Una empresa pública indemniza 'a dedo' con 238.000 euros falseando la antigüedad
No hace mal el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en cortejar a China en beneficio de las empresas españolas. Sin embargo, resulta prioritario que adecente antes su propia casa. Sobre todo cuando en Cofides, empresa estatal cuya misión es financiar proyectos de inversión en el exterior, parece sobrar el dinero. Y es que esa sociedad gastó 238.000 euros en indemnizar a un trabajador al que reconoció de forma arbitraria 15 años de antigüedad, cuando sólo había ofrecido servicios a la empresa durante 12 meses. Esa es al menos una de las denuncias que sobre esa sociedad plantea en su último informe la Intervención General del Estado (IGAE).
“En uno de los despidos, como consecuencia de que a la persona despedida se le reconoció de manera discrecional una antigüedad a todos los efectos de 15 años, hubo de pagársele una indemnización de 238.000 euros, por menos de un año de servicios efectivos en la empresa”, denuncia el documento del IGAE, publicado hace apenas días por el Ministerio de Economía y que analiza las auditorías realizadas al sector público empresarial en 2008. Una queja que essólo la punta del iceberg de una política de despilfarro en materia laboral y gestión de los recursos humanos.
Y es que a esos 238.000 euros deben añadirse las compensaciones desembolsadas por otras rescisiones de contrato tratadas como improcedentes de forma irregular. “Esta empresa ha tramitado todos los despidos como improcedentes, con el consiguiente coste indemnizatorio, cuando la documentación soporte de algunos de ellos acredita causas para despidos procedentes", subraya la Intervención. Anomalías a las que se suma el descontrol a la hora de cubrir vacantes y que hace que la sociedad abone dinero de más, en plena crisis y cuando el Gobierno ha hecho bandera de la austeridad y la necesidad de ajustes en la Administración.
“Un caso singular en la gestión de personal es el de la empresa Cofides, que para cubrir la misma vacante ha simultaneado con varias empresas de selección de personal la selección de candidatos, lo que genera un incremento injustificado de gastos”, denuncia el informe. Y todo para, en determinados ocasiones, no decidirse por ninguno de los aspirantes propuestos por las consultoras contratadas. “Además, en algunos casos, ha terminado contratando a personas distintas a los candidatos seleccionados por las empresas, por lo que los gastos realizados fueron innecesarios”, se remacha.
Cofides fue fundada en 1988 y tres empresas públicas -el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa)- atesoran el 61% de su capital social. Completan el accionariado el Santander, el BBVA y el Banco de Sabadell. La sociedad se implica, según asegura, en “proyectos privados viables de inversión en el exterior en los que exista algún tipo de interés español”. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se acordó en noviembre del sector exterior, tres años después de que arrancara la crisis, en parte por el desolador diagnóstico de los principales empresarios del país sobre el posicionamiento de la marca España.
Mala gestión de los fondos
Cofides gestiona por cuenta del Estado los fondos FIEX y FONPYME, creados para financiar proyectos de inversión en el exterior “con independencia del grado de desarrollo del país destino del proyecto”. Y tampoco es que se pueda estar tranquilo a este respecto. La intervención no sólo detecta un “exceso de fondos disponibles respecto de la actividad realizada”, sino que en el caso de los FIEX denuncia “la toma de decisiones con información incompleta y desactualizada, lo que junto a otras deficiencias de gestión, han dado lugar a importantes gastos y pérdidas para el FIEX”.
Además, el IGAE cuestiona el dinero que percibe la compañía por su gestión de esta dotación. “Cofides percibe una comisión por su labor como gestora del Fondo, que se calcula con arreglo a una norma de 1999 cuyos criterios han devenido en obsoletos y perjudiciales para el Fondo, por lo que debería procederse a su modificación”, subraya en su análisis.
Las anomalías detectadas por el organismo dependiente de Elena Salgado también alcanzan a los concursos públicos. La auditoría exige una “una mejor y más detallada publicidad de los criterios de adjudicación” en los mismos, en línea con las recomendación efectuadas a otros organismos como Loterías del Estado o la Fundación ICO. La Intervención recuerda que fijar de forma imprecisa los criterios de valoración en un concurso limita la concurrencia e insiste en que “los pliegos que recogen los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación deberían incluir también los métodos de valoración concreto de dichos criterios”.
