Los abogados de Vigo, pioneros en liberalizar las minutas en España
La medida intenta evitar sanciones de la Comisión Europea
MANUEL V. SOLA
El Colegio de Abogados de Vigo aprobó la supresión de las minutas fijas a sus clientes, una práctica a la que se opone la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. La medida fue aprobada el martes por la junta directiva del colegio vigués, el único de España que ha tomado hasta el momento tal decisión. El Consejo General de la Abogacía informó ayer que mantiene su oposición a suprimir los baremos.
Los 1.103 letrados que ejercen la abogacía en Vigo (un 20% de los que operan en Galicia) serán pioneros en España, y uno de los pocos casos de Europa, con liberalización total de los honorarios que cobran a sus clientes. La información fue confirmada ayer tanto por el Colegio de Abogados de Vigo como por el Consejo General de la Abogacía Española. Hasta ahora, al igual que el resto de los abogados españoles y de sus colegas europeos, los letrados vigueses se rigen por los denominados honorarios orientativos, una especie de tarifa mínima contra la que lleva años luchando la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea.
A partir del año próximo, el Colegio de Abogados de Vigo pondrá en práctica la derogación de cualquier baremo, con lo que cada letrado cobrará a su cliente lo que libremente acuerde con él y sin ningún tipo de orientación de precio de mercado. Sólo habrá una excepción: se mantendrán honorarios orientativos para fijar las costas de los juicios que corran por cuenta de la parte contraria, para que los magistrados puedan atenerse a unas costas judiciales comunes.
La liberalización del ejercicio de la abogacía en Vigo está liderada por Alfonso Álvarez Gándara, decano del Colegio de Abogados. Gándara anunció su propuesta hace una semana ante el pleno del Consejo General de la Abogacía de España y este martes logró la aprobación de la junta directiva de Vigo.
Para su entrada en vigor, la derogación de honorarios orientativos deberá antes ser aprobada por la junta general de los abogados vigueses.
"Estamos preparando la documentación para su debate, pero aún no está fijada la fecha de la asamblea", indicó ayer José Araújo, secretario técnico del Colegio de Abogados de Vigo.
Fuentes del Consello Galego de Avogacía informaron ayer que, de momento, ninguno de los siete colegios de abogados gallegos tiene en marcha la liberalización de honorarios. En el mismo sentido se manifestó el portavoz del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Álvarez Gándara
Alfonso Álvarez Gándara es uno de los abogados españoles con mayor reputación en el estudio y debate de la liberalización de precios de los colegios profesionales. El decano vigués ha sido uno de los asesores legales de los arquitectos en el desarrollo de sus nuevas normativas de precios, para evitar sanciones de las autoridades de la Competencia, que consideran que debe desaparecer cualquier pacto tácito o expreso de precios (honorarios) entre los profesionales europeos.
"Lo que hemos hecho es poner en marcha un proceso para la eliminación de los baremos, pero es necesario un debate previo y será el conjunto de los abogados de Vigo quien tomará la decisión definitiva" precisa el decano de los abogados de Vigo, quien insiste en que "no hay nada prejuzgado". Álvarez Gándara subraya que, "tras la decisión de la comisión de gobierno del Colexio de Avogados, ahora tenemos el deber sagrado de informar a nuestros colegiados".
La filosofía del Colegio de Abogados de Vigo es la de anticiparse a medidas más drásticas desde la Comisión Europea, como multas o derogaciones de honorarios por medio de decretos.
El resto de España resiste
"Hay una enorme presión política que se está ejerciendo ante los ministerios de economía y, en concreto ante el Ministerio de Economía de España, para que el Tribunal de Defensa de la Competencia actúe contra los honorarios orientativos de los abogados", explica Julen Fernández, delegado del CGAE en Bruselas.
"Es un juego de política ultraliberal con el que no estamos de acuerdo", señala el responsable del Consejo de la Abogacía, quien asegura que toda la jurisprudencia está en contra de la presión de la UE y a favor del mantenimiento de tarifas orientativas entre abogados y clientes..
"En el caso de Vigo no nos metemos", dice Fernández, "porque cada colegio es soberano". Sin embargo, el representante en Bruselas de la abogacía española sostiene que "ningún colegio debe temer por las multas que imponen las autoridades de la Competencia, porque estamos ganando todas las sentencias".
También los abogados italianos acaban de ganar un pleito (sentencia de 1 de diciembre, Tribunal de las Comunidades Europeas de Luxemburgo) a su Gobierno, que trató de prohibir la imposición de tarifas mínimas.
