Competencia pone contra las cuerdas a los grupos de transporte de autobús
Publicado el 06-04-2010 , por C. Morán
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) hizo públicos ayer dos informes contundentes que ponen en entredicho el modelo de transporte regular de viajeros por carretera, el valor de los activos y la rentabilidad de las empresas del sector.
Según el organismo presidido por Luis Berenguer, el sistema elegido por el Ministerio de Fomento para renovar las concesiones de autobús de titularidad estatal y el modelo de prórrogas adoptado por la mayor parte de las comunidades autónomas son “perjudiciales sobre la competencia” porque no benefician al consumidor. La CNC está dispuesta actuar.
La CNC es especialmente dura con la normativa autonómica, que considera contraria a la legislación comunitaria, por lo que “se reserva la posibilidad de emprender las medidas que considere oportunas de cara a instar la corrección de las mismas”. El supervisor del mercado amenaza con actuar contra todas las leyes regionales, vigentes en Madrid, Cataluña y Valencia, entre otras, que han prorrogado los plazos de explotación de las líneas de autobuses por un máximo de 15 años.
Los empresarios consultados aseguran que la posición de la CNC puede tener consecuencias negativas sobre las inversiones comprometidas y sujetas a esas prórrogas. Además, advierten que esta línea de actuación podría poner en entredicho alguno de los últimos movimientos corporativos en el sector.
El más reciente se produjo el pasado mes de enero, cuando el grupo Avanza, controlado por el fondo Doughty Hanson, compró a Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual dos concesiones de autobús en la Comunidad de Madrid. En concreto, Avanza adquirió el servicio de transporte de viajeros que une Madrid con las localidades de Parla (110.000 habitantes) y Getafe (165.000 habitantes).
El comprador se comprometió a invertir 30 millones de euros para la mejora de la flota de autocares y a la implantación del Sistema de Ayuda a la Explotación por Satélite (SAE) amparándose, entre otras cuestiones, en la ampliación el plazo de explotación que ahora amenaza la CNC.
Competencia ya ha tomado cartas en el asunto. “El consejo de la CNC ha hecho llegar un primer requerimiento a la Comunidad Valenciana para que modifique su normativa”. Si en el plazo de un mes no es atendido el requerimiento, “se abriría la vía para que pudiera impugnar dicha regulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa”. No se trata de una medida excepcional, ya que en el mismo informe, el supervisor advierte que “se están analizando también casos similares en otras comunidades autónomas”.
El Gobierno valenciano aprobó una ley en 2008 que permite ampliar el plazo de explotación de los servicios regionales hasta 2023 a condición de cumplir con unos compromisos de modernización. Otras catorce autonomías han adoptado reformas similares.
Además de actuar en los tribunales nacionales, la CNC ha elevado el asunto hasta Bruselas. “La CNC pondrá en conocimiento de la Comisión Europea el presente informe a los efectos de que pueda adoptar medidas en relación con el posible incumplimiento del derecho comunitario que suponen estas leyes autonómicas”, subraya el informe.
El supervisor del mercado tampoco deja en buen lugar al Ministerio de Fomento y al modelo que eligió en 2007 para sacar a concurso los corredores que habían finalizado su plazo de explotación.
Según la CNC, el protocolo que pactó el departamento que dirige José Blanco con los empresarios y los sindicatos , y su posterior revisión, “sigue resultando altamente insatisfactorio desde el punto de vista de la competencia”. El organismo recomienda eliminar de los concursos las preferencias de los actuales concesionarios en el caso de igualdad en las ofertas, dar mayor puntuación a las tarifas y respetar los plazos de explotación.
