desplazamiento que suponía esa falta de interconexión entre Tráfico y los ayuntamientos.

Blanco ultima un real decreto para que los controladores trabajen 200 horas al mes

Blanco ultima un real decreto para que los controladores trabajen 200 horas al mes

El ministro de Fomento, José Blanco (EFE).

@D.Toledo - 30/07/2010 06:00h

El Gobierno no está dispuesto a soltar el hueso de los controladores. El ministro de Fomento, José Blanco, planea que puedan trabajar hasta 200 horas al mes, según el límite máximo que establece el borrador de real decreto elaborado por el Ministerio y que fija los descansos del colectivo. “La actividad aeronáutica mensual no superará las 200 horas”, reza el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial y que con toda probabilidad será aprobado hoy en Consejo de Ministros. Diversos controladores contactados ayer por este diario se quejaban de que, según el Estatuto de los Trabajadores, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales.

“¿Cómo se garantizan la seguridad y el descanso con 200 horas mensuales, si haciendo turnos de ocho horas trabajo 25 días al mes?”, se preguntaba un controlador. No obstante, lo normal sería que Aena no agotara el límite que le concede la ley, al menos si quiere que le salgan las cuentas. No en vano se establece un límite de horas anuales de 1.670, que sólo puede aumentarse en 80 horas extraordinarias. Ese marco fijaría una jornada laboral más razonable de 140 horas semanales. Fomento cumple con este real decreto la disposición final tercera de la Ley 9/2010, de 14 de abril, que fijaba la necesidad de desarrollar reglamentariamente el tiempo de actividad y descanso en el sector de los servicios de tránsito aéreo.

Daniel Zamit, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), aseguró a este periódico que, de aprobarse la norma en esas condiciones, “exigiremos su cumplimiento inmediato”. Y lo que va a pasar es que “en octubre habrá controladores que ya hayan cumplido las 1.670 horas. Es posible que se les obligue a hacer las 80 extraordinarias. Entonces a 10 de noviembre habrán cumplido el cupo. Por eso se dan ese margen de las 200 horas, que no existe en ningún país del mundo. Incluso en Reino Unido, que es la normativa que copian, el límite máximo está en las 160 horas. El problema es que no hay una plantilla razonable para asumir la carga de trabajo”, remachó.

Fuentes del Ministerio de Fomento aseguraron que estaba previsto que el Consejo de Ministros estudiara hoy el real decreto, aunque prefirieron no pronunciarse sobre su contenido. Hasta el Real Decreto-ley publicado el 5 de febrero, los controladores sólo estaban obligados por convenio a realizar 1.200 horas ordinarias de trabajo. El Ministerio se quejaba de que trabajaban de media 600 horas más, retribuidas como horas extraordinarias “a precio mucho más alto del previsto en el Estatuto de los Trabajadores (…), lo que es causa principal del encarecimiento desmedido del coste del servicio”.

Las ‘imaginarias’ no cuentan

No es el único elemento que recoge la norma y que no hace las delicias del colectivo de controladores, con quien Aena negocia actualmente un nuevo convenio colectivo. Y es que la jornada laboral contemplada por el Ministerio no incluye ni las horas de formación ni las denominadas imaginarias (guardias localizadas) que se realizan fuera del lugar de trabajo, lo que puede hacer que las horas de trabajo, “ya de por sí abusivas, puedan llegar a ser escandalosas”, según lamenta un controlador. El gestor aeroportuario les reprocha haber puesto en marcha una huelga encubierta en plena temporada alta recurriendo a una avalancha de bajas médicas como medida de presión.

Además, el Ministerio se cura en salud y dota a Aena de manga ancha para modificar los periodos de actividad en el caso de que sea preciso atender demandas adicionales de tráfico aéreo. “Cuando sea preciso para dar respuesta a circunstancias extraordinarias previsibles de carácter temporal, el proveedor designado para la prestación de servicios de control de tránsito aéreo podrá modificar temporalmente los periodo de actividad aeronáutica y los descansos previstos en el capítulo anterior, previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea”, expone el borrador en su artículo 17.

Los controladores aéreos salen a disgusto por viernes. El último Consejo de Ministros daba luz verde a un real decreto por el que se liberalizaba la prestación de los servicios de navegación aérea y abría la posibilidad de encomendar el control a operadores privados ajenos a Aena. Para Zamit, estaba claro: “Se trata de privatizar las torres y los centros de control de los aeropuertos. Eso explica la campaña mediática que estamos sufriendo”. Para el Gobierno simplemente se abre la posibilidad de que nuevos proveedores den servicio en los aeropuertos españoles

El PSOE se quita los complejos y da barra libre a los despidos

El PSOE se quita los complejos y da barra libre a los despidos

Un momento de la votación de las enmiendas a la reforma laboral (EFE).

@Carlos Sánchez - 30/07/2010

Despedir será más fácil. O dicho en términos más precisos. Las empresas podrán desprenderse de una parte de sus plantillas con sólo acreditar ante el juez “una situación económica negativa”. Y para ser todavía más exactos, podrán despedir con solo justificar “la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”.

En la reforma laboral publicada en el BOE el pasado 17 de junio se restringía las causas de despido a la existencia de una “situación económica negativa”, pero sin mayores precisiones. Tan sólo se hablaban de que las empresas debían justificar los excedentes con un mínimo de “razonabilidad”

La enmienda a la reforma laboral fue ayer aprobada en la Comisión de Trabajo con los votos a favor del Grupo Socialista y gracias a las abstenciones del PNV y de CiU, y supone una vuelta de tuerca más a la hora de facilitar el despido en las empresas por causas objetivas de carácter económico. La enmienda, de hecho, permite despedir con 20 días (frente a los 45 que marca el despido improcedente) cuando se pretenda “preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado”. Es decir, que ya no se trata sólo de cuantificar los resultados económicos de una empresa, sino que se introduce un criterio totalmente subjetivo, como es calificar la ‘posición competitiva’ de un empresa en su respectivo mercado. Serán los jueces quienes interpreten esa redacción.

Esta enmienda supone abrir ya una sima insalvable con los sindicatos, que ayer hablaron sin tapujos de ‘la reforma laboral más regresiva de la democracia’, toda vez que la nueva legislación pretende generalizar las causas de despido objetivo por causas económicas. Para CCOO y UGT, el texto definitivo, “constituye el mayor ataque a los derechos laborales de los últimos 30 años y aunque cueste afirmarlo”, dijeron “este ataque se ha llevado a cabo de la mano de un gobierno socialista, jaleado para la ocasión por las organizaciones empresariales”. En su opinión, la enmienda socialista facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, “haciéndola más fácil, más rápida y más barata”.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, José Ignacio Echániz, anunció el voto en contra del PP al texto resultante de un proceso que calificó como "improvisado, caótico e histérico". A su juicio, es de la "máxima irresponsabilidad" que el grupo socialista haya promovido este procedimiento "en un texto de tanta delicadeza". Dicho texto tendrá que someterse ahora a votación en el Senado y, en la primera semana de septiembre, volver al Congreso para ser ratificado en la Comisión de Trabajo.

Contra las bajas por enfermedad

Las enmiendas aprobadas ayer contienen otra ‘bomba’ de relojería respecto de la situación actual. Se abre la posibilidad de que la inspección de los servicios públicos de salud revisen las bajas por enfermedad. En concreto se establece que la inspección médica “podrá solicitar los datos médicos necesarios para el ejercicio de sus competencias”. Dicho en roman paladino, esto significa que la inspección podrá dictar el alta médica a partir del cuarto día de baja, frente al decimocuarto actual.

En este sentido, la nueva legislación incorpora una nueva disposición final que endurece las faltas por asistencia al trabajo. En concreto se establece que aún siendo justificadas, pero intermitentes, y siempre que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses, y siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo.

La nueva legislación abre, igualmente, otro futuro frente de batalla en relación a la percepción del desempleo, aunque todavía sin concretar. Se dice textualmente que “en el momento en que el empleo inicie su recuperación, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para reformar la normativa que regula las prestaciones por desempleo con el objetivo de aumentar la vinculación de éstas con las políticas activas de empleo”.

Quiere decir esto que el Ejecutivo tiene en cartera vincular el cobro del desempleo a la realización de cursos de formación. No se dice ni cómo ni cuándo, pero se trata de un mensaje para navegantes con el doble objetivo de mejorar la cualificación de los trabajadores en paro y reducir las listas de desempleo, ya que el hecho de acudir a cursos es uno de los requisitos para dejar de ser considerado como desempleado en las listas oficiales.

FERROVIAL, SOBORNO PASIVO IMPROPIO, VS. LOS TOROS EN CATALUÑA.

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 29-07-10. Los políticos catalanes han puesto toda la carne en el asador. Lo que no sé si tiene que ver con el “hecho diferencial catalán” o para crear cortinas de humo ante la Gran Corrupción. El arte de la confusión.

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) presentó el lunes un voluminoso informe de 158 páginas sobre las irregularidades detectadas en el Palau de la Música de Barcelona. Noticia oscurecida por los toros. Y como no entiendo en cuanto a toros a ninguno de los bandos contendientes, y me temo que el problema para la inmensa mayoría de catalanes no existía (otra creación artificial al estilo Estatut o la consulta por la Diagonal), pasaré a lo mío, lo que pretenden camuflar, la Gran Corrupción.

De paso aconsejar a la cercana Perpiñán que fomentando su turismo, al igual que las multisalas de cine porno y casinos (incluso había librerías con libros y publicaciones prohibidas en castellano y catalán) en tiempos de Franco, ahora habilite una plaza de toros. Yo ya he visto tantas miserias humanas que la de los toros, de serlo, me parece de juguete.

Pero toca comentar sobre inmobiliarias y constructoras solventes, de las que no se sabe que deban a los bancos y caixas miles de millones de euros que no pagarán jamás. Deducir que la que no quiebra soborna, sería improcedente. Los miles de millones de deuda de las quebradas no son estrictamente “mercantiles”, se crearon “especulando”, “opando”, comprando y vendiéndose entre “financieros e inmobiliarios”. Es decir, fabricando quiebras fraudulentas ante el estallido de la gran Burbuja, años 2005-08. O sea, ni el SOBORNO es la definición adecuada, como tampoco lo es “financiar” cuando se paga en efectivo una coima a un político, se destine a su partido o a su bolsillo.

La Oficina Antifraude de Cataluña, regida por el ex fiscal David Martínez Madero, sabe, o se lo deberemos repetir para que lo sepa, y defina las hechos inteligiblemente, que las constructoras no sobornan; pagan en negro las tarifas establecidas, pactan compensaciones, o simplemente tienen en nómina a políticos, altos funcionarios, familiares, o el “ hombre de…”. Es el establisment, como aquella Fomento de Obras y Construcciones SA, en origen de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, que digo en el prólogo de “Barcelona, 30 años de corrupción” no se sabía bien donde acababa Fomento y empezaba el Ayuntamiento, o viceversa.

Dice la noticia en El Confidencial; “Habla el informe de un “ambiente de impostación” y subraya: “Apariencia, frivolidad e irresponsabilidad formaban, esta vez sí, un cóctel peligroso”. Y continúa: “Raya el cinismo más absoluto afirmar, como ha hecho este compareciente [se refiere a Juan Elizaga, responsable de Relaciones Institucionales de la compañía], que no se tenía ningún control sobre el destino de más de 11 millones de euros [se refiere al periodo de 1999 a 2007] y, al mismo tiempo, mostrarse en estado de shock, usando sus propia palabras…”. También deja claro que en el año 2008, por ejemplo, los gastos de personal pasaron de 1,2 millones a 2,7 millones y este incremento se dio entre los miembros del comité de dirección. Eran los sobresueldos del ex presidente, Fèlix Millet, de su mano derecha, Jordi Montull, y de la directora general, Rosa Garicano”

No me extraña el shock del ejecutivo de la constructora… “que me preguntan estos locos, se diría, si eso es así desde siempre… y todo el mundo lo sabía”

Lo de “soborno pasivo” me hace tanta gracia como lo de “financiar” o “gastos de personal” ¿Tan delicado es el mundo de la Gran Corrupción que los juristas deben inventarse un diccionario para enmascarar los simples delitos tan bien definidos en el de la Real Academia Española y en el Código Penal? Por ejemplo, asociación para delinquir, fraude fiscal generalizado, apropiación indebida, desfalco y robo… que de no intervenir más corrupción conllevan detención inmediata de los supuestos autores.

Cohecho. De Wikipedia, la enciclopedia libre

El cohecho (coloquialmente "coima" o "soborno") es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto.

El cohecho es simple si el funcionario público acepta una remuneración para cumplir con un acto debido por su función o calificado si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o no de delito.

Por ejemplo, un automovilista puede sobornar a un oficial de la policía para no extenderle un parte por exceso de velocidad, un ciudadano que realiza trámites puede sobornar a un empleado público por un servicio más rápido, una compañía constructora puede sobornar a un funcionario para conceder un contrato, etc.

La persona que ofrece la dádiva o que acepta el pedido de ella comete el delito de cohecho pasivo.

En este delito se considera que el bien tutelado es la administración pública”.

Esta definición y la realidad aparecida en todo su esplendor en los casos Palau, Pretoria, Hacienda, etc, se parece como un huevo a una castaña. El mundo real frente al oficial, o las líneas paralelas que nunca se encontrarán.


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