Los policías del 'caso Malaya' recurrían a Sitel sin pedir antes una orden judicial
Los agentes no cumplen las órdenes del magistrado. “Mírame si este teléfono es de contrato o tarjeta y dónde se encuentra”, pregunta el jefe de la investigación de la trama. “Es de tarjeta y está en Valencia”, le responden.
Roberto R. Ballesteros. Madrid
Las grabaciones realizadas por Asuntos Internos al investigador del caso Malaya no sólo muestran los comportamientos irregulares de la cúpula policial, que facilitó filtraciones de información que estaba bajo secreto de sumario y trasladó datos reservados a altos mandos del Ministerio del Interior. Las conversaciones pinchadas por el Sistema de Interceptación de las Telecomunicaciones (Sitel) ponen de manifiesto cuál era el modo habitual de proceder de los policías que instruían la investigación de la Policía contra el Ayuntamiento de Marbella.
Según una de esas interceptaciones telefónicas, el 7 de julio de 2006 a las 12.53 horas el comisario que dirigía las pesquisas de la Malaya, Valentín Bahut, llama al móvil de un tal Sergio. Bahut le pide que le “mire” un teléfono y que le indique “si es de contrato o de tarjeta y dónde se encuentra”. Se trata de información considerada personal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al mismo nivel que la propia conversación privada, cuyo derecho al secreto de la comunicación viene amparado por la Constitución Española.
Un cuarto de hora después, Sergio le devuelve la llamada a Bahut y responde a sus preguntas. “Es de tarjeta y está en Valencia”, una contestación que debería haber pasado por el filtro judicial, pero que se salta cualquier permiso y se lleva a cabo directamente de policía a policía. Este modo de funcionar evidencia una situación que LA GACETA viene denunciando desde hace más de un año: la falta de una regulación adecuada y la escasa formación técnica de los jueces en relación con las escuchas hace posible que puedan llevarse a cabo abusos sobre Sitel por parte de los policías.
El PP propuso actualizar la cobertura legal de las escuchas en España a través de una ley orgánica, pero el PSOE se opuso en el Congreso y por el momento continúa habiendo una escasa regulación al respecto. Así lo reconocieron dos magistrados del Tribunal Supremo que firmaron un voto particular en febrero de 2010 en el que señalaban que “Sitel es un retroceso en las garantías constitucionales”.
¿Y las cintas?
Las citadas conversaciones telefónicas están incluidas en las diligencias previas 5940/2005 instruidas por el Juzgado número 11 de Málaga, que permitieron a la Brigada Primera de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía intervenir los teléfonos de dos agentes que en esos momentos investigaban la operación Malaya.
En este proceso, el juez ordenó a los policías encargados de la interceptación entregar semanalmente en sede judicial “los soportes magnéticos originales donde se graben las conversaciones”. La petición del magistrado ya hacía ver que el juez aún creía que las grabaciones telefónicas se hacían a través de “soportes magnéticos”; es decir, las tradicionales cintas analógicas.
Muestra esto, por lo tanto, que el magistrado no había sido formado en el funcionamiento del nuevo sistema de grabación (Sitel), que proporciona datos personales asociados a la conversación que permiten vigilar la vida de una persona diariamente, algo que evidentemente desconocía el instructor.
La contestación de Asuntos Internos a la orden del juez resulta igualmente llamativa. Los agentes argumentan que no tienen más remedio que desobedecer la orden “por razones técnicas”. Aseguran que las conversaciones están almacenadas en Sitel y “centralizadas en Madrid”.
La excusa, además de mostrar la facilidad con que los policías burlan la orden, supone un drama para el proceso judicial, ya que el magistrado pierde el control del proceso, que queda en manos de los agentes, según reconocen los juristas consultados. Hoy por hoy continúa sin funcionar la firma electrónica ni existe un certificado digital que garantice que lo que luego se envía al juez es lo que se grabó.
Al estar digitalizadas en el ordenador central de Sitel, las conversaciones telefónicas previamente intervenidas por la operadora se almacenan como cualquier otro archivo electrónico, que por lo tanto resulta fácilmente manipulable. Al igual que cualquier otro archivo digital, se puede copiar, pegar y cambiar con suma facilidad.
