Salgado enfría el control de los presupuestos nacionales por la UE.
Elena Salgado y el gobernador del BdE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al inicio del Ecofin (Efe).
@Carlos Sánchez - 17/04/2010
El control previo de los presupuestos nacionales por parte de las autoridades comunitarias tendrá escaso alcance. Supondrá un avance respeto de la situación actual, pero a efectos prácticos sólo tendrá carácter informativo. Lo ha dejado bien claro este sábado la ministra Salgado en calidad de presidenta de turno del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin). Salgado dijo que los gobiernos nacionales son los que deciden, y, por lo tanto, no cabe someter a votación un presupuesto enviado a Bruselas para ser analizado por los funcionarios de la Unión Europea. Ni, por supuesto, la UE tendrá derecho de veto
La revisión de los presupuestos nacionales por parte de la Unión Europea "no sustituye ni al trabajo de los consejos de ministros ni de los parlamentos" de cada estado miembro, aclaró Salgado. A su lado, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, y el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, asentían con la cabeza. En este último caso de una forma menos convincente. El Banco Central Europeo siempre ha reclamado más poder de las autoridades económicas a la hora de controlar los presupuestos nacionales, lo que facilitaría la instrumentación de la política monetaria. Se trata de evitar casos como los de Grecia o, incluso, España, donde los déficits fiscales se han disparado más allá de lo razonable.
Por el momento, el control previo de los presupuestos nacionales se limitará a crear un "semestre europeo para el diseño de políticas económicas", según dijo el comisario Rehn, En concreto, entre los meses de enero y julio cada Gobierno enviará la documentación a Bruselas, de forma que los funcionarios de la UE conozcan ya en primavera las grandes líneas de los presupuestos de cada país. Rehn explicó que actualmente los calendarios "no facilitan una valoración significativa de los presupuestos nacionales del año siguiente" por parte de la UE. "Nos lleva a ir a la zaga y la valoración es posterior", añadió. Por eso se busca crear el citado semestre europeo para el diseño de políticas económicas, de forma que Bruselas cuente "bastante pronto" con las propuestas presupuestarias nacionales.
Bruselas pide más concreción a España
En realidad, se trata de un procedimiento no muy distinto del sistema que rige para los Programas de Estabilidad que están obligados a presentar los países miembros en las primeras semanas de cada año, y que posteriormente son analizados y valorados por la UE, y que en el caso español ha supuesto que Bruselas haya reclamado más concreción sobre cómo va a reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 2013.
En la práctica este sistema no ha servido para identificar las desviaciones en las previsiones de déficit, y de ahí que lo que se quiera ahora es dar una vuelta de turca más. Pero sin ir mucho más allá debido a que ningún Gobierno quiere perder soberanía presupuestaria. Entre ellos España, y de ahí la respuesta contundente de la ministra Salgado.
La gobernanza económica -una especie de Gobierno en la sombra para coordinar las políticas diseñadas por cada Ejecutivo- está en el centro del debate en la UE. Y en este sentido hay que enmarcar la propuesta de crear una tasa, un impuesto o un tipo de instrumento de cualquier otro tipo que deberían pagar las entidades financieras para ayudar a sufragar el coste de la crisis, y que hasta ahora ha recaído en los estados. O dicho en términos más precisos en los ciudadanos.
Esta tasa, sin embargo, tardará en llegar. Entre otras cosas debido a que están en marcha profundos cambios en la regulación y la supervisión de los bancos –Basillea III-, y los gobiernos no quieren ponerla en marcha hasta que culmine el actual proceso de negociación. Es decir, que en cualquier caso no se aplicaría hasta 2012 o 2013, fechas en que presumiblemente pueden estar listas las nuevas reglas. La normativa que ahora se discute incluirá mayores requerimientos en el capital de los bancos (recursos propios y reservas) y por eso la UE considera que no es el momento más adecuado para aprobar una nueva carga fiscal.
El responsable europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, propuso al Ecofin que el futuro fondo de rescate financiero, que se nutriría con las aportaciones de los propios bancos, siga el principio de que "quien contamina, paga", al considerar que las entidades que dañan al conjunto del sector tienen que rendir cuentas ante él.
Según dijo Trichet, la reforma de la supervisión financiera debe ser internacional, y por lo tanto capaz de evitar que vuelva a aparecer el "nacionalismo o mercantilismo financiero como el que emergió en 2008, en los momentos más intensos de la crisis". Y éste punto, aseguró, es uno de los mensajes que debe llevar Europa al G-20. Nos movemos en un mercado único, señaló el responsable del BCE, y por eso "no sólo hay que defender la integración europea, sino también en el mundo".
