Varios municipios del PSOE, investigados por tramas urbanísticas
- En Seseña (Toledo), el principal promotor tenía empleados a cuatro ediles socialistas que aprobaron en tiempo record una recalificación.
- El vicepresidente de la Diputación de Granada dimitió tras una investigación de su patrimonio.
- El alcalde de Guillena está imputado por permitir la construcción de naves industriales en zona verde
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Varias dimisiones e imputados marcan el mapa de la corrupción urbanística del PSOE.
El vicepresidente de la diputación de Granada dimitió tras una investigación de su patrimonio, mientras que en Ciempozuelos (Madrid) el alcalde, Pedro Torrejón, abandonó su cargo tras descubrirse que ingresó 800.000 euros en Andorra.
Consulta los casos del IU, PP ey otros partidos. La lista negra del PSOE, a continuación:
EN A CORUÑA:
Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.
El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta.
EN ALBACETE:
Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante
EN ALICANTE:
Albatera: El juez está investigando a
EN ALMERÍA
Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con
Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.
EN ÁVILA:
La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.
EN GRANADA:
Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.
EN HUELVA:
El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero
Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.
EN MADRID:
Ciempozuelos: El alcalde socialista, Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE), y ha ordenado prisión para ambos, eludible bajo fianza.
EN MÁLAGA:
Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en
EN MURCIA:
Los Alcázares: El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico.
En Albatera, un informe del Seprona considera que el alcalde pudo obrar en connivencia con un promotor
EN SEVILLA:
Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (gobernado por el PSOE, el alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el día 2 de noviembre el caso por considerar que no había indicios que lo probaran.
Guillena: Justo Padilla está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.
EN TOLEDO
Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde queintentó 'el Pocero'. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros.
EN VALENCIA:
Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de
EN VALLADOLID:
Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de
- Consulta los casos de IU, PP y otros partidos
