Multas de 742.500 euros para los tres acusados por la trama de Gondomar
El tribunal establece que ediles y arquitecto pedían comisiones para «enriquecerse», pero obvia los fines políticos
El fiscal había pedido en su calificación inicial penas por cuatro millones más y luego las rebajó a 1,25 millones
- Autor: Carlos Punzón
Los tres implicados en el caso de corrupción descubierto en Gondomar deberán pagar una multa de 742.500 euros en total por haber formado una trama para «enriquecerse» a cambio de favorecer y desarrollar desde el Ayuntamiento tres proyectos urbanísticos.
La sentencia dictada ayer por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con sede en Vigo recalca la «gravedad de los hechos, por su trascendencia social, la entidad del daño a la función pública y por incumplir el deber de fidelidad al cargo» de los políticos implicados. Pero, pese a esa consideración, el juez concede una notable rebaja en las penas solicitadas por la Fiscalía, que inicialmente había reclamado en total una sanción de 4,7 millones de euros y la rebajó después a 1,25 por la autoinculpación y colaboración de parte de los imputados.
El fallo judicial considera probado que los entonces ediles de Urbanismo, Alejandro Gómez (del PP), y el de Cultura y portavoz del mismo partido, José Luis Mosquera, habían pedido dinero a tres promotoras a cambio de que el nuevo Plan Xeral de la villa posibilitase sus proyectos constructivos. En esa trama, el tribunal califica al arquitecto vigués Borja Ramilo, como «cómplice necesario» e intermediario en la petición de comisiones a las empresas, que ascendía a 540.000 euros.
Tres sanciones diferentes
Esa cantidad es la que el tribunal impone finalmente como sanción al edil de Urbanismo, que, como su compañero, abandonó el cargo al estallar el caso en febrero del 2007. Gómez Garrido, que nunca admitió su relación con la trama de extorsión, se enfrentaba a una petición de pena 1.080.000 euros, que ya había sido rebajada desde 1,92 millones en los que en un principio había calificado su delito el fiscal.
Por haber dado datos sobre dos cohechos más que no habían sido investigados, el edil de Cultura logró una reducción de pena del 93%, quedando esta establecida en 135.000 euros, como logró igualmente el arquitecto intermediario, al que se le aplicó una segunda rebaja hasta fijar su condena en 67.500 euros.
