Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón liberó al sindicalista Rafael Díez Usabiaga después de acusarle de liderar la formación de un “polo soberanista” como destacado miembro de ETA. En el auto de procesamiento que Garzón emitió el pasado 25 de enero contra los miembros de Bateragune (comité de dirección del entramado etarra), Usabiaga aparece como uno de los estrategas que, siempre al servicio de la banda asesina, estaban urdiendo otro “proceso de negociación” política con el Estado. Tres meses después, el pasado lunes, excarceló al proetarra para que cuide de su madre enferma.
Sin solución de continuidad y sin una explicación demasiado plausible, el juez ha dejado en la calle al hombre que, según sus propios argumentos, se movía conforme a “una decisión previa de ETA”. Usabiaga fue uno de los mayores defensores del fallido proceso de paz y ahora se le considera el líder del sector más posibilista de ETA-Batasuna. Con un alborozo no disimulado, en medios abertzales se apunta que el ex líder del sindicato LAB ha recobrado la libertad “para hacer política”.
Resulta cuando menos curioso comprobar qué responsabilidades atribuyó Garzón a Usabiaga en el citado auto del pasado mes de enero. Tras analizar un documento que ETA dirigió a Bateragune (organización liderada por Usabiaga y Otegui), Garzón concluye que existe “un claro vínculo entre ETA y las ‘apuestas políticas’ contenidas en el documento de planificación para el conjunto organizativo de la izquierda abertzale en el periodo marzo-junio de 2009, elaborado por el Bateragune, y por otra parte, una vinculación evidente entre ETA y el conjunto de personas que, integradas en la ‘Comisión de coordinación’ de la Izquierda Abertzale (Bateragune), se han encargado de cumplir su contenido” (sic).
En la narración de hechos que hace Garzón en ese auto, queda clara su opinión sobre las intenciones de Usabiaga, Otegui y compañía de entablar un nuevo proceso de negociación con el Gobierno que sirva para que Batasuna vuelva a las instituciones.
En el hecho octavo, página 59, el juez afirma: “Los integrantes del ‘Bateragune’ –imputados en esta causa– elaboran una oferta para la formación del bloque soberanista que permitiría la refundación de Batasuna y una nueva correlación de fuerzas de cara a un nuevo proceso de negociación, para lo que se plantea una modulación de la estrategia ‘político-militar’, es decir, lo mismo que ETA describe en su documento de diciembre de 2008” (sic).
También en ese auto queda cristalina la importancia de Usabiaga dentro de ETA-Batasuna. Así, el juez relata cómo los principales documentos incautados en la operación contra Bateragune el pasado octubre se encontraban en el despacho que ocupaba Usabiaga en el momento de la detención. Igualmente, se incluyen varias cartas que Usabiaga habría escrito a dirigentes de ETA. Incluso, se narra, en el hecho noveno, cómo Usabiaga viajó junto a Otegui a Francia para entrevistarse con un destacado miembro del aparato político de la banda asesina.
Como ayer informó este diario, a principios de los años noventa Garzón medió en una reunión que mantuvieron el Gobierno y ETA. El juez citó en su despacho de la Audiencia Nacional al entonces números dos del Ministerio del Interior, Rafael Vera, que ocupaba la secretaría de Estado de Seguridad. Y allí le propuso una reunión con tres miembros destacados del entramado etarra: el batasuno José Luis Elkoro, el abogado de etarras Iñigo Iruin y el famoso sindicalista abertzale Rafael Díez Usabiaga. Al final, aquel encuentro se celebró en Guadalix de la Sierra, aunque las conversaciones no llegaron a buen puerto por los planteamientos del entramado etarra.
Excarcelaciones
La salida a la calle del ex líder de LAB es, sin duda, la más sonada, pero no es, ni de lejos, la única. En lo que va de año ha recobrado la libertad la práctica totalidad de la última “mesa nacional” de Batasuna. Así, Pernando Barrena, Joseba Álvarez, Joseba o Permach están en la calle, con la única prohibición, en la mayoría de los casos, de no participar en actos de carácter político.
La mayoría de estos individuos fueron detenidos a finales de 2007 en Segura (Guipúzcoa), cuando mantenían una reunión del citado órgano. Algunos de ellos ya han pasado un par de años en prisión preventiva y ahora los jueces han preferido ponerles en la calle, aunque cabía la posibilidad, sólo probable en los casos de terrorismo, de que se hubiera prorrogado su estancia en prisión preventiva. Una de las diferencias entre el caso de Usabiaga y el resto es el volumen de la fianza que tuvieron que pagar para abandonar los barrotes. Así, mientras el grueso de los batasunos pagó 50.000 euros en cada caso, el sindicalista tuvo que pagar 30.000.
No obstante, la principal diferencia es que en su caso el punto determinante era que su madre se encuentra enferma, en presunta situación de dependencia, por lo que Usabiaga debía cuidarla. Esa es la teoría, ya que en la práctica se ha demostrado opuesta. Para empezar, el Ayuntamiento de Lasarte, lugar de residencia de la familia, ha desmentido que exista un informe médico en el que se basó Garzón para decretar la excarcelación. Además, ha trascendido que el proetarra tiene otras dos hermanas que pueden ocuparse a la perfección de cuidar a la madre de la familia.
