Las autonomías siguen decididas a mantener íntegro su aparato político después de seis años de crisis económica y tres ejercicios de recortes y ajustes presupuestarios cargados sobre el capítulo de servicios. De los 1.268 puestos de diputados autonómicos actuales, sólo cuatro de Cantabria y entre 18 y 28 de Castilla-La Mancha está claro que van a desaparecer cuando se celebren las elecciones municipales y regionales de mayo de 2015. Ello supondrá una reducción general de apenas el 2,2 por ciento en la nómina de parlamentarios del Estado de las autonomías.
El Partido Popular intenta el recorte en otras comunidades, pero los partidos de izquierda y los nacionalistas se niegan. Además, los estatutos blindados en la etapa de Zapatero exigen trámites de reformas legislativas complejas y mayorías de hasta dos tercios que dificultan la reducción de la mayoría de las Cámaras regionales casi como si se tratara de cambiar la Constitución. Hay estatutos de autonomía como el de Madrid que hasta fijan el aumento automático de representantes según crece la población.
En todo el Estado de las autonomías, salvo los casos citados de Cantabria y Castilla-La Mancha, en las que el PP se ha impuesto por mayoría simple para ajustar gastos y nóminas en las respectivas asambleas, sólo el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de reducir la Cámara gallega en 14 escaños (de 75 a 61) para las elecciones previstas en 2016 tiene visos de salir adelante.
Alberto Núñez Feijóo. (EFE)Alberto Núñez Feijóo. (EFE)El recorte total de parlamentarios autonómicos españoles sería entonces algo superior al 3% y el 96% de los cargos políticos dedicados a legislar en el ámbito regional se habría mantenido después de casi dos legislaturas de crisis económica, lucha contra el déficit y ajustes en casi todos los ámbitos de la Administración y los servicios al ciudadano.
"El chocolate del loro" de 250 millones
Los argumentos de socialistas, comunistas, nacionalistas y regionalistas para mantener el mismo número de diputados autonómicos son variados: desde que forma parte de la esencia de la autonomía o nación, a que es “el chocolate del loro” y que reducir gastos en la nómina de los parlamentarios (más asesores, secretarias y resto de personal adscrito) es puro “populismo” de quien lo defiende. Caso por caso pueden parecer cifras presupuestarias menores, pero sostener al conjunto de los diputados autonómicos le cuesta al Estado unos 250 millones de euros por legislatura.
Los dirigentes del Partido Popular han propuesto el recorte de las Cámaras regionales en casi toda España donde tenían algún peso para hacerlo. En Madrid, primero Esperanza Aguirre y después Ignacio González, han promovido la propuesta de dejar los actuales 169 diputados en la mitad: 65. El PP necesita el apoyo del PSOE o de IU para aprobarlo y no lo tiene. Sólo UPyD secunda a los populares, pero no suman la mayoría necesaria para acometer la reforma.
En Cantabria hace un año que los populares, frente a la oposición de la izquierda, impusieron su mayoría simple para pasar de los 39 escaños actuales a los 35 para las próximas elecciones, que es el mínimo fijado en su estatuto.
María Dolores de Cospedal. (EFE)María Dolores de Cospedal. (EFE)En Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal fue más allá que los demás, y de la doctrina oficiosa de la dirección del PP que otros presidentes autonómicos no han querido seguir. Con la misma mayoría simple con la que el PSOE aumentó el número de escaños en la legislatura anterior para evitar su propia derrota, la presidenta de la Junta de Comunidades ha aplicado la hegemonía de los ‘populares’ para dejar los 53 puestos de diputado en una horquilla situada entre 25 y 35 para los próximos comicios. La oposición considera que el recorte es “un pucherazo”.
Sin movimientos en Castilla y León
En Castilla-León y en la Comunidad Valenciana los Gobiernos regionales no han movido ficha. Alberto Fabra necesitaba el respaldo de los socialistas y de entrada le advirtieron que consideraban sagrados los 99 escaños actuales. En Asturias, la presidenta del PP, Mercedes Fernández, ha promovido una iniciativa para dejar los 45 puestos de parlamentarios en 35. Foro Asturias, el partido de Francisco Álvarez-Cascos, la apoyaba, pero el rechazo de PSOE e IU cerró el debate.
Los estatutos de autonomía, la izquierda y los nacionalistas ya habían frenado una de las sugerencias incluidas en la propuesta del Gobierno para la reforma de la Administración incluso antes de que se aprobara. Por encima del Ejecutivo, la reducción del aparato político, legislativo y de gestión de las autonomías depende de la voluntad de sus gobernantes y también de los partidos de la oposición. Sólo una reforma constitucional (que también requiere el concurso del PSOE) podría abreviar el proceso de racionalización del Estado autonómico.