SEGÚN DENUNCIAN VOCALES DEL CONSEJO
La defensa de Garzón “intenta amedrentar” al Supremo y al CGPJ.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (Efe).
En el momento de mayor debilidad de su carrera, Baltasar Garzón ha vuelto a demostrar su capacidad para revolucionar el ámbito judicial. La campaña en defensa del juez estrella se ha convertido en las últimas semanas en un asedio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al magistrado Luciano Varela y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Así lo denunciaron a este diario diversas fuentes del CGPJ y de la judicatura, que lamentaron lo que consideran es un “intento de amedrentar” a los órganos judiciales.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el último episodio de esta batalla para salvar a Garzón del banquillo fue la dimisión a medias de su abogado, José Manuel Gómez Benítez, que abandonó la comisión del CGPJ encargada de los nombramientos. No obstante, continúa como vocal del Consejo, donde podrá seguir defendiendo a su cliente habitual, disfrutando de coche oficial y de los 6.000 euros netos de salario. En su escrito de renuncia, Gómez Benítez aludió a la “devaluación de la función de la comisión calificadora impuesta por algunos vocales ajenos a la misma procedentes de las dos asociaciones más representadas en el Consejo”.
Una clara referencia a Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior y miembro de Jueces para la Democracia; y al conservador Manuel Almenar, de la Asociación Profesional de la Magistratura. Y es que la batalla habitual por colocar en puestos de responsabilidad a candidatos afines a cada bloque ideológico ha acabado contaminándose con el caso Garzón. Según fuentes cercanas al CGPJ, Gómez Benítez ya había amenazado con dimitir hace meses, pero la más que probable inhabilitación de Garzón le ha podido hacer perder las formas. “Se ha ido corriendo a llorarle a El País en lugar de hablar con sus colegas del Consejo”, criticaron estas fuentes, que recordaron que este abogado fracasó en 2009 en su intento de aupar a Garzón a la presidencia de la Audiencia Nacional.
En efecto, Robles y Almenar son los pesos pesados del bloque progresista y conservador, ambos tienen una buena relación personal y forman parte de la Comisión Permanente que decidirá si se suspende al magistrado de la Audiencia Nacional, a punto de sentarse en el banquillo por prevaricación. El CGPJ inició en enero el proceso para inhabilitar temporalmente a Garzón ante los indicios de delito encontrados por el Supremo en la instrucción de los crímenes del franquismo y en el dinero que solicitó a Emilio Botín para dirigir unos cursos en Nueva York. “Desde entonces El País ha arremetido duramente contra este órgano. Nunca se había dado una apertura a cuatro columnas a un asunto interno de una comisión del Consejo”, denunciaron fuentes próximas al CGPJ.
Contra el Tribunal Supremo
El instructor de la querella contra Garzón, Luciano Varela, y el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, también han sido objetivo de la estrategia en defensa del juez estrella. Precisamente, el CGPJ archivó ayer una denuncia de las asociaciones de memoria histórica contra Saavedra. Estos colectivos alegaron sin resultado que el magistrado debería haberse abstenido en la causa contra Garzón, ya que previamente habían reclamado su recusación.
Asimismo, Varela, de acuerdo con las fuentes consultadas, ha tenido que soportar una intensa campaña mediática en su contra por haber recomendado el enjuiciamiento del famoso juez de la Audiencia Nacional. “Se está tratando de amedrentar a aquellos que tienen que ver con la causa de Garzón, pero no lo van a lograr. Si la Sala de lo Penal decide que hay que juzgar a Garzón se tratará de una decisión compartida, difícilmente influenciable. Lo mismo sucederá en el Consejo, porque es un órgano colegiado”, señalaron fuentes del CGPJ.
Ruptura en el CGPJ
Por otra parte, el caso Garzón ha puesto en evidencia el desacuerdo que reina en el seno del CGPJ. “El consenso está completamente roto”, aseguraron fuentes del sector progresista, donde existe, a su vez, otro enfrentamiento: por un lado, los que respaldan a Robles y, por otro, sus críticos, que le acusan de buscar acuerdos con los conservadores para enchufar a sus amigos en los cargos importantes.
La división en Jueces para la Democracia se remonta años atrás, pero el liderazgo de Robles en el CGPJ ha reabierto las heridas. “Es cierto que es una mujer resolutiva, y que tiene un olfato político que no tienen otros juristas, pero también que es una de las vocales que más horas dedica. De esta forma, y con su buena relación con el sector conservador es como ha conseguido imponer su criterio en muchas ocasiones”, explicaron las fuentes consultadas. Pero lo cierto es que la pugna interna está teniendo consecuencias: los tribunales superiores de País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña todavía no tienen nuevo presidente. Fuente el confidencial
