Salgado jubila su plan de facilitadores financieros para supervisar el acceso al crédito
La ministra de Economía, Elena Salgado (EFE).
@Eduardo Segovia - 09/08/2010 06:00h
Es la eterna canción del Gobierno de Zapatero: se anuncia una medida muy llamativa con un gran impacto mediático, cuando se plasma en papel se rebaja bastante su contenido y, al cabo de unos meses, nadie se acuerda de ella. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con la figura del "facilitador financiero". Seguro que recuerdan la historia: en octubre de 2009, ante el cierre del grifo del crédito por parte de la banca, la vicepresidenta Elena Salgado anunció que Economía iba a contratar a un grupo de prejubilados de banca para examinar los préstamos que denegaban las entidades financieras.
Obviamente, este anuncio sembró la inquietud en el sistema financiero: parecía que el Gobierno iba a crear una especia de comisarios políticos para examinar la actuación de bancos y cajas, y para obligarles a abrir la mano con el crédito pese a la falta de liquidez y al fuerte crecimiento de la morosidad. Sin embargo, una vez conseguido un tremendo impacto mediático, que es lo que se pretendía -en el Ministerio lo niegan y aseguran que los medios se quedaron sólo con un ejemplo-, su contenido quedó descafeinado casi de inmediato.
Según fuentes del sector, el ICO tranquilizó enseguida a las entidades negando que los "facilitadores" fueran a valorar si las solicitudes de crédito debían concederse o rechazarse, ni siquiera que fueran a pedir el nombre de la entidad que las hubiera denegado. Según Salgado, las funciones de esta figura iban a ser mejorar la comunicación entre la empresa y el sector financiero, asesorar a la empresa en el proceso de tramitación del crédito y revisar expedientes de crédito denegados. Por tanto, la tercera de estas tareas, la que temían bancos y cajas, se cayó de inmediato.
Pero la cosa no quedó ahí. Economía decidió, en vez de utilizar personas para las otras dos funciones, crear un sistema informático para que las empresas pudieran facilitar sus datos directamente al ICO a través de Internet sin necesidad de pasar por una entidad financiera, que es el sistema que funciona en la actualidad.
Además, tampoco es necesairio que una entidad haya denegado un crédito a la empresa para que ésta lo pueda pedir directamente al ICO a través de este sistema. El instituto público evalúa esos datos y decide si la empresa cuenta con suficiente solvencia para acceder a alguna de sus líneas de crédito y entonces se lo comunica al banco o caja de elección de la empresa para formalizarlo.
Con este sistema, la función de los prejubilados quedaba reducida a ayudar a las pymes y autónomos que no estuvieran muy duchos en el uso de Internet a enviar la información al ICO. Es decir, una tarea más propia de informáticos que de profesionales de la banca. Y ni siquiera eso, porque las fuentes aseguran que todavía no se ha contratado a nadie para realizar esta tarea, 10 meses después del anuncio de dichas contrataciones.
Un portavoz de Economía no confirmó que se hayan producido estas contrataciones y fue imposible contactar con el ICO en referencia a esta información.
Un sistema poco eficaz
El 'facilitador virtual' tampoco ha dado los frutos esperados, puesto que el porcentaje de denegaciones directas del ICO a través de este sistema es muy superior al de los bancos y cajas cuando las empresas se dirigen a ellos para solicitar las líneas del instituto público, según las fuentes citadas. Esto se debe a que los criterios de evaluación del riesgo del ICO, aunque algo más laxos que los de la banca comercial, también son bastante estrictos para limitar al máximo la morosidad potencial.
Ante estos pobres resultados, el Gobierno decidió en febrero poner en marcha una nueva línea llamada ICO Directo en la que el instituto oficial asumía el 100% del riesgo de impago; en las líneas anteriores, este riesgo era compartido al 50% con la entidad financiera que lo concedía. Pero esta nueva línea, que comenzó a operar en junio, tampoco está consiguiendo que las empresas con menor solvencia accedan al crédito, tal como explicaba el viernes El Confidencial.
Un jaleo de líneas y procedimientos
La última medida en este sentido, anunciada el viernes, es la puesta en marcha de una línea conjunta del ICO con las Sociedades de Garantía Recíproca, en la que el riesgo es compartido de nuevo y que eleva el importe máximo de los préstamos de los 200.000 euros del ICO Directo hasta 600.000. Ya se han firmado acuerdos con sociedades como Avalmadrid o Iberaval para su lanzamiento en distintas comunidades autónomas.
En todo caso, la banca cree que el Ejecutivo está creando una maraña excesiva de líneas y procedimientos que únicamente causa confusión entre las empresas y las propias entidades financieras."El pequeño empresario desesperado lo que quiere es el préstamo y le da lo mismo que se llame Liquidez, Directo o Emprendedores, o que se lo dé su banco, el de enfrente o el facilitador financiero", concluyen en una entidad. Y son numerosos los casos de empresarios que solicitan todas las líneas del ICO, aunque no les correspondan (por ejemplo, piden la de Exportación aunque no exporten), por incrementar las probabilidades de que en alguna haya suerte.
