Radios libres: 30 años de lucha por la frecuencia
“Exigimos la creación de un registro de frecuencias que impida que la libertad de emisión quede reducida a la libertad de posesión de los medios técnicos más potentes y que impida la infiltración de radios con fines lucrativos”. La demanda forma parte de un manifiesto que Ona Lliure, Contrarràdio y La Campana de Gracia, pioneras en el movimiento de radios libres, hicieron público en junio de 1979, pero podía haber sido redactada hoy. Desde hace más de 30 años, las emisoras comunitarias luchan por obtener un reconocimiento legal y frecuencias estables en la FM, ya que el vacío existente, en palabras de Mariano Fernández Cabarcos, de la coruñesa Radio Cuac, “nos hace vulnerables ante intrusiones en el espectro, mina nuestro reconocimiento social, limita nuestra capacidad de interlocución, dificulta la financiación y nos invisibiliza”. Si bien es cierto que se ha superado el tiempo en que el Estado respondía al pujante movimiento de radios libres con el secuestro de equipos, cuantiosas multas y el cierre de estudios, la viabilidad de estos medios sigue sin estar garantizada. El artículo 32 del proyecto de Ley General Audiovisual (LGA) que en estos momentos se debate en el Senado, reconoce por primera vez la función social de los “servicios comunitarios sin ánimo de lucro”, indicando que el Estado deberá “garantizar la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios”.
- LE CORBEAU
A expensas de las Autonomías
Aunque todas las radios libres entienden este hecho como un paso histórico, para muchas la norma resulta insuficiente. “El problema es que su desarrollo queda a expensas de las Autonomías, lo que no garantiza nada”, sostiene Miriam Meda, de Radio Ritmo de Getafe (Madrid) y portavoz de la Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC), que agrupa a más de 30 proyectos. “Queremos una reserva garantizada, un porcentaje del espacio radioelécrico en cada concurso de licencias”, resume. Las diferencias entre comunidades son enormes. “En un extremo –indica Meda– está Cataluña, que ha anunciado la creación de una ley específica para los medios comunitarios, y en el otro Madrid, que en su último decreto de concesión de licencias anuló la categoría de emisoras culturales”, un hecho que fue denunciado por la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM) y que ha sido reconocido por los tribunales. Mientras Andalucía o Galicia disponen de normas que reconocen la existencia de los medios comunitarios pero no hacen nada para apoyar su actividad, en Aragón, las cinco radios libres existentes mantienen una relación fluida con la Administración regional, lo que les ha permitido disponer desde 2005 de un espacio fijo en el dial. “Nosotros ya estamos pensando en el día después de la aprobación de la LGA”, sostiene Javier Serrano, un veterano de la zaragozana Radio Topo, consciente de que la norma autonómica que desarrolle la ley marco sólo podrá mejorar ésta. La LGA llega un momento de bonanza para las radios libres. Tras la crisis de finales de los ‘80 y ‘90, en la que, bañadas por el reflujo de los movimientos sociales que las atraviesan, desaparecieron decenas de emisoras, en la actualidad viven un repunte de su actividad e incidencia, algo que se ha multiplicado gracias al uso de internet y de las nuevas tecnologías. “El movimiento que reivindica el derecho de la sociedad a comunicarse sin voluntad de negocio está ganando terreno”, asegura el histórico activista de Tas-Tas Irratia (Bilbao) Mikel Estarrona, para quien, a pesar del avance de la radio online, sigue siendo esencial la lucha por el espacio radioeléctrico, un lugar “que como los montes y los ríos no puede ser del Estado ni de los privados, sino de la ciudadanía”. En la misma línea, Rocío Santos, de Onda Color (Málaga), afirma que “internet ofrece múltiples beneficios para las radios comunitarias, pero no hay que olvidar que la alfabetización digital no está tan extendida y que todavía hay muchos usuarios que sólo usan la recepción tradicional”. Más allá de la capacidad de emisión, internet ha permitido mejorar de manera exponencial la coordinación y el intercambio de recursos entre las radios libres del Estado, que en territorios como Galicia, Euskadi, Catalunya, Aragón y Madrid, se encuentran agrupadas en redes. No todas las emisoras alternativas forman parte de estos espacios formales de ámbito regional, de igual forma que la ReMC no representa a la totalidad de las radios del Estado. Hoy, como hace 30 años, la pluralidad y la autonomía son norma en un movimiento que coloca a la gente, y no al negocio, en el centro de su actividad comunitativa.
En defensa de lo público
El 9 de febrero, los sindicatos de los medios audiovisuales y la Red Estatal de Medios Comunitarios se concentraron a las puertas del Senado para reclamar mejoras en la nueva Ley General Audiovisual, que en estos momentos se debate en la Cámara Alta. Los manifestantes demandaron la inclusión de medidas para el “mantenimiento del empleo estable y de calidad”, que se garantice el carácter público de los entes autonómicos e iniciativas que aseguren la viabilidad de las emisoras comunitarias, entre otras cosas.
DESDE EUSKADI
Euskadi siempre ha acogido el movimiento de radios libres más fuerte del Estado. Su coordinadora llegó a contar con más de 50 emisoras en los ‘80, una unión que hizo frente a los cierres gubernamentales. Paradójicamente, la mayor parte de estas radios desaparece en los ‘90, cuando la Administración se vuelve más permisiva. En 1992, con el mismo espíritu participativo y de denuncia pero buscando mayor calidad informativa, una docena de activistas de radios desaparecidas crean Tas Tas Irratia, que a día de hoy emite para todo el Gran Bilbao, llegando al 90% de la población vizcaína. Al margen de una decena de pequeños proyectos, el panorama actual está atravesado por otras dos radios de gran incidencia: Hala Bedi, en Gazteiz, y Eguzki, en Iruña-Pamplona.
