La Policía afirma que el ex edil de Urbanismo hacía 'la vista gorda'
«Este concejal hace la vista gorda ante conductas claramente ilegales». Así de contundentes son los investigadores de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en su informe sobre el que fuera concejal de Urbanismo de Estepona, Rafael Duarte, incluido en el tomo XVII del sumario del caso 'Astapa'.
Según los investigadores de la Policía Nacional, Rafael Duarte, cuarto teniente de alcalde por el PSOE y concejal de Urbanismo e Infraestructuras cuando se desarrolló la operación Astapa, en junio de 2008, participó en la firma de numerosos convenios, en los que era «procedimiento habitual» el adoptar «decisiones arbitrarias en función de interés particular o de terceros».
Entre esos convenios figuran los suscritos en torno al Cortijo de Enmedio, el convenio de Lasa, el de Parque Central o el de Cortijo Casareño, según relaciona la UDEF en su informe. En este sentido, la Policía afirma categóricamente que Duarte «falta a la obligación que tiene por el cargo que ostenta de denunciar estas irregularidades».
Como concejal de Urbanismo, los investigadores consideran que Duarte era conocedor de todas las valoraciones que se llevaban a cabo en la localidad, así como de las irregularidades cometidas en el área municipal de Urbanismo. Entre los ejemplos enumerados por la Policía figuran los de las valoraciones de La Galera y Velerín, donde las tasaciones fueron tan dispares que el propio Duarte comentó al entonces alcalde, Antonio Barrientos, que de conocerse el contenido de las valoraciones se produciría un enorme «escándalo».
La dinámica empleada en el Ayuntamiento consistía en que «las promotoras realmente pagaban a valor de mercado, pero la diferencia, y por tanto el perjuicio para el Ayuntamiento, iba para el bolsillo de unos pocos», según asegura la Policía, basándose en las manifestaciones del propio concejal.
Además, Duarte sería conocedor también de la forma de financiación de las concejalías del Ayuntamiento, consistente en que los empresarios con intereses urbanísticos en convenios de la localidad, «en función de la magnitud del favor a solicitar» realizaban aportaciones económicas, que según la Policía «no son otra cosa que contraprestaciones por las resoluciones arbitrarias que los concejales y funcionarios competentes hayan podido cometer».
Los agentes ponen de relieve la sospecha de que existan contrataciones irregulares del personal del Ayuntamiento, práctica de la que también habría sido conocedor el ex edil de Urbanismo, sin tomar medida alguna al respecto. Existieron, según la Policía, «numerosos casos» de exigencia de pago de comisiones para realizar actuaciones desde el Ayuntamiento de Estepona, y que Duarte era conocedor de este tipo de comportamientos.
La Policía reconoce que Duarte se opuso a diversas operaciones y contratos que vulneraban la legalidad, pero agrega que «se observan casos en los que él mismo comete esas irregularidades», como cuando el alcalde, Antonio Barrientos, «le abona periódicamente cantidades en concepto de productividad», o como cuando se solicitaban desde Urbanismo donaciones a empresarios con intereses urbanísticos en la zona.
