Los funcionarios locales con habilitación estatal exigen que delimiten sus competencias
El Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local (Cosital) exige a las autonomías que apruebe la normativa que les permita definir sus competencias, sobre todo en lo referido a la selección de los funcionarios para evitar casos de corrupción en los consistorios.
Estos funcionarios se encargan del control interno económico-financiero en el ámbito local y definidos por el Tribunal Constitucional como "la columna vertebral de la función pública local", depende menos del Estado y más de las comunidades autónomas desde la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Dado que la delimitación de sus competencias se haya en suspenso desde hace más de dos años, estos funcionarios piden amparo a las autonomías para que se reconozca la dignidad de su profesión.
La Disposición Adicional Segunda del EBEP configura una nueva regulación del régimen jurídico de los secretarios, interventores y tesoreros de Administración local prevé "un delicado equilibrio competencial entre comunidades autónomas y Administración del Estado que exige sin más demora un desarrollo coordinado, pues solo así se garantizará el carácter estatal de la habilitación que el legislador ha conservado respecto del modelo anterior", señala Cosital en un manifiesto aprobado el 13 de marzo al que ha tenido acceso Expansión.com.
Transcurridos más de dos años de vigencia del EBEP y a pesar de la existencia de diversos anteproyectos, sólo Cataluña y Galicia han aprobado normativa de desarrollo de sus competencias sobre el colectivo, además de la Comunidad Valenciana, restringida a la materia de régimen disciplinario, señalan estos profesionales. "El Estado aún no lo ha hecho respecto de sus competencias, con excepción de la orden por la que se aprueban los títulos académicos y programas mínimos requeridos para el acceso, si bien es conocida la previsión de modificación de la normativa básica de régimen local".
Por tales motivos estos funcionarios creen que es urgente afrontar el desarrollo de la norma sin dilación "para que se delimite claramente nuestro espacio profesional, adaptándolo a las necesidades de los gobiernos locales y de la ciudadanía", según reza el manifiesto aprobado en su última asamblea, celebrada el 13 de marzo en Toledo. Cosital urge que se hagan efectivas las competencias de ejercicio directo, especialmente en materia de selección, pues "su omisión materializada en un descenso del 71% en el número de plazas convocadas desde 2007 contribuye al detrimento de la calidad de nuestras Administraciones locales y facilita la posibilidad de aparición de casos de corrupción. Los procesos selectivos deberán buscar la excelencia en la selección de los funcionarios, en lugar de la mera suficiencia de conocimientos básicos, pues solo así se garantiza el funcionamiento de la Administración y los intereses generales y el respeto de los principios de mérito, capacidad e igualdad".
Los funcionarios afirman que es necesario prever en sus convocatorias que al menos uno de los ejercicios teóricos sea oral, "pues sólo así se cumplirá el principio de adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar recogido en el EBEP, principio que deberá respetarse en el resto de pruebas, además de incluir los temas previstos para cada Subescala en la Orden por la que se aprueban los títulos académicos y programas mínimos requeridos para el acceso". Asimismo, exigen la regulación de los procesos selectivos para que se establezca expresamente que el conocimiento de las lenguas oficiales en ningún caso pueda exigirse con el carácter de prueba obligatoria o eliminatoria.
El colectivo profesional que integra a los secretarios, interventores y tesoreros de Administración local"Los ciudadanos tienen derecho a una buena administración, que responda a las exigencias de calidad y excelencia del servicio público, para lo cual se precisa contar con profesionales cualificados y motivados, que cumplan con su labor de forma eficiente bajo el respeto a un código de conducta regulado; todo ello en línea con una consideración de la función pública que responde a los preceptos reflejados en el Tratado de Ámsterdam, que preconiza el acercamiento entre la administración, sus empleados y los ciudadanos destinatarios de los servicios públicos", reza el manifiesto
