La AN declara secretos nueve folios sobre el chivatazo a ETA, a los que sólo tendrá acceso el fiscal
Ya están traducidas las 645 páginas enviadas por la juez antiterrorista francesa, Le Vert. Sólo el fiscal Carlos Bautista y el juez Ruz tendrán acceso a la parte que continuará bajo llavo durante un mes.
Roberto R. Ballesteros
Los informes sobre el chivatazo a ETA elaborados por la jueza antiterrorista francesa Laurence Le Vert ya están traducidos al castellano y en el despacho del magistrado del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Ahora la pelota se encuentra en manos del fiscal Carlos Bautista, quien debe decidir si es procedente o no realizar diligencias de investigación con base en los 645 folios de que se componen los citados documentos. Por medio de un auto comunicado ayer, el juez incorporó a la causa los denominados papeles de Le Vert y pidió al fiscal un informe. Cuando el representante del Ministerio Público presente su informe, el juez trasladará a las partes personadas en la causa (AVT, Dignidad y Justicia, PP y Unión de Oficiales de la Guardia Civil) el conjunto de los documentos. Tan sólo una pequeña parte de los mismos permanecerá bajo secreto del sumario al menos durante un mes.
El juez estima “racional, lógico, fundado y necesario” que nueve folios (del 4 al 12) deben mantenerse bajo llave, para la “plena utilidad” de las posibles diligencias. Tan sólo el fiscal Carlos Bautista y el propio magistrado tendrán acceso a las nueve páginas, que se agruparán como una pieza separada dentro de la causa. Según el instructor, Pablo Ruz, es imprescindible el secreto parcial de los nueve folios porque de su “contenido” podría “derivarse la práctica de determinadas diligencias para el total esclarecimiento de los hechos”.
Los documentos enviados por Le Vert a través de la comisión rogatoria cursada el 17 de febrero de 2010 aportan las investigaciones llevadas a cabo por la jueza antiterrorista gala en suelo francés en relación con el chivatazo a ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 y que alertó al dueño del bar Faisán de Irún, vinculado a la banda terrorista, de que iba a producirse una operación policial contra el aparato de extorsión de la organización armada.
En concreto, la comisión cursada hace ahora casi un año por el ex titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, trataba de averiguar por qué se abortó la operación contra el aparato de extorsión también en territorio francés. Garzón preguntaba asimismo si las autoridades galas realizaron un “análisis de las llamadas” telefónicas realizadas por el etarra José Antonio Cau Aldanur, quien iba a recibir presuntamente dinero de la extorsión de la banda, o por el dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), quien supuestamente habría utilizado la cabina situada junto al local.
