El Gobierno crea el organismo público número 260 mientras predica austeridad.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso (Efe).
El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) al que ayer dio luz verde el Senado tendrá el dudoso honor de ser el organismo de titularidad pública número 260 que mantiene el Estado vía Presupuestos. Eso a pesar de que el Gobierno aprobó en enero un plan de austeridad para los próximos tres años con el que pretende ahorrar 50.000 millones a través de políticas como adelgazar el sector público empresarial. Más allá de la declaración de intenciones, a la primera ocasión el Ejecutivo se ha negado a incluir el CEMA dentro de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), como pedían los grupos parlamentarios para ahorrar.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, dio precisamente ayer explicaciones sobre la creación del Consejo y dejó claro que no supondrá un coste adicional para el Estado, ya que sus funciones coinciden con algunas que se realizan actualmente en su departamento. “¿Es que el organismo se va a crear en el mismo Ministerio? Es de suponer que tendrá una sede. Y también una plantilla. Es más, debe estar compuesto por nueve consejeros, según recoge la Ley General Audiovisual”, se recuerda sotto voce desde el Partido Popular. El presupuesto de la CMT se eleva en el presente ejercicio a 36,6 millones de euros.
Según datos procedentes de los propios Presupuestos, los diferentes ministerios cuentan con 69 organismos autónomos dependientes, a los que cabe añadir siete agencias estatales y otros ocho organismos públicos. En total, 84 entidades. El sector público administrativo añade otros 15 a la lista, a las que hay que sumar 11 consorcios y comisiones nacionales de fondos públicos. Ahora bien, la parte del león recae en el sector público empresarial, que suma 101 sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. Las 48 fundaciones estatales completan la lista.
“No se trata tanto de eliminar entidades por eliminarlas, sino de auditar su eficiencia, para ver cuántas siguen teniendo el mismo sentido que cuando se crearon”, se apunta desde el PP. Es más, si se tienen en cuenta todos los entes de titularidad pública vivos a 31 de diciembre de 2009, la cifra se eleva hasta los 474, según los datos que facilita el Ministerio de Economía a través de la Intervención General del Estado. El inventario duplica el número de sociedades mercantiles.
Las cifras avalan ese esfuerzo de contención. El Presupuesto de los organismos autónomos para 2010 se eleva a 57.627,3 millones, lo que supone un alza del 24,6% respecto a 2009. Aunque el aumento de la dotación para prestaciones por desempleo distorsiona la comparación, aún sin ese extra la aportación sube, en concreto un 0,9% en plena crisis. Todo sin contar con la constelación de entidades que se suman desde las administraciones territoriales.
Contra los grupos en el Congreso
La decisión sobre el CEMA no deja de tener un carácter simbólico. Las diferentes formaciones políticas ya cuestionaron en la tramitación de la Ley Audiovisual en el Congreso la necesidad de crear un organismo nuevo cuyas funciones podían ejercerse en el seno de la CMT. Lo consideraban un despilfarro y una innecesaria duplicidad de instituciones. El apoyo de CiU en la Cámara permitió al Ejecutivo sacar adelante la propuesta, aunque los nacionalistas catalanes tampoco estaban convencidos de la medida. De hecho, su portavoz, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró que su grupo “optaba por un modelo distinto al del que opta el Gobierno en cuanto a la creación de un CEMA convergente y ligado a la CMT”. Finalmente claudicó.
Entre las entidades que los Presupuestos financian se encuentran algunas tan variopintas como la Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, La Almoraima S.A., el Consorcio Valencia 2007 o la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. El diputado popular, Miguel Ángel Cortés, que aludió ayer a la existencia de esos 260 organismos en una pregunta a Sebastián en el Congreso, también mostró su incomprensión con que el flamante Consejo de Medios recaiga bajo la tutela de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y no del propio ministro de Industria.
El planteamiento del Ejecutivo para reducir el déficit público al 3% en 2010 pasa por un plan de acción inmediata para 2010 que obligará a los ministerios a presentar antes del 1 de marzo una reducción del gasto presupuestado en un 0,5%. Además, se plantea un plan de austeridad 2011-2013 “que afectará a todas las partidas, excepto a pensiones, prestaciones por desempleo y ayudas a la dependencia, educación e I+D+i, con un impacto equivalente al 2,6% en el período”. En plan de reestructuración del gasto público debería tocar de lleno al sector público empresarial. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido en la necesidad de que las comunidades autónomas contribuyan en la contención del gasto.
El Senado dio ayer luz verde a la Ley General de Comunicación Audiovisual con los votos a favor del PSOE, CiU y Coalición Canaria. El PNV, sin embargo, decidió a última hora votar en contra del proyecto, debido a una enmienda pactada por el resto de grupos para eliminar la obligación que actualmente tienen los operadores de poner sus cadenas en abierto en plataformas de cable o satélite gratuitamente, lo que se conoce como must carry. En virtud de la enmienda introducida en la futura Ley, sin embargo, esta obligación se limita a TVE y a las televisiones públicas autonómicas, mientras que las cadenas privadas tendrán derecho de negociar una contraprestación económica con las plataformas de satélite o de cable a cambio de sus canales en abierto, informa Ep.
