Jueces y policías exigen a Cospedal pruebas que atestigüen su denuncia
En una entrevista concedida a Europa Press, la 'número dos' del Partido Popular ha acusado al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de haber "utilizado en muchas ocasiones los aparatos del Estado en beneficio propio" y en contra del Partido Popular. Y ha dirigido sus críticas a los "mandos políticos" de la Policía y a la Fiscalía General del Estado, cuya imparcialidad "a veces deja mucho que desear".
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, ha subrayado a Europa Press la necesidad de aportar "todo tipo de pruebas" que corroboren estas acusaciones. "Y si no es así que se abstenga de hacerlas --ha espetado--. Antes de decir determinadas cosas, hay que saber contar hasta 100 y saber autocontrolarse antes de efectuar acusaciones que no están respaldadas por un inventario de datos".
"No creo que se puedan lanzar acusaciones de una actuación carente de neutralidad o de imparcialidad contra la Fiscalía gratis 'etamore'", ha aseverado el portavoz de la APM, quien ha pedido "mesura" a los responsables políticos porque su discurso, "por muy político que sea", no debe "superar determinadas líneas rojas que pueden poner en tela de juicio el funcionamiento regular y generar al final una cierta atmósfera y un clima de desconfianza en las instituciones que no beneficia absolutamente a nadie".
Desde la APM, han abogado por reforzar la imagen de autonomía e independencia del Ministerio Fiscal. "Las historias de los fiscales generales del Estado en mayor o menor medida han sido historias condicionadas siempre por el Gobierno de turno", ha remachado.
JPD: "NO CREO EN NINGUNA PERSECUCIÓN"
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, ha asegurado que las acusaciones de De Cospedal "son erróneas" ya que "no tienen ningún elemento de confirmación que las apoyen". Ramírez ha señalado que, "si el PP o cualquier otro haya podido cometer un delito relacionado con la corrupción existe el derecho de investigarlo".
"No creo que haya ninguna persecución. Es al PP a quien le corresponde aportar pruebas, pero no se puede amparar en la teoría de la conspiración para afirmar que está siendo perseguido", ha recriminado. El portavoz de la asociación de jueces también se ha referido a la relación entre Policía y Fiscalía como "fluida", porque institucionalmente tienen atribuida esta colaboración.
SUP PIDE AL PP QUE REFLEXIONE
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, también ha animado a la 'número dos' del Partido Popular a presentar "denuncias con pruebas" y ha advertido de que, si continúan este tipo de declaraciones, su asociación se verá obligada "a desmentirlas noticia tras noticia y verano tras verano".
A su juicio, las palabras de Cospedal han estado "fuera de tono y de contexto". En este sentido, ha aconsejado al PP, un partido "que tiene en el futuro esperanzas de gobierno", que "reflexione" y "no piense que la Policía está politizada" porque "lo mismo se podía pensar en la época que ellos --dirigentes del PP-- han gobernado".
Por otra parte, ha señalado que este tipo de acusaciones no son "nada nuevo" porque el año pasado la secretaria del PP también realizó acusaciones contra la Policía "sin ningún fundamento y sin ninguna justificación" ante las supuestas escuchas ilegales efectuadas por el sistema de interceptación de comunicaciones (SITEL).
De todos modos, ha asegurado que el SUP no tomará medidas drásticas ante estas declaraciones porque "eso lo tienen que hacer los interesados", es decir, "las personas directamente acusadas por este asunto".
CEP ACUSA AL PP DE "DISPARAR AL BULTO"
Desde la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebreda ha hecho un llamamiento al PP, y "sobre todo a su secretaria general", para que cuando se lancen estas acusaciones "de persecución policial" se hagan "refiriéndose a personas en concreto y no a la institución".
Lorenzo Nebreda en declaraciones a Europa Press ha asegurado que estas palabras afianzan "la sensación entre los policías de que el PP dispara siempre al bulto" y además ponen "en tela de juicio de forma injusta el trabajo de miles de policías".
También ha indicado que si el PP "sospecha que hay mandos o responsables policiales que pueden estar promoviendo un trato desigual para su partido" lo que debe hacer es "acudir a los tribunales y no disparar a toda la institución".
UFP DIFERENCIA A LOS MANDOS POLÍTICOS
Finalmente, desde la Unión Federal de Policía (UFP) Emilio Martín también se ha posicionado a este respecto, subrayando que la Policía "no persigue al PP ni a ningún otro partido". "La policía es profesional y no va a dejarse llevar por los colores de un partido u otro", ha añadido.
Sin embargo, Martín ha afirmado que en la Policía "hay puestos políticos con complementos interesantes, sueldos altos y otras prebendas" que "por contentar al ministro o al político de turno toman una decisión u otra" ya que "si no hacen lo que al político le gusta pueden ver en peligro su puesto". Asimismo, Martín ha querido recordar que "no se investiga a la gente de forma gratuita" y ha subrayado la obligación que tiene la Policía de investigar cualquier indicio de delito.
El representante policial también ha señalado que hay que desvincular estas actuaciones de "la labor profesional y real de los que día a día dan la cara en la calle para mantener la seguridad pública con los pocos medios que hay". "Siempre intentamos actuar con diligencia pese a los recortes que nos hacen", ha concluido.
El ex líder de CCOO, que no votó la reforma laboral debido a sus antiguas lealtades sindicalistas, no ha estado solo en su rebeldía, aunque la suya molestara mucho en la dirección del grupo.
Son varios los diputados socialistas que se han hecho notar en este curso por sus críticas internas en las reuniones del grupo. Y aunque entre los parlamentarios haya sindicalistas destacados –como la diputada por Barcelona y miembro de UGT Isabel López i Chamosa-, quienes más ásperos se han mostrado han sido los diputados de la corrienteIzquierda Socialista: Manolo de la Rocha y Juan Antonio Barrio de Penagos, madrileños, y José Antonio Pérez Tapias, granadino.
A estos diputados, críticos con el abandono de las posiciones socialdemócratas por parte del PSOE, se les ha añadido puntualmente Herick Campos, alicantino, “lermista”, antiguo secretario general de las Juventudes Socialistas. Campos, que apoyó a Bono contra Zapatero en el año 2000, se ha mostrado crítico, no tanto con la línea ideológica del partido, como con los fallos de comunicación y pedagogía de las políticas adoptadas por el Gobierno.El confidencial
Blanco baraja una tasa por el uso de autovías
Los camioneros amenazan con la huelga si Fomento aplica su 'peaje'
Los camioneros barajan recurrir a la huelga si el Ministerio de Fomento cumple sus eventuales planes de aplicar una tasa al transporte pesado por el uso de las autovías.
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), Julio Villaescusa, no cerró la puerta a una posible huelga si el ministro de Fomento, José Blanco, incumple el compromiso del Gobierno de no gravar al sector.
"Se comprometieron a no aprobar una tasa al transporte de mercancías. Va a haber una reacción que puede ir desde el enfado hasta el paro", advirtió el líder de la patronal del transporte en declaraciones a Europa Press, en alusión al acuerdo alcanzado con el Gobierno para poner fin a la huelga que los transportistas secundaron en junio de 2008.
Villaescusa se resignó a que el Ministerio focalice la recaudación fiscal en los transportistas, si bien aventuró que este impuesto indirecto que estudia Blanco también se puede extender al transporte de pasajeros. "Nos han elegido a los transportistas de mercancías como los recaudadores, pero primero serán las mercancías y luego los viajeros", vaticinó. En este sentido, reclamó un reparto "más equitativo", al tiempo que arremetió contra el departamento dirigido por Blanco, al considerar que actúa con "alevosía y nocturnidad", pues la tasa para las autovías podría decidirse en agosto.
Según recoge hoy el diario El Mundo, Fomento estudia cobrar a los transportistas de mercancías pesadas unos 10 céntimos por kilómetro, con el fin de recaudar alrededor de 3.000 millones de euros al año que sirvan para aliviar las maltrechas cuentas del Estado.