El juez calcula que la ‘red Gürtel’ defraudó más de 116 millones
M. BATALLAS / G. ROBLES
MADRID
Antonio Pedreira, el juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se ha puesto a hacer números en las horas previas al levantamiento del secreto sumarial, previsto para el próximo lunes: según los cálculos del magistrado, a los cabecillas de la trama corrupta les corresponde una fianza global que supera los 116 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil por la deuda tributaria contraída en los últimos años y por los beneficios obtenidos del blanqueo de capitales. El miércoles, Pedreira remitió a los abogados de los principales imputados un auto por el que hace saber cuál es la cantidad que debe entregar cada uno en el plazo de un día. O sea, el sábado, puesto que el jueves y el viernes son festivos en Madrid.
Así, el cerebro de la red, Francisco Correa, tendrá que abonar 85 millones de euros, dados los delitos que se le imputan en relación al IRPF. Si no los aporta, le serán embargados bienes por ese valor. Su escudero, Pablo Crespo, deberá responder solidariamente. Por su lado, Carmen Rodríguez Quijano (esposa de Correa) tendrá que hacer frente a una fianza de 800.000 euros, y Álvaro Pérez Alonso, alias el Bigotes, a una de 650.000. Finalmente, al abogado Ramón Blanco Balín, a quien se le achaca haber capitaneado toda una estrategia de blanqueo de capitales, se le demandan 30 millones de euros.
CLAVES DE LA ORGANIZACIÓN / A la espera del levantamiento del secreto sumarial, en el auto se apuntan ya algunas claves del funcionamiento de la red. Sostiene Pedreira que Correa constituyó un conglomerado empresarial dedicado a la organización de eventos y cuyos principales clientes eran entes de la Administración pública. «Para la obtención de dichos contratos, utiliza las relaciones personales con quienes ocupan puestos de responsabilidad en dichos órganos, de tal forma que consigue los mismos sin que exista una libre concurrencia en las adjudicaciones», añade.
Además, el juez subraya que, a tenor de lo investigado, la contraprestación a la obtención de esos contratos por parte de las empresas de Correa conllevó supuestamente «compensaciones» para responsables políticos, bien «de naturaleza económica o de otro tipo, en la forma y lugar que le soliciten». De hecho, se estima que las cantidades entregadas a cargos públicos ascienden a casi tres millones.
En el auto se afirma igualmente que Correa captó proyectos inversores (adjudicación de suelo, construcción de inmuebles, obras públicas) negociando con las administraciones su concesión a compañías de su influencia, «para lo que presentaba a los concursos a empresarios afines a los que ofrecía dichos negocios, previa negociación de una compensación económica».
BLANQUEO DE CAPITALES / Conseguido el dinero, las sociedades del caso Gürtel se dedicaron a impulsar operaciones financieras ficticias, prosigue Pedreira en el escrito, a fin de intentar acreditar «una actividad con la que enjugar los ingresos ilícitos». Y para el diseño de la estructura de blanqueo de capitales requerida por Correa, el empresario dispuso de especialistas que le facilitaron el movimiento de grandes cantidades de dinero en paraísos fiscales. Al parecer, contó sobre todo con los despachos de abogados de Luis de Miguel Pérez y José Ramón Blanco Balín.
