El etarra del pueblo de Garzón y la perseverancia de Amedo
Un juzgado abre diligencias tras la denuncia de Amedo contra Rubalcaba por injurias. La Audiencia Nacional ha vuelto a investigar las relaciones de ETA y las FARC colombianas. El etarra Segura Burgos, del pueblo de Garzón, reside en las tierras impunes de Chávez. Burgos fue socio de Cubillas en el pub Oker’s, adonde acudía lo mejor de la sociedad caraqueña
Los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional siguen trabajando para que los terroristas de ETA, que residen asilados en Venezuela con la anuencia y la cobertura del régimen chavista, paguen en cárceles españolas el medio centenar de muertes que causaron con sus acciones violentas en los años 80 y 90. El proceso judicial se presenta difícil y dilatado por dos razones: muchos de los delitos ya han prescrito y la mayor parte de los etarras disponen de carta de naturaleza venezolana o cédula de residencia. Son unos 50 militantes que llegaron a tierras venezolanas hace veinte años y, desde el ascenso a la presidencia de Hugo Chávez, cuentan con la protección del militar bolivariano. Fueron deportados de Argelia y Francia de manera provisional –sin haber pagado sus crímenes– tras un acuerdo firmado entre Felipe González y el entonces primer mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez, pero han vivido en un limbo judicial sin que ningún Gobierno democrático español haya tomado cartas en el asunto.
Hasta hace unos meses, en que unos pocos jueces y fiscales pusieron los focos sobre ellos. Las investigaciones del juez Eloy Velasco sobre las relaciones de ETA y las FARC colombianas, la participación de Arturo Cubillas en cursos de manejo de explosivos en la selva amazónica y la detención en Francia de José Lorenzo Ayestarán Legorburu, uno de los históricos de la banda expulsado de Argelia en 1989 y que había permanecido durmiente en Caracas durante dos décadas, encendieron las luces de alarma. Los etarras del santuario chavista seguían activos y dispuestos a atentar en la España de 2010. Y ahí radica el problema: la falta de reparación moral y penal para los familiares de las víctimas de los 50 asesinados con el coche bomba y el tiro en la nuca y la cobertura logística que los protegidos por Chávez siguen dando a la banda terrorista.
Impunidad
En la Audiencia Nacional me recuerdan una vez más que están atados de pies y manos y que una cosa es el lenguaje periodístico y otra el judicial. A veces, por mucho que los periodistas nos esforcemos en nuestra tarea, ambos estilos lingüísticos no confluyen –como cuando nos explicaban en el colegio el significado de las líneas paralelas: por mucho que se alarguen, nunca se tocan–. Pero uno se resiste a asumir ese legado de impunidad. Me consta que el Juzgado Central de Instrucción número seis y el fiscal coordinador de terrorismo de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, trabajan denodadamente para que, al menos, Cubillas y el resto de los etarras sobre los que pesa una orden internacional de busca y captura por delitos recientes sean extraditados a España desde Venezuela y Cuba.
Como ya saben ustedes, sobresale el inefable Arturo Cubillas, que, tras casarse con una venezolana, posee la carta de nacionalidad venezolana, trabaja en el Ministerio de Agricultura y Tierras y es amigo íntimo del vicepresidente de la nación bolivariana, Elías Jaua. Lo paradójico del caso es que Cubillas, el mismo terrorista que dirigió en 1984 el comando Oker, que perpetró una veintena de atentados en España causando tres muertes y adiestró en la selva hasta hace unos meses a jóvenes etarras, es uno de los responsables de las expropiaciones de tierras a ciudadanos españoles con intereses económicos en Venezuela.
A falta de bombas...
Un ex ministro de aquel país me comentaba hace unas semanas que Cubillas tiene fama de ser el funcionario que más se ensaña con los empresarios españoles. A falta de bombas y metralletas, esa actitud puede suponer para Cubillas una especie de sucedáneo a fin de ajustar cuentas con su ex madre patria.
Entre todos estos etarras que disfrutan del paraguas protector del régimen chavista destaca un andaluz oriundo de Torres, el mismo pueblo jienense donde nació el juez Baltasar Garzón. Se llama Gabriel Segura Burgos y vino al mundo en 1958, tres años después de que lo hiciera el magistrado de la Audiencia.
Expulsado
Posiblemente, hasta pudieron coincidir en la infancia en un partido de fútbol o en las procesiones de Semana Santa. Sí es inequívoco que Segura Burgos llegó a Caracas en 1989 desde Argelia subido en un avión de las fuerzas aéreas españolas. Antes había sido expulsado de Francia a tierras magrebíes en octubre de 1987 y se había unido al asentamiento etarra allí montado por el jefe de la banda, Domingo Iturbe Abasolo, Txomin. Tras el fallecimiento de éste y el fracaso de las negociaciones en Argel del Gobierno español con ETA, Felipe González optó por la expulsión de todos los miembros de la banda allí confinados. Desde La Moncloa pensaron que la mejor solución era alejarlos de Europa y extrañarlos a América: México, Venezuela, Cuba, Panamá y República Dominicana.
Allí llegó Segura una vez quemado como terrorista en España. El andaluz, sin formación docente, que años antes había buscado un futuro mejor emigrando desde Jaén a tierras vascas, donde trabajó de conductor, iniciaba una nueva vida en el nuevo continente. En el País Vasco se había enrolado en ETA como también hicieron otros muchos inmigrantes llegados de las regiones más deprimidas de España. Es decir, en palabras del racista Sabino Arana, era un maketo, un maketo de ETA, aquel término que se inventó el fundador del PNV para definir a los vascos nacidos fuera de Euskadi. Un maketo como otros etarras: Txiki Paredes Manot (Extremadura), Caride Simon o Domingo Troitiño (Galicia), García Corporales (León) y muchísimos más.
Causa vasca
Segura Burgos, como el resto de los maketos, se veía obligado a demostrar todos los días su total entrega a la causa vasca, es decir, que él era más vasco que los nacidos en Euskadi. Una buena excusa para ingresar en el comando Vizcaya de la banda terrorista como miembro legal, esos activistas que no están fichados por la Policía. Pero en julio de 1985 fue descubierto junto a otros 18 militantes y el comando fue desarticulado. La lonja donde el grupo guardaba las armas era propiedad, según pudo comprobar la Policía, de un joven andaluz que no llegaba a los 27 años, domiciliado en Santurce, que logró huir a Francia. En el local hallaron tres metralletas, tres fusiles, 15 granadas, cinco chalecos antibalas, abundante munición, explosivos, tres pistolas y un arma arrebatada al brigada de Marina, José Villarengo, a quien habían asesinado en Portugalete. El análisis balístico de otra arma demostró que había sido utilizada para asesinar a dos policías y a una mujer mientras comían en un restaurante de Sestao. Al comando se le atribuía asimismo otros cinco asesinatos, cometidos entre 1984 y 1985.
El protector
Ése es el perfil del vecino del pueblo del juez Garzón, que vive placenteramente en Venezuela, bajo el manto protector de Chávez. Segura Burgos fue socio de Cubillas en el pub-restaurante Oker’s de Caracas, adonde acudía la flor y nata de la sociedad caraqueña, como señalaba Jesús María Zuloaga en un vanguardista reportaje que publicó en 1996 en ABC sobre la colonia etarra en Venezuela. Cubillas puso a su restaurante el nombre de su comando asesino, que en español significa Torcido. Cuando Cubillas se siente ante del juez Eloy Velasco, tendrá que contarnos el significado real de Torcido.
Segura Burgos era el maître del local mientras permaneció abierto hasta el año 2003, en que Cubillas se incorporó al Ministerio de Agricultura y optó por su cierre. El paisano de Garzón con anterioridad, junto a su mujer María Teresa González Pérez, había regentado en Puerto de la Cruz el hotel Sorrento y el restaurante Mendi. La esposa trabajaba de cocinera en una clínica de la misma localidad. El resto de socios de Cubillas y Segura dejó en España un reguero de sangre con decenas de cadáveres. El comando Oker, que de torcido tenía poco, fue el responsable del asesinato en Irún, en noviembre de 1984, de un ciudadano francés, Joseph Couchot, a quien la revista Punto y Hora había relacionado con los GAL. Couchot no pertenecía al círculo del subcomisario Amedo, sino al de la Guardia Civil de Intxaurrondo. Y hablando de Amedo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo ha abierto las diligencias previas en el procedimiento abreviado 2195/2010 tras la denuncia por injurias presentada por el policía contra Alfredo Pérez Rubalcaba.
El ministro del Interior tachó a Amedo de “delincuente” y éste le contestó que si llegó a serlo, fue siguiendo las órdenes de un Gobierno del que Rubalcaba formaba parte. Tras la ratificación de Amedo, que se ha personado en la causa, el Juzgado de Pozuelo se verá obligado a remitir las diligencias al Tribunal Supremo, ya que el dirigente socialista, en su doble condición de diputado y ministro, disfruta del privilegio de aforado.
La verdad, siempre
Según fuentes próximas al ex policía de los GAL, Amedo piensa llegar hasta el final en su lucha personal para que se sepa la verdad sobre la creación y el encubrimiento de la guerra sucia desde los diferentes ejecutivos felipistas. Rubalcaba fue portavoz y ministro de la Presidencia en el último Gobierno de Felipe González, entre 1993 y 1996, años en los que se creó un gabinete de crisis en La Moncloa para que los GAL no salpicaran al entonces presidente socialista.
El excelente periodista y escritor, ya fallecido, Javier Ortiz, en su libro El felipismo de la A a la Z (Espasa, 1996), escribe lo siguiente sobre Rubalcaba: “Fue el primer portavoz del Gobierno felipista, desde Eduardo Sotillos, al que se le entendía lo que decía. Otra cosa es que casi todo lo que dijera fuera mentira. Demostró una capacidad para mentir realmente extraordinaria, incluso dentro de la clase política, propia de un falsario vocacional”.
