DESVELA NEGLIGENCIA EN EL USO DE LAS GRABACIONES
El Tribunal de Madrid compara las escuchas de Garzón con métodos de “tortura”.
Garzón atiende a los medios (Efe).
Baltasar Garzón recibió ayer dos malas noticias que comprometen su continuidad en la carrera judicial. El Supremo dio un paso más para sentarle en el banquillo por el caso de la memoria histórica, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló las escuchas practicadas en prisión a los imputados del caso Gürtel cuando conversaban con sus abogados. La dureza de este auto, que compara los pinchazos con la “tortura”, y que desvela graves negligencias en el control de las grabaciones, supone un severo correctivo a la instrucción de Garzón.
El Supremo ya había observado indicios de delito en la orden del magistrado para intervenir las comunicaciones de los presuntos cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez) y sus letrados. La anulación de estas escuchas, según fuentes jurídicas, no supone una prueba de cargo contra Garzón, pero sí una rotunda evidencia en su contra. De hecho, los magistrados del TSJM Francisco Vieira y Emilio Fernández de Castro han proyectado en el auto nuevas sombras sobre la actuación del juez de la Audiencia.
Garzón, a partir del 27 de marzo de 2009, no precisó si se prorrogaba o detenía la intervención de las comunicaciones, por lo que se desconoce si “esas conversaciones continuaron grabándose y transcribiéndose”. Los magistrados del TSJM aseguran que “se ignora para qué se utilizaron, si sobre ellas se ejercitó alguna clase de supervisión judicial e, incluso, a disposición de quién quedaron”.
“La medida vino a crear, en realidad, una situación de harto mayor descontrol que la preexistente y su prórroga, por cuanto que si la transcripción de las escuchas no tuvo ya ningún reflejo en las actuaciones, difícilmente pudo encontrar su justificación en el propio proceso incoado y, menos aún, pudo servir de fundamento legítimo para cualquier actuación”, destaca el auto. Una afirmación demoledora que se une a otras como la comparación de las escuchas generalizadas con la “confesión forzada del culpable a través de la tortura”, que, según el TSJM, “permitiría el renacer, en cierto modo, ese método inquisitorial”.
Más cerca del banquillo por la memoria histórica
Por otra parte, el Supremo decidió no archivar la causa contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, despejando así la vía para sentarle en el banquillo por prevaricación. El Alto Tribunal considera que la instrucción contra el magistrado “contiene una muy técnica y bien construida motivación”, tanto desde el punto de vista de los hechos, obtenidos “en su práctica totalidad de los testimonios documentales”; como desde el punto de vista de los fundamentos de derecho: “Una síntesis completa de la doctrina jurisprudencial sobre el tipo de prevaricación judicial”.
El Supremo no entra a valorar el fondo del asunto, puesto que no le corresponde en este momento del proceso, sino que se limita a constatar que “no parece que falte el presupuesto necesario para sustentar una acusación razonable” contra el juez estrella. Ahora, el instructor Luciano Varela debe decidir si abre juicio oral, y si admite las pruebas de Garzón, entre ellas, la declaración como testigos de juristas extranjeros defensores de la Justicia Universal.
Garzón insistió ayer en su “inocencia absoluta” por haber aplicado una interpretación “de unas normas que son defendidas no sólo por mí, sino por muchos otros juristas”. Antes de pronunciar una conferencia en Sevilla, el magistrado aseguró que no teme sentarse en el banquillo de los acusados, a pesar de que “algunos se alegrarían”, y volvió a reclamar una respuesta del Estado a las víctimas de la represión franquista. Donde no hubo reacción fue en el Consejo General del Poder Judicial, que sigue esperando a la decisión que tome el Supremo para suspender cautelarmente a Garzón.
