Economia plantea revisar la subida a los funcionarios
El secretario de Estado de Hacienda no garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos para los dos próximos años
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, puso ayer en cuestión el acuerdo suscrito entre Gobierno y sindicatos el pasado 25 de septiembre, por el que el Ejecutivo se comprometía a mantener el poder adquisitivo de los 2,7 millones de funcionarios durante la presente legislatura. Un pacto que la propia vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, garantizó en una reunión que mantuvo la pasada semana con los representantes sindicales de la Función Pública.
«Lo que firma una vicepresidenta no puede ser cambiado por un secretario de Estado», afirmó ayer Enrique Fossoul, delegado de Comisiones Obreras, en respuesta a las declaraciones efectuadas por Ocaña en las que éste advertía de que está sobre la mesa la revisión del acuerdo salarial de los empleados públicos, con el fin de asegurar una rebaja del 4% en el gasto de personal para 2013.
El convenio firmado fijaba para este año un incremento del 0,3% sobre la masa salarial, subida que costará 50 millones de euros. Los incrementos para 2011 y 2012 se negociarán entre los signatarios del pacto en función de la evolución del índice de precios al consumo, la previsión de crecimiento económico, la capacidad de las cuentas del Estado y la valoración de la productividad; si bien, el poder adquisitivo de los empleados públicos quedaba garantizado por las cláusulas de revisión, que establecen que el 1 de enero de 2012 se ajustarían los posibles desvíos entre la subida inicial y el aumento de los precios de los dos años anteriores. Esa revalorización de 2012 tendría lugar al ejercicio siguiente.
Sin embargo, el secretario de Estado de Hacienda apela ahora al plan de austeridad que su departamento aplicará desde este mismo año y hasta 2013 para recordar que el Ejecutivo tiene previsto lograr una reducción del 4% en el volumen total de retribuciones de los funcionarios, mediante el ajuste de la tasa de reposición de personal y la contención de los incrementos salariales.
Este año, garantizado
Ocaña hizo hincapié en que para obtener esa reducción el principal instrumento será cubrir sólo una de cada diez vacantes que se produzcan en la Administración -el acuerdo firmado contempla que serían 15 de cada cien-, pero también señaló que los salarios deberán adaptarse a ese objetivo de reducción del capítulo del gasto de personal. El alto cargo del Gobierno aseguró que el incremento salarial del 0,3% para este año estaba garantizado, pero de sus palabras se desprende que la congelación salarial planea sobre los empleados públicos para los dos ejercicios siguientes.
El Ministerio de Economía reconoce que el mensaje de Ocaña está en sintonía con las recomendaciones de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Esta corporación -el brazo industrial del Estado- admite que el acuerdo de los empleados públicos no es fácil de encajar con el objetivo de ahorrar 50.000 millones de euros en tres años para devolver el déficit al límite del 3% que impone la Comisión Europea.
Sorpresa en los sindicatos
Los sindicatos CC OO, UGT y CSI-CSIF, firmantes del acuerdo para la Función Pública 2010-2012, recibieron con sorpresa estas declaraciones y aseguraron que el Gobierno no les había trasladado en ningún momento tener intención de romper el pacto. Dirigentes de las tres centrales instaron al Ejecutivo a mantener «una sola voz» ante la ciudadanía y advirtieron de que «tanta incertidumbre no contribuye a la seriedad que debe tener un país en un momento como este».
Según explicaron fuentes de Comisiones, los representantes de los tres sindicatos mantuvieron la semana pasada una reunión con María Teresa Fernández de la Vega, quien se comprometió a cumplir el citado acuerdo. Además, la vicepresidenta les trasladó su intención de explicar públicamente la situación y disipar dudas e incertidumbres el próximo 2 de marzo en el Congreso de los Diputados.
Para Julio Lacuerda, de UGT, las declaraciones de Ocaña suponen «un torpedo a las cláusulas de revisión», fórmulas que, en su día, fueron «prodigadas por el propio presidente Rodríguez Zapatero». Además, añadió que si se lleva a cabo la modificación, el Gobierno «se apeará del pilar del acuerdo», ya que los funcionarios asumieron la contención de los salarios «para contribuir a mejorar el país y superar la crisis».
Domingo Fernández, presidente de CSIF, aseguró que su organización «está muy tranquila» porque la vicepresidenta «lo va a respetar y jamás nos ha dicho que no se vaya a cumplir».
Por su parte, Enrique Fossoul, de CC OO, manifestó que no tiene sentido la objeción mostrada por Ocaña, puesto que en septiembre, cuando se firmó el acuerdo, «ya se conocían las cifras macroeconómica, o al menos a nosotros nos las adelantaron».
Respecto a la tasa de reposición, que en el pacto se recoge que en 2010 sea de 15 por cada cien bajas, los tres sindicalistas coincidieron en señalar que el porcentaje final se negociará en la Mesa General de la Función Pública. No obstante, el ugetista Lacuerda, muy crítico, instó al Ejecutivo a prescindir de «las plazas que se presupuestan y nunca se cubren», puesto que según denunció, ese dinero sirve para «pagar productividad de altos cargos y otros gastos similares».
