El magistrado instruye algunos de los casos más relevantes que se están investigando en la Audiencia Nacional.
MADRID- ¿Qué tienen que ver los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta con el presunto capo de la mafia rusa Gennadios Petrov? ¿Y el ex portavoz batasuno Arnaldo Otegi con el que fuera ministro marroquí de Interior Dris Sbai? ¿Y los tres mandos policiales imputados por un supuesto «chivatazo» a ETA con el ex jefe militar de la banda Garikoitz Aspiazu «Txeroki»? Por distintos motivos, el futuro judicial de todos ellos está en manos del juez Baltasar Garzón, sobre el que se cierne ahora la sombra de la suspensión tras convertirse en el primer magistrado en afrontar tres querellas por su actividad judicial.
Corrupción y sellos
La salida de Garzón de la Audiencia Nacional –donde, salvo un paréntesis de año y medio en Nueva York por una licencia por estudios, ha sido protagonista indiscutible en las últimas dos décadas– no sólo dejaría a este tribunal huérfano de su juez más mediático, sino que obligaría a su sustituto a hacerse cargo de un buen número de asuntos de indudable repercusión.
Del «caso Pretoria» contra la corrupción en Cataluña, pasando por la investigación a la mafia rusa asentada en España y la supuesta estafa de los sellos de Forum Filatélico. Del «comando Vizcaya» a los intentos abertzales por reflotar la ilegalizada Batasuna, el soplo que alertó a ETA de una operación policial contra su «aparato de extorsión» o el pago de los empresarios a los terroristas. Todos estas causas están en la actualidad sobre la mesa del magistrado. Como las investigaciones acerca de torturas en Guantánamo y las denuncias por la represión marroquí en el Sahara, ambas notoriamente incómodas para los intereses del Gobierno, nada proclive ahora a incomodar a EE UU, tras recuperar la sintonía con la Casa Blanca, ni a abrir la caja de los truenos con el reino alauí (y menos aún después de los sudores diplomáticos que requirió cerrar el «caso Haidar»).
Pero todas estas investigaciones podrían cambiar de manos si, finalmente, Garzón es suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a cuenta de cualquiera de las tres querellas a las que se enfrenta. Los cobros por sus cursos en Nueva York, la instrucción de la causa de los desaparecidos de la Guerra Civil y las escuchas en la cárcel de las conversaciones de los cabecillas del «caso Gürtel» con sus abogados son las tres «cruces» de Garzón, las que han situado al magistrado (acostumbrado, a lo largo de su carrera, a hacer equilibrios sobre el alambre) en una situación insólita que puede apartarle de su puesto en la Audiencia Nacional.
Llegado ese momento que, sin duda, marcaría un antes y un después en el devenir de la Audiencia Nacional, ¿quién se haría cargo de las investigaciones en marcha?
Lo que dice la ley
El sustituto natural de Garzón cuando éste se encuentra de permiso o de baja es su compañero Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 1, quien debería hacerse cargo de estas causas, si se produce la suspensión, hasta que saliera a concurso la plaza en comisión de servicios por un periodo de seis meses (prorrogable en función del devenir judicial del querellado).
¿Y después, qué? La Ley Orgánica del Poder Judicial es muy clara al respecto. La suspensión de un magistrado, reza su artículo 365, «tendrá carácter definitivo cuando se imponga en virtud de condena». Además, cuando el juez sea apartado del servicio durante más de seis meses, añade la normativa, «implicará la pérdida del destino», lo que acarrea «la privación de todos los derechos inherentes a la condición de juez».
En este último caso, la plaza saldría a concurso otra vez para designar al nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Cumplida la suspensión, el magistrado se vería obligado por ley «a participar en
