Salgado jubila su plan de facilitadores financieros para supervisar el acceso al crédito

La ministra de Economía, Elena Salgado (EFE).

@Eduardo Segovia - 09/08/2010 06:00h

Es la eterna canción del Gobierno de Zapatero: se anuncia una medida muy llamativa con un gran impacto mediático, cuando se plasma en papel se rebaja bastante su contenido y, al cabo de unos meses, nadie se acuerda de ella. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con la figura del "facilitador financiero". Seguro que recuerdan la historia: en octubre de 2009, ante el cierre del grifo del crédito por parte de la banca, la vicepresidenta Elena Salgado anunció que Economía iba a contratar a un grupo de prejubilados de banca para examinar los préstamos que denegaban las entidades financieras.

Obviamente, este anuncio sembró la inquietud en el sistema financiero: parecía que el Gobierno iba a crear una especia de comisarios políticos para examinar la actuación de bancos y cajas, y para obligarles a abrir la mano con el crédito pese a la falta de liquidez y al fuerte crecimiento de la morosidad. Sin embargo, una vez conseguido un tremendo impacto mediático, que es lo que se pretendía -en el Ministerio lo niegan y aseguran que los medios se quedaron sólo con un ejemplo-, su contenido quedó descafeinado casi de inmediato.

Según fuentes del sector, el ICO tranquilizó enseguida a las entidades negando que los "facilitadores" fueran a valorar si las solicitudes de crédito debían concederse o rechazarse, ni siquiera que fueran a pedir el nombre de la entidad que las hubiera denegado. Según Salgado, las funciones de esta figura iban a ser mejorar la comunicación entre la empresa y el sector financiero, asesorar a la empresa en el proceso de tramitación del crédito y revisar expedientes de crédito denegados. Por tanto, la tercera de estas tareas, la que temían bancos y cajas, se cayó de inmediato.

Pero la cosa no quedó ahí. Economía decidió, en vez de utilizar personas para las otras dos funciones, crear un sistema informático para que las empresas pudieran facilitar sus datos directamente al ICO a través de Internet sin necesidad de pasar por una entidad financiera, que es el sistema que funciona en la actualidad.

Además, tampoco es necesairio que una entidad haya denegado un crédito a la empresa para que ésta lo pueda pedir directamente al ICO a través de este sistema. El instituto público evalúa esos datos y decide si la empresa cuenta con suficiente solvencia para acceder a alguna de sus líneas de crédito y entonces se lo comunica al banco o caja de elección de la empresa para formalizarlo.

Con este sistema, la función de los prejubilados quedaba reducida a ayudar a las pymes y autónomos que no estuvieran muy duchos en el uso de Internet a enviar la información al ICO. Es decir, una tarea más propia de informáticos que de profesionales de la banca. Y ni siquiera eso, porque las fuentes aseguran que todavía no se ha contratado a nadie para realizar esta tarea, 10 meses después del anuncio de dichas contrataciones.

Un portavoz de Economía no confirmó que se hayan producido estas contrataciones y fue imposible contactar con el ICO en referencia a esta información.

Un sistema poco eficaz

El 'facilitador virtual' tampoco ha dado los frutos esperados, puesto que el porcentaje de denegaciones directas del ICO a través de este sistema es muy superior al de los bancos y cajas cuando las empresas se dirigen a ellos para solicitar las líneas del instituto público, según las fuentes citadas. Esto se debe a que los criterios de evaluación del riesgo del ICO, aunque algo más laxos que los de la banca comercial, también son bastante estrictos para limitar al máximo la morosidad potencial.

Ante estos pobres resultados, el Gobierno decidió en febrero poner en marcha una nueva línea llamada ICO Directo en la que el instituto oficial asumía el 100% del riesgo de impago; en las líneas anteriores, este riesgo era compartido al 50% con la entidad financiera que lo concedía. Pero esta nueva línea, que comenzó a operar en junio, tampoco está consiguiendo que las empresas con menor solvencia accedan al crédito, tal como explicaba el viernes El Confidencial.

Un jaleo de líneas y procedimientos

La última medida en este sentido, anunciada el viernes, es la puesta en marcha de una línea conjunta del ICO con las Sociedades de Garantía Recíproca, en la que el riesgo es compartido de nuevo y que eleva el importe máximo de los préstamos de los 200.000 euros del ICO Directo hasta 600.000. Ya se han firmado acuerdos con sociedades como Avalmadrid o Iberaval para su lanzamiento en distintas comunidades autónomas.

En todo caso, la banca cree que el Ejecutivo está creando una maraña excesiva de líneas y procedimientos que únicamente causa confusión entre las empresas y las propias entidades financieras."El pequeño empresario desesperado lo que quiere es el préstamo y le da lo mismo que se llame Liquidez, Directo o Emprendedores, o que se lo dé su banco, el de enfrente o el facilitador financiero", concluyen en una entidad. Y son numerosos los casos de empresarios que solicitan todas las líneas del ICO, aunque no les correspondan (por ejemplo, piden la de Exportación aunque no exporten), por incrementar las probabilidades de que en alguna haya suerte.

PARA LIBERAR A TRINIDAD JIMÉNEZ Y OTROS MINISTROS

Zapatero planea una crisis de Gobierno para finales de mes.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (EFE).

@D. Forcada / Ana I. Gracia.- 09/08/2010 (06:00h)

Una vez que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dejado claras, urbi et orbi, sus preferencias electorales para Madrid, pocas dudas caben los planes de crisis de Gobierno que el socialista está ultimando en su retiro no vacacional de La Moncloa. El Consejo de Ministros extraordinario convocado para el próximo 20 de agosto podría ser la fecha que determine al cambió de timón, más necesario que nunca para afrontar con energías renovadas y caras nuevas la última fase de la legislatura.

El presidente planeaba una amplia remodelación de su gabinete para principios de julio, una vez concluido el frustrado semestre de presidencia española de la Unión y antes de que se celebrase el debate anual sobre el estado de la Nación. Pero los rumores y las filtraciones interesadas llevaron a Zapatero a dar un golpe de autoridad y a posponer sine die el que se vislumbra como su último cambio de ministros. Sus alabanzas a la gestión de Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad, y su deseo de que sea ella quien encabece la lista del PSOE a la Comunidad de Madrid acelera el calendario. Los candidatos se proclamarán de forma oficial el próximo 25 de septiembre o el 3 de octubre si, finalmente, hubiera primarias. Los cambios son, por tanto, cuestión de días.

Y en ese nuevo futuro que se vislumbra en La Moncloa todo parece indicar que no estará la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha ocupado este cargo desde que Zapatero llegó al poder. Un cese en el Consejo de Estado publicado el pasado 3 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha desatado los rumores sobre el próximo destino de De la Vega. En fuentes no oficiales pero de absoluta solvencia se da por hecho la llegada inminente de la vicepresidenta al Consejo de Estado en sustitución de Miguel Vizcaíno Márquez, el último cargo nombrado a dedo por el franquismo que aún ejercía como consejero permanente, léase vitalicio, y que ha renunciado a su cargo a sus 96 años. Su cese, como ha publicado el diario Cuarto Poder, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de julio, pero ha tardado casi un mes en ser publicado en el BOE.

Este cargo, apuntan las fuentes consultados por este diario, sería el retiro deseado por De la Vega que, en su condición de magistrada por el cuarto turno, reúne las condiciones que el puesto demanda. Sería una jubilación dorada pues desempañaría el citado puesto por el resto de sus días y gozaría, además, con una retribución igual a la de un secretario de Estado. Le Ley premia con este cargo a quienes hayan ocupado un puesto en las más altas instituciones, ya sea como ministros, presidentes autonómicos, miembros del Tribunal Constitucional o como magistrados del Estado.

Bibiana Aído, en alza

Los rumores sitúan también a la benjamina del Gobierno, Bibiana Aído, como la posible sucesora de Trinidad Jiménez. Pese a ser la ministra con peor prensa del país, es la niña bonita de Zapatero. Apostó por ella y por su ministerio y, por eso, ahora en Sanidad no dudan de que el Presidente la ascenderá con el cambio.

El rumor es insistente, tal y como apuntan desde el propio departamento, donde señalan que tras la marcha de Jiménez, “una de las ministras más currantas que han pasado por aquí”, Igualdad pasaría a formar parte del ministerio de Sanidad y Política Social. Zapatero mataría con este movimiento dos pájaros de un tiro, pues reduciría también la estructura de su Gobierno.

“Lo correcto sería abolir Igualdad y que directamente sus competencias pasasen a política social”, añaden. Pero son conscientes de que Zapatero no se deshará de su ‘Ministerio Estrella’. Admitir su supresión sería dar la razón a una oposición que se ha cansado de repetir la inutilidad del departamento. Quedaría algo así como: Bibiana Aído, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Corredor, sin competencias

Como ya adelantó este diario, el Ministerio de Vivienda parece amortizado después de que la crisis económica y su escaso éxito hayan empujado al presidente del Gobierno a desmantelarlo progresivamente. A día de hoy, las únicas funciones del departamento que dirige Beatriz Corredor son las ayudas al alquiler y la rehabilitación de viviendas. Materias que no dan empaque suficiente a un Ministerio y que podrían ser asumidas, simplemente, por una Secretaría General. El futuro de Corredor, desconocida según las encuetas, para casi la mitad de la población, parece también amortizado.

La incógnita Chacón

Cobrarán especial importancia en la remodelación de Gobierno el nombre de los vicepresidentes. Porque sean quienes sean los elegidos, muchos verán en ellos los posibles candidatos a sustituir a Zapatero si éste opta por concluir su mandato después de ocho años en el poder. José Blanco, ministro de Fomento, y Carme Chacón, titular de Defensa, son los que más papeletas acumulan.

En este sentido, tal y como explicaba José Antonio Zarzalejos el pasado sábado, está por ver cuál será el papel Chacón. Para algunos, la catalana sería nueva vicepresidenta del Gobierno en sustitución de Fernández de la Vega para liderar la recomposición de las relaciones entre el PSE y el PSOE. Para otros, su destino estaría en Barcelona, en las listas de las elecciones catalanas de octubre o noviembre con la intención de jubilar a Montilla.

La justicia comienza a embargar los bienes personales de los Alcaldes.

Sin tiempo y sin cumplir la ley que afecta a todos, la administración ha visto para otro lado, es hora de aplicar con seriedad la legalidad y aplicar a los administradores alcaldes de los ayuntamientos la ley con igualdad y con rigor, una noticia importante para que se controle la pésima gestión de nuestros gobernates.

08.08.2010 Calixto Rivero/J.J. M. Madrid 16

Los alcaldes más morosos podrán ver peligrar sus bienes personales si no pagan en 30 días las deudas que hayan contraído con el sector privado los ayuntamientos que rigen. El auto de una sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) ha optado por esta contundente medida ante la negativa del primer edil de Castilleja de Guzmán (Sevilla) a hacer frente a las deudas que tenía contraída con la empresa Aroa S. L.

Según la sala de lo contencioso-administrativo de este Tribunal, el Ayuntamiento se verá obligado a pagar en 30 días las obras, como obliga la nueva Ley de Morosidad que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados. Si no, el alcalde y el secretario general del consistorio tendrán que responder con sus propios bienes personales. El juez les comunica la “advertencia expresa de imposición de multas coercitivas en sus respectivos patrimonios personales en el caso de incumplimiento de las obligaciones estipuladas”.

El artículo 112 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa dejaba la puerta abierta a esta medida, aunque los jueces no necesitaban recurrir a ella. Los consistorios podían cumplir con los compromisos de pago con créditos municipales.

Sin embargo, este caso cobra especial relevancia hoy día ante las crecientes dificultades financieras que atraviesan los consistorios por culpa del despilfarro de dinero público y de la caída de la recaudación de los principales impuestos ligados a la construcción. Tienen un acceso al crédito limitado. Las deudas de los más de 8.000 municipios que hay en España superaron en el primer trimestre de 2010 los 36.000 millones de euros, según datos del Banco de España.

La decisión del TSJA ha llamado la atención de los abogados que habitualmente trabajan con problemas de impagos de las administraciones públicas. Expertos que trabajan habitualmente en este tipo de casos consultados por este periódico señalan que “habitualmente se embargan los fondos propios de los ayuntamientos” cuando un juez dicta sentencia contra un municipio por impagos. “No me he encontrado en toda mi carrera profesional con ningún caso parecido”, destaca uno de ellos.

En esta misma línea, un portavoz del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local señala que en toda su carrera profesional sólo se ha encontrado casos en los que se “ha obligado a embargar fondos del propio ayuntamiento y bienes patrimoniales que no son de dominio público”.

A su juicio, si esta sentencia se repite en los numerosos pleitos que hay actualmente abiertos por impagos municipales, muchos responsables de los municipios se verían en la tesitura de elegir entre dejar de pagar las nóminas o dejar de pagar a las empresas acreedoras.

Sin embargo, Antonio Díaz, el gerente de Aroa S. L., la empresa que ha ganado la demanda, opina que las víctimas no son los alcaldes, sino los trabajadores que ven peligrar su puesto cuando una Administración no paga.

Díaz, al que el primer edil planteaba pagar en 10 años después de cerca de 10 de retraso, recuerda que una de las novedades del auto del TSJ andaluz es que los alcaldes no podrán recurrir a endeudarse más si no incluyen los compromisos de pago que ya habían adquirido. En cualquier caso, a partir del próximo 1 de enero los ayuntamientos ya no podrán endeudarse más en el largo plazo, según el Real Decreto que aprobó el Gobierno en mayo para acelerar el recorte del déficit público.

EXPANSIÓN contactó con el alcalde de Castilleja de Guzmán, Carmelo Ceba (PSOE), para conocer su versión sobre el auto de la sentencia del TSJA, aunque declinó hacer declaraciones porque el consistorio lo ha recurrido.

Los empleados de Auto Res pueden incumplir los servicios mínimos desde el viernes

Efe

Los trabajadores de Auto Res están animando a CCOO y UGT a que hagan "algo más" en las jornadas de huelga, por lo que no se descarta que en la asamblea que se celebrará la próxima semana se acuerde incumplir los servicios mínimos a partir del 13 de agosto, próximo día de paro.

La huelga, que según fuentes sindicales afecta a alrededor de 4.000 personas, se reanudó hoy con paros entre las doce de la mañana y las doce de la noche.

El portavoz de CCOO, Luis Miguel Ortiz, y de UGT, Francisco Morales, así como fuentes de la empresa, han señalado a EFE que la jornada de hoy transcurre con normalidad y con el cumplimiento de los servicios mínimos.

Ortiz ha indicado que los trabajadores están "muy calientes" y que se han deteriorado mucho las relaciones con la empresa.

Por ello, ha admitido que en la próxima asamblea se puede acordar alguna acción "de mala fe, como está haciendo la empresa", y que incluiría el incumplimiento de los servicios mínimos.

El portavoz de CCOO ha criticado, en este sentido, que la empresa haya contratado a 70 personas en lugar de ofrecer ese trabajo "a la gente con contrato parcial, a la que otros años se les ha ampliado para realizar esa labor".

A este respecto, fuentes de la empresa han señalado que todas las contrataciones que se realizan son legales y que lo que se ha hecho es reforzar la plantilla con vistas al verano, lo que, según las mismas fuentes, fomenta el empleo.

Ortiz ha cifrado en alrededor de 70 euros lo que pierde un trabajador de Auto Res por cada día de huelga.

Por su parte, Morales ha criticado que la empresa "no dé la cara", algo que está molestando mucho a los trabajadores y ha añadido que sólo se incumplirían los servicios mínimos el próximo fin de semana si lo aprueba la asamblea. Sin embargo se ha mostrado cauto sobre esta posibilidad, a pesar de que ya sea el deseo de muchos de los trabajadores.

La huelga continúa, ya que las negociaciones entre los trabajadores y la compañía de transporte por carretera continúan paralizadas y no se retomarán hasta septiembre, a pesar de la existencia de estos paros que comenzaron en abril y que se repetirán siete días más en agosto y uno en septiembre.

Así, las jornadas de huelga continuarán los días 13, 14, 15, 16, 21, 29 y 31 de agosto y 1 de septiembre, en distintas franjas horarias.

Los paros empezaron en abril como consecuencia del despido de 15 trabajadores y de la pretensión de la empresa de recortar el salario un 5%, porcentaje que, según los sindicatos convocantes (CCOO y UGT), se convierte en el 8,26% en el caso de los conductores.

Auto Res, que pertenece al grupo Avanza, cuenta con una plantilla de 400 personas, de las que unas 270 son conductores.

Entre sus servicios más importantes están los enlaces entre Madrid y varias localidades de la zona mediterránea, como Valencia, Castellón, Peñíscola, Benicasim y Oropesa, además de Vigo y Pontevedra, en Galicia.