El ex vicepresidente asegura que una «camarilla» de agentes ha alterado pruebas para implicar al PP en la trama corrupta
Francisco Álvarez-Cascos se ha convertido en uno de los principales protagonistas del 'caso Gürtel' sin siquiera estar imputado. El ex vicepresidente del Gobierno, que prepara su candidatura a la presidencia del Principado de Asturias, acusó ayer a la Policía de «falsificar pruebas» para implicar a miembros del PP en la trama corrupta que lideraba el empresario Francisco Correa. Las palabras del ex secretario general de los populares indignaron al Ejecutivo, que de inmediato exigió una rectificación a Álvarez-Cascos.
Cascos acusó directamente, sin nombrarlo, al comisario de la Policía Judicial Juan Antonio González, máximo responsable de la investigación del 'caso Gürtel', quien estuvo en la famosa cacería de Jaén con el entonces instructor de la causa, Baltasar Garzón, y el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. El ex vicepresidente sostuvo que «algunos policías que investigan al Partido Popular se hicieron famosos falsificando los papeles de Laos» y, entre ellos, hay «una camarilla policial dedicada a fabricar pruebas» que «está instalada en Canillas», en referencia a la sede en Madrid de la Comisaría General de Policía Judicial. «Son los mismos que ahora están falsificando papeles y preconstituyendo pruebas», recalcó en los micrófonos de Onda Cero.
Álvarez-Cascos afirmó que esos policías son los que elaboraron un informe en el que aseguraban que la red corrupta pagó un viaje suyo y de su familia a Lanzarote en 2003, extremo que el político asturiano niega de manera tajante, hasta el punto de que, según figura en el sumario, ha pedido declarar ante el juez que instruye el caso, Antonio Pedreira, al que ha remitido actas notariales de las agencias que organizaron el viaje y entre las que no se encuentra 'Pasadena Viajes', propiedad de Correa. «Y como eso hay más, y puede haber mucho más», apuntó el ex dirigente popular.
El ex vicepresidente de José María Aznar también puso en su punto de mira a Baltasar Garzón a cuenta del 'caso Gürtel'. «Todo lo que se juzgue en relación con lo que ha hecho Garzón hay que ponerlo entre comillas y relativizarlo», aseguró. Para Álvarez-Cascos, el propio juez contaminó la instrucción del caso. «La investigación está viciada en su origen» porque el magistrado tiene una «animadversión pública y proclamada» hacia el PP y, por tanto, no se puede confiar en su «imparcialidad y ecuanimidad». Cascos llegó a tachar al titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional de «anormalidad democrática».
«Extrema gravedad»
Las acusaciones provocaron la indignación en el Gobierno. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, exigió de inmediato al político conservador que presente las pruebas que avalan sus palabras o que, de inmediato, rectifique. La número dos del Ejecutivo tachó de «intolerables» las «acusaciones gravísimas» de Álvarez-Cascos, que calificó de «extrema gravedad».
Más enfadados aún se mostraron los dos sindicatos mayoritarios del Cuerpo Nacional de Policía, el SUP y la CEP. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía, José Manuel Sánchez Fornet, aseguró que las declaraciones de Cascos son «dignas de un mandatario de un partido minoritario filo terrorista y no de una formación que aspira a llegar al Gobierno». Sánchez Fornet, que como Fernández de la Vega, exigió pruebas de sus acusaciones o una rectificación, reclamó al Ministerio del Interior y a la Fiscalía que denuncien ante los tribunales al ex vicepresidente por injurias. La Confederación Española de Policía, por su parte, enmarcó el «injusto y demagógico» ataque dentro de su «campaña política para despejarse el camino como candidato del Partido Popular en el Principado de Asturias a las elecciones autonómicas».
