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UNA BUENA NOTICIA

Educación suprime la obligación de hacer un ejercicio en gallego en las oposiciones de secundaria.

Las oposiciones de primaria y secundaria comenzarán a partir del próximo 24 de junio. Los sindicatos y la Administración educativa debaten esta semana las distintas órdenes que regulan este proceso selectivo, que oferta este año 967 plazas, 600 de ellas del cuerpo de maestros.
En ambos casos se mantiene la posibilidad de que los profesores que acumulen al menos seis meses de experiencia puedan sustituir una parte del ejercicio por un informe que deben entregar previamente. Se trata de una medida transitoria que incorpora la Ley Orgánica de Educación y que se mantendrá hasta el próximo curso.
Lo que no se mantiene, al menos en los borradores que la Xunta ha enviado a los sindicatos, es la obligación de realizar una de las partes de la oposición en gallego en las pruebas de secundaria. En concreto se trata de la presentación de una programación didáctica, que en primaria se hará en gallego, salvo en las especialidades de idiomas modernos. En secundaria solo se recoge esta salvedad, pero no la obligación de usar el gallego en el resto de las especialidades.

Entre Indecentes anda el juego, todos nuestra casta política un atajo de vagos y maleantes.

polémica en la cámara gallega El PSOE judicializa el fraude de las dietas tras ser salpicado por el PP.

Mar Barcón exige una rectificación de las denuncias hechas contra lo socialistas o acudirán a tribunales.

Los populares acusan a la ex diputada Laura Seara de «estafar» 31.000 euros en desplazamientos al Parlamento

La polémica relacionada con el cobro irregular de las dietas de desplazamiento por parte de algunos diputados de O Hórreo va a salir del ámbito parlamentario para tomar el camino de los juzgados. El grupo del PSdeG recurrió a sus servicios jurídicos para exigirle una «rectificación» al PP, después de que este partido sacase a la luz un nuevo caso que salpica a la ex diputada Laura Seara, actual directora general del Instituto de la Mujer, que presuntamente cobró 31.000 euros en kilometrajes durante cinco años cuando «viaxou cada día», según los populares, en un vehículo perteneciente al parque móvil de la Xunta y pilotado por un chófer de la Administración.
El grupo del PP se hizo eco de una denuncia periodística, que a su vez citaba fuentes «del ámbito parlamentario», para asegurar en una nota que Laura Seara estafó «de forma continuada e masiva» al Parlamento gallego por haber percibido 31.000 euros para compensar los desplazamientos en medios privados cuando ni siquiera dispone de carné de conducir.
La denuncia la ratificaron en una segunda nota, difundida solo media hora después, que se limitaba a considerar la estafa de presunta, mientras emplazaba a los socialistas que exigieran a Seara la devolución de los 31.000 euros por causar un «dobre prexuízo» a las arcas públicas, por un lado a las del Parlamento, donde cobró los kilometrajes, y por el otro a las de la Xunta, que supuestamente financió sus viajes mientras duró el bipartito del PSOE y el BNG.
Pero a diferencia de lo ocurrido con el parlamentario popular Antonio Rodríguez Miranda, que sí reconoció haber cobrado parte de sus desplazamiento de forma irregular, pues en ocasiones viajaba en el coche oficial del ahora vicepresidente del Parlamento, José Manuel Baltar, el PSOE negó la mayor y cerró filas con la directora general del Instituto de la Mujer.
Es más, la portavoz y número dos de los socialistas gallegos, Mar Barcón, dio instrucciones a los servicios jurídicos de su partido para exigir una «rectificación inmediata» del intento del PP de salpicar con la polémica de las dietas del Parlamento a ella misma, por acudir hasta hasta hace un año a la casona de O Hórreo en un coche oficial del Concello de A Coruña, y contra Laura Seara.
Presunción de inocencia
La propia Barcón solicitó un certificado a los servicios de Intervención del Parlamento, documento que ella hizo público, que acredita que realmente no percibió compensación alguna de la Cámara para sus desplazamientos. «Si agora denuncian que quen estafou foi Laura Seara, o mínimo é que aporten algunha proba», puntualizó, tras recordar que en el sistema judicial español prima la presunción de inocencia.
La diputada coruñesa también puso de relieve que si el PP no rectifica sus acusaciones, el PSdeG interpondrá la correspondiente demanda judicial para restituir el honor de sus diputadas. «O PP pretende disparar a todo a mundo -agregó Barcón- para agochar que teñen un problema, que é a única persoa do Parlamento que recoñeceu ter cobrado de xeito irregular, e esa persoa chámase Antonio Rodríguez Miranda».
En todo caso, la posibilidad de aportar pruebas en esta polémica es más bien escasa, pues los partidos no tienen acceso oficial a los datos remunerativos de los diputados. Estos solo son conocidos por los cinco miembros de la Mesa de la Cámara, pero no pueden difundirlos por estar aquellos protegidos por ley.
Aun así, el portavoz del PP, Manuel Ruiz, pidió ayer al PSOE «que obre do mesmo xeito» a como lo hizo el PP y Seara proceda a la devolución de las cantidades cobradas presuntamente de forma antirreglamentaria. «Non estamos ante o mesmo caso, o de Miranda foi un erro recoñecido, e o de Laura Seara, unha presunta estafa», zanjó.
Cargos del PP evalúan las pruebas de acceso a la Diputación de Ourense.

Concejales, antiguos alcaldes o familiares de estos nutren los tribunales de las oposiciones de la institución.

Concejales, antiguos alcaldes, hijos de estos y otros familiares de cargos del PP nutren los tribunales de calificación de los opositores que aspiran a puestos de trabajo en la Diputación ourensana. Este es el modo, según denuncia la oposición, en el que José Luis Baltar se garantiza el control de la selección del nuevo personal de la institución después de que un cambio legislativo prohibiese que los grupos políticos participasen en estos organismos de manera directa. Hasta entonces era el propio Baltar Pumar o su vicepresidente Rogelio Martínez -ahora delegado territorial de la Xunta- quienes presidían los tribunales.
El acceso a puestos de trabajo en la Diputación está ahora en manos de técnicos con pasado en la política local ourensana o incluso en plena actividad. Es el caso de dos concejales de Esgos, municipio natal de José Luis Baltar donde gobierna como alcalde del PP su cuñado. Se trata de José Antonio Blanco Pérez y de Manuel Ángel Rodríguez Rodríguez, que compatibilizan su cargo de edil con el de vocal en buena parte de los tribunales de oposiciones en la institución.
Comparten esas funciones con antiguos altos cargos del partido en la provincia, como el que fuera presidente del colectivo juvenil del PP (Nuevas Generaciones), Carlos Castiñeiras. Este, ya retirado de la política, es ahora el jefe del negociado de Formación Continua en la Diputación. Tampoco permanece en primera línea José Eugenio Galindo, portavoz del PSOE frente a José Luis Baltar cuando este era alcalde de Nogueira de Ramuín. Más tarde, él mismo fue regidor de ese municipio por el PP y acabó integrándose en la plantilla de la Diputación como asesor jurídico de la institución.
El listado se completa con familiares de alcaldes o ex alcaldes del partido en la provincia. Es el caso de José Luis Suárez Martínez, vástago del regidor de Monterrei, o de Manuel Valentín Pérez Nieto, hijo del ex alcalde de San Amaro.
Se da la circunstancia de que varios de los citados fueron compromisarios del PP en el congreso provincial del que salió triunfador el hijo del presidente de la Diputación ourensana. Ese es el caso de los dos ediles de Esgos -Manuel Ángel Rodríguez y José Antonio Blanco Pérez-, así como del hijo del alcalde de Monterrei, José Luis Suárez.
A las críticas que desde la oposición se han lanzado sobre la composición de los tribunales de selección de personal, el grupo de gobierno de la institución provincial ourensana contestó defendiendo la honorabilidad de los miembros de estos organismos. En un reciente pleno de la entidad, el portavoz del PP y vicepresidente de la institución, Plácido Álvarez, invitó al PSOE a acudir a los juzgados si descubría alguna irregularidad advirtiendo además a los socialistas de que sembrar dudas sobre ellos podría costar a su partido una denuncia. Por el momento no ha habido demandas por este asunto en ninguno de los dos sentidos.

HABLAN DE AMPLIAR LOS PLAZOS JUBILACION, SE SUBEN LOS SUELDOS Y ACABAN POR TOMARNOS POR IMBÉCILES

EL DEPARTAMENTO DE CAMPA ROMPE LA MODERACIÓN SALARIAL.

Salgado premia a los altos cargos de Economía con una subida de la productividad del 26%


Las restricciones presupuestarias tienen un límite. Al menos, en la Secretaría de Estado de Economía, donde los pagos por productividad -es decir, el dinero de libre disposición que se reparte entre los empleados públicos- crecerá este año nada menos que un 26,2%. O dicho en otros términos, si en 2009 los funcionarios y el personal laboral adscritos al departamento que dirige José Manuel Campa percibieron en total 2,42 millones de euros en concepto de productividad, en 2010 la cifra presupuestada asciende ya a 3,05 millones (pág 35 del documento).
El incremento sorprende no sólo por el hecho de que el sueldo de los empleados públicos haya subido este año un 0,3%; sino, sobre todo, porque en el resto de los departamentos que conforman el Ministerio de Economía la productividad ha sido prácticamente congelada. Mientras que en la Subsecretaria y Servicios Generales (pág. 2 del documento) se han mantenido los 12,89 millones presupuestados en 2009 para repartir entre sus 1.794 funcionarios (incluyendo a todo tipo de relaciones contractuales), en la Secretaría de Estado de Hacienda el incremento se ha limitado al 1,4%, en cualquier caso muy por encima de la subida general de sueldos. El departamento de Carlos Ocaña (al que están asignados 65 empleados públicos) tendrá este año para gastar en productividad 20,28 millones de euros.
La subida de la productividad no tiene que ver con un aumento significativo de la plantilla de la Secretaría de Estado de Economía, lo que podría explicar el incremento. Los tres millones largos de euros se asignan a un departamento del que forman parte administrativamente 34 funcionarios, dos más que en 2009. La productividad, como se sabe, no se distribuye de forma general, sino que son los responsables de cada departamento quienes deciden su distribución. Lo mismo sucede en otras áreas ministeriales.
La Ley de Presupuestos de 2010 determina, en concreto, que el complemento de productividad debe retribuir “el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo”. Y en virtud de estos principios, cada departamento ministerial determina, dentro del crédito total disponible, las cuantías parciales asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de tipo de puesto. Y siempre con carácter individual.
¿Criterios objetivos?
Aunque la ley establece que la valoración de la productividad “deberá realizarse en función de circunstancias objetivas”, lo cierto es que desde hace años los sindicatos vienen denunciando tanto el elevado grado de discrecionalidad con que se reparten esos fondos como la falta de transparencia en su distribución. Recientemente, la sección sindical de CCOO en el Ministerio de Economía publicó una nota en la que reclamaba la necesidad de negociar los criterios de reparto de la productividad.
No se trata, en cualquier caso, de cantidades pequeñas. Según un informe de CCOO (y con datos referidos a 2008) numerosos altos cargos recibieron en concepto de productividad más de 30.000 euros. El ‘récord’ lo ostenta un funcionario de la dirección general de Tributos del nivel 30 (grupo A1) que llegó a percibir ese año 44.268 euros. Otro funcionario del mismo nivel asignado a la dirección general de Presupuestos fue “agraciado”, como dice el sindicato, con 43.550 euros. Y cantidades superiores a los 35.000 euros se distribuyeron entre altos cargos del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) o la Subsecretaría del Ministerio de Economía. En este caso, lo que sorprende no es sólo la cantidad percibida, sino también la ampliacion de la horquilla ya que en ocasiones un funcionario cobra veinte veces más en concepto de productividad que otro del mismo departamento, lo que no es coherente con la banda salarial.
La discrecionalidad de los altos cargos a la hora de distribuir fondos no acaba ahí. En los presupuestos de cada departamento existe una rúbrica que recoge el pago de “gratificaciones”, cuya cuantía es muy inferior a la de productividad. Para 2010, y sólo en la Subsecretaria de Economía, el crédito inicial concedido asciende a 549.700 euros.
Estas gratificaciones son excepcionales, y legalmente se justifican por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo “sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos”.
La ley obliga a que todos los ministerios den cuenta de los criterios de asignación y las cuantías individuales de dichos incentivos a los Ministerios de Economía y Hacienda y de la Presidencia, especificando los criterios de concesión aplicados. Fuente el confidencial

PEPE BLANCO ENTONA UN LEVE "MEA CULPA".


Pepiño de recadero del partido a Ministro, y de Ministro a Presidente, así nos luce el pelo, la incompetencia y la golfería a todo trapo

Blanco se pone modesto y acalla rumores sobre De la Vega y Rubalcaba

El hombre de moda del Gobierno según muchos augura en una entrevista en "Público" que el PSOE ganará alguna comunidad más en 2011, defiende a Zapatero y carga contra el PP.
Blanco niega ser el político del momento y que De la Vega esté enfadada por haber quedado excluida de la comisión negociadora del Gobierno.


¿Es falsa modestia lo de José Blanco o realmente la verdad? Desde que el miércoles se supiera que José Luis Rodríguez Zapatero ha confiado en él y no en María Teresa Fernández de la Vega para articular las negociaciones con el resto de partidos en busca de un acuerdo, del ministro de Fomento se ha dicho que es el hombre del momento, que llegará a vicepresidente e incluso que está llamado a suceder a su jefe de filas. Casi nada.

Sin embargo, él niega la mayor una y otra vez. Lo hizo en los micrófonos de Onda Cero a las pocas horas de saberse en la comisión negociadora y lo volvió a hacer este domingo en las páginas de Público. "¿José Blanco es el futuro, como afirma el ministro Corbacho?", le pregunta su entrevistador. Y él contesta con rotundidad: "José Blanco es el presente y tiene sus aspiraciones colmadas". Claro que también afirmó en su día que no quería ser ministro y ahí está.

El titular de Fomento resta importancia a las especulaciones y a su asceso meteórico en el Gobierno. "Yo simplemente trato de hacer las cosas lo mejor que puedo, aplicar el sentido común y buscar la eficiencia en el ministerio", sostiene. "Desde que he asumido responsabilidades políticas en el ámbito nacional, he pasado por diferentes momentos. Los que antes me denostaban ahora tratan de elevarme a los altares. Lo importante es tener los pies en la tierra y no perder nunca la perspectiva", añade.

Mucho se ha hablado de la ausencia de la otrora todopoderosa vicepresidenta primera en la comisión y del supuesto enfado de ésta al enterarse, pero según Blanco no hay nada de cierto en esas informaciones. "La crisis es económica y la vicepresidenta que tiene la responsabilidad en este área es la vicepresidenta segunda. No hay que buscarle tres pies al gato porque no los tiene", afirma. "Sé que no lo está (enfadada). Quienes desde el PP están alimentando esa idea tienen mucho camino que recorrer para llegar a la altura de Teresa", continúa.

El número dos del PSOE deja caer que Alfredo Pérez Rubalcaba no será candidato a la Alcaldía de Madrid -"no lo veo", cuenta- y defiende a Zapatero como "el mejor activo" del partido cuando el peridista le pregunta si su declive es "irreversible". Tan metido está en su papel que, a pesar de las encuestas, afima esperar ya no sólo que el PSOE no pierda ninguna comunidad, sino ganar "alguna". Eso sí, no dice en cuáles creen tener los socialistas más posiblidades por no "dar pistas al adversario".

Blanco no desaprovecha la oportunidad de cargar contra el PP por no pactar a cualquier precio y sin poner condiciones previas. "Nosotros hemos ofrecido negociar sin condiciones previas, porque la única condición es el interés general para salir de la crisis. Estoy seguro de que cuando el PP vea que todos los grupos nos hemos puesto a construir, va a enterrar el hacha de guerra y se va a incorporar al trabajo. Y si no entierra el hacha de guerra, tendrá que dar muchísimas explicaciones a los ciudadanos", vaticina. "El PP ha hecho de la crisis su banderín de enganche para llegar a La Moncloa. La mayoría de la sociedad quiere que la crisis acabe cuanto antes y el PP transmite la impresión de que desea que la crisis continúe hasta 2012", les acusa a los de Mariano Rajoy.

El ministro de Fomento entona y mea culpa, reconoce que, "probablemente", el Gobierno tendría que haber realizo "antes" un "planteamiento de pacto" y que no han sabido explicarse ante la opinión pública. "Quizá la ciudadanía no nos vio con suficiente determinación a la hora de explicar las políticas que diseñamos para combatir la crisis", se lamenta. Fuente el semanal digital

EL GOBIERNO EN BANCARROTA, NI SE HABLAN

ZP y De la Vega casi ni se hablan ante un Gobierno en bancarrota
Un lugar en el Consejo de Ministros parece ahora tan inestable como el cargo de entrenador de fútbol. Especialmente si el equipo atraviesa una aparatosa falta de resultados.

Zapatero, en una imagen del domingo en Málaga, y De la Vega prácticamente ni se cruzaron palabra durante todo el Pleno del pasado miércoles.

La falta de pulso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, puesta al descubierto más aún si cabe por la creación de urgencia de una comisión integrada por Elena Salgado, José Blanco y Miguel Sebastián ante la galopante crisis económica, es tan evidente que en los últimos días se han disparado todas las alarmas.

La tal comisión ha puesto de manifiesto la gran velocidad con la que se desgastan los Ejecutivos de Zapatero. De entrada, la exclusión de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha disparado los rumores sobre la falta de confianza del presidente del Gobierno en su hasta ahora más estrecha colaboradora. Cierto. Pero hubo otro detalle muy elocuente durante la comparecencia de Zapatero el pasado miércoles en el Congreso.

El caso es que Zapatero y De la Vega prácticamente ni se cruzaron palabra durante todo el Pleno. Un hecho notorio que pone de manifiesto que las diferencias entre ambos son algo más que comentarios de pasillo. Durante más de cinco horas de debate, "el jefe" sólo se dirigió a su dos del Gobierno para pedirle prestado el móvil. Y se acabó. Ese gesto fue anuncio inconfundible de que de la Vega está en caída libre. Parece inevitable. Sólo cabe esperar el cuándo y el cómo.

Desde hace varios Consejos de Ministros, los periodistas cuestionan su futuro. "¿Siente envidia de Pedro Solbes?", le han llegado a preguntar. Cuando al otrora vicepresidente le plantearon la misma disyuntiva, pero referida al ex ministro Mariano Fernández Bermejo, respondió que sí, lo que se convirtió en un anticipo de su jubilación. De la Vega se limitó a sonreír. Sus detractores le achacan fallos en la coordinación y en la comunicación. Por cierto: ¡Cómo si esos hubieran sido unos defectos adquiridos recientemente!

Otro ministro al que empieza a darse como baja segura es al de Trabajo. Fuera del sanedrín contra la crisis, Celestino Corbacho dejó ver su orgullo herido al presumir de tener un gran pasado. En círculos gubernamentales se asegura que, en la práctica, "ha tirado la toalla". El titular de Trabajo no está en situación de pelear e, incluso, se apunta que, en determinados momentos, desde La Moncloa se le ha visto como un freno para la puesta en marcha de medidas osadas como el retraso de la edad de jubilación.

La vieja guardia mantiene su mejor baza en Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, tampoco está en situación de tirar cohetes el titular del Interior. Su condición de máximo responsable político del chivatazo a la máquina de extorsión etarra no le permite irse de rositas ante el mayor crimen que puede cometer un policía, que es colaborar con los terroristas que matan a los policías. Rubalcaba está tan liado con el escándalo que es lógico que el PP le pregunte, como volverá a hacer en la sesión de control al Ejecutivo de esta semana, si él es "la X del caso Faisán".

El resto del equipo, desde el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, hasta la titular de Defensa, Carme Chacón, pasando por la de Igualdad, Bibiana Aído, acumula un buen número de desperfectos a sus espaldas. Las razones para los cambios no son pocas. Alguno está cansado, otros quemados, y tampoco faltan quienes, carentes de competencias, ni siquiera saben bien por qué están. A la vez, el secreto de algunos como Elena Espinosa al frente Medio Ambiente, Rural y Marino, o como Beatriz Corredor en Vivienda, parece ser la discreción, ya que muy poco trasciende sobre su gestión.

A Zapatero siempre le quedará un hombre dispuesto a los mayores sacrificios en aras del triunfo del ideario socialista: José Blanco. "Pepe sería un buen vicepresidente", dice ya más de uno por Ferraz. "Efectivamente", pensará para sí el interesado.

José Luis Rodríguez Zapatero pretendía asegurar una era de Gobierno socialista en España más larga que la de Felipe González. Si la diosa Fortuna es propicia, en las elecciones generales de 2012 el presidente del Gobierno estará a las puertas de cumplir 55 años, edad espléndida para dedicarse a otros menesteres, lamentablemente habiendo dejado atrás una España a la que, esta vez sí, no conocerá ni la madre que la parió.
El semanal

LOS DOCE NOMBRES DEL FAISAN


Varios policías nacionales vigilan la entrada del bar «Faisán» de Irún, en el que supuestamente se produjo el «chivatazo» a ETA

El secreto que durante meses se ha mantenido en esta causa ha hecho que se haya informaciones contradictorias sobre el «chivatazo» a ETA

Los doce nombres del bar «Faisán»

21 Febrero 10 - Madrid - C. Gullón / J. M. Z.

Tras la realización de las útimas diligencias, Baltasar Garzón podría decidir el archivo del caso.

El llamado «caso Faisán», en el que se investiga un supuesto chivatazo a ETA, se ha convertido en un auténtico galimatías por las informaciones, a veces contradictorias, que se han publicado dado el secreto que pesaba sobre las actuaciones. Tras la realización esta semana de las diligencias ordenadas por la Audiencia Nacional, el juez instructor, Baltasar Garzón, podría tomar una decisión sobre el archivo o no de las actuaciones. El quién es quién en este caso puede ayudar a comprender algunas de las noticias que se han producido o que se puedan publicar.

1. BALTASAR GARZÓN
Tras su regreso de Estados Unidos, retomó las investigaciones y ordenó la práctica de numerosas diligencias, entre ellas el pinchazo telefónico del ex director de la Policía y de varios agentes del cuerpo, que no aportaron datos relevantes. Apartó a la Guardia Civil de las pesquisas. El fiscal propuso el archivo de la causa pero las partes personas se opusieron y presentaron el correspondiente recurso. El pasado día 15, la Audiencia Nacional prohibió expresamente al magistrado cerrar el caso y le ordenó agotar «al máximo la investigación» para esclarecer quiénes son los responsables.

2. GRANDE-MARLASKA
Juez que sustituyó a Garzón en la Audiencia Nacional durante la estancia de éste en EE UU e inició las investigaciones.

3. CARLOS BAUTISTA
Es el Fiscal de la Audiencia que firmó en el escrito que pedía dar carpetazo al «caso Faisán» en octubre del pasado año. Calificó las investigaciones policiales como simples «hipótesis». Al parecer, mantiene la misma postura tras la práctica de las últimas diligencias ordenadas por la Sala.

4. JOSEBA ELOSUA
Dueño del bar Faisán, en Irún (Guipúzcoa) y la persona que supuestamente recibió la llamada con el chivatazo policial. Ingresó en prisión en 2005 por orden del juez Grande-Marlaska, acusado de haber enviado dos remesas de cartas en las que se reclamaba el impuesto revolucionario a varios empresarios. Ni Elosúa ni ninguno de los otros supuestos beneficiarios del «Chivatazo», huyeron y permanecieron en sus domicilios durante varias semanas hasta que fueron detenidos por las Fuerzas de Seguridad españolas y francesas.

5. CARLOS G.
El inspector Carlos G. es el máximo responsable del operativo de la Policía Nacional en el «caso Faisán», y quien dirigía el equipo encargado de las investigaciones sobre la extorsión a varios empresarios. Pese a ello, fue encargado de la investigación del «chivatazo». En sus conclusiones, sitúa a Victor García Hidalgo y a Enrique Pamiés como responsables.

6. TELESFORO RUBIO
Comisario general de Información cuando se produjeron los hechos. Uno de sus inmediatos subalternos, realizó varios informes, que obran en poder de la Audiencia Nacional, en los que se aportan datos sobre la actuación de Carlos G. el día del «chivatazo», como que era reticente a realizar la operación por sus posibles repercusiones políticas.

7. VÍCTOR Gª HIDALGO
Ex director general de la Policía durante el mandato de José Antonio Alonso como ministro del Interior. El pasado miércoles, el inspector Carlos G. ratificó ante Garzón el informe que involucra al Hidalgo en el soplo que alertó a ETA. Actualmente es secretario de Organización del PSOE de Álava.

8. ENRIQUE PAMIES
Uno de los agentes con más experiencia y efectividad en la lucha contra ETA, se encuentra imputado en la causa por la teoría establecida por el investigador Carlos. G. de que una serie de llamadas, entre ellas algunas suyas, se hicieron para dar el «chivatazo». Se trata de teléfonos oficiales, perfectamente identificables .

9. AGENTE DE ÁLAVA
Está imputado por las mismas razones que Pamies. Fue enviado por éste a realizar una misión en Irún relacionada con asuntos operativos de la lucha contra ETA. Realizó varios llamadas a su jefe desde una zona cercana al «Faisán» pero un agente que vigilaba el bar ha acreditado que no le vio entrar salir del local cuando se produjo el «chivatazo»

10. AVT
La Asociación de Víctimas del Terrorismo es una de las dos organizaciones que se personó en la causa. Ha cambiado al letrado que le representa en este caso.

11. DIGNIDAD Y JUSTICIA
La asociación que preside Daniel Portero también se personó en la causa. En octubre del pasado año solicitó que fuera la Guardia Civil, en lugar de la Policía, quien se encargase de las investigaciones. Sus letradas han realizado un extraordinario trabajo.

12. PARTIDO POPULAR
Tres años después de que se conociera el soplo, el partido que preside Mariano Rajoy se personó en la causa, al Igual que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Desde entonces, los portavoces populares Soraya Sáenz de Santamaría e Ignacio Cosidó han solicitado la comparecencia de varios ministros y han reclamado al Ejecutivo en varias ocasiones que esclarezca si hubo algún tipo de instrucción política en el caso.

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