Carlos Sánchez
Uno de los lugares comunes en el discurso de los gobernantes -ahora le toca el turno a Zapatero- tiene que ver con el diseño de políticas económicas de carácter redistributivo. Es decir, con la puesta en marcha de estrategias de acción políticas destinadas a acercar la cohesión social mediante la lucha contra desigualdad. Unos y otros lo repiten hasta la saciedad, y al final, de tanto manosear este argumento electoralmente eficaz, parece que efectivamente ha triunfado eldiscurso igualitario. Los pobres son cada vez menos pobres y los ricos, menos ricos. No hay Gobierno que no cacaree de su decidido compromiso con el gasto social.
La verdad, sin embargo, y como decía Gramsci, siempre es revolucionaria, y lo cierto es que desde hace algo menos de una década algo está cambiando en la distribución de la renta. Pero no, precisamente, en la buena dirección. Todo lo contrario. Las desigualdades lejos de reducirse vuelven a crecer con fuerza. Y nada indica que se vayan a recuperar anteriores registros a corto o medio plazo.
Se trata, como alguien ha dicho, de un ‘cambio silencioso’ que ha acabado por truncar el proceso de convergencia ocurrido en los años 80 y primeros 90. Pero en contra de lo que se suele creer, la crisis económica no es la única culpable. El aumento de la desigualdad es fruto de las políticas económicas aplicadas en España desde comienzos de este siglo y hasta el año 2008, último año con cifras representativas. En concreto, desde el año 2001, que marca un hito en términos de cohesión social.
No se trata de un discurso ideológico o meramente teórico, los datos están ahí, pero desgraciadamente no parecen llamar mucho la atención. Al comenzar la década, el 20% más rico tenía una renta equivalente a cinco veces a la que poseía el 20% más pobre, pero ahora esa relación ha aumentado hasta 5,5 veces en apenas siete años. O dicho en otros términos, el 20% más pobre posee ahora el 7,2% de la renta, cuando al despuntar el siglo controlaba el 8,2%.
El aumento de la desigualdad es un ‘cambio silencioso’ que ha acabado por truncar el proceso de convergencia ocurrido en los años 80 y primeros 90. Pero la crisis económica no es la única culpable
El profesor Luis Ayala, uno de los sabios de ese país en la materia, ha dejado escrito que el ensanchamiento de la desigualdad tiene que ver con el crecimiento del empleo de bajos salarios y con las altas tasas de paro que existen entre los sustentadores principales del hogar (ver gráfico). O incluso con el hecho de que el porcentaje de familias sin ningún tipo de ingresos haya crecido de forma dramática. O con que el número de hogares con todos sus activos en paro se haya disparado. En concreto, y según la EPA del tercer trimestre, 1,3 millones de hogares tienen a todos sus activos sin trabajo. Mientras que 630.600 hogares no tienen ningún ingreso formal, lo que les obliga a vivir de la caridad o dentro de la economía sumergida. No está clara la influencia de la inflación -lo que algunos llaman el impuesto de los pobres- sobre la desigualdad.
Otro de los factores que ha influido en el aumento de las desigualdades tiene que ver con políticas fiscales que han achatado los tipos impositivos, y con menor recaudación (la presión fiscal individual ha bajado en todos los países de la UE y también en España) el Estado tiene menor capacidad para diseñar políticas económicas de carácter redistributivo.
Educación y cohesión social
Al menos, el factor educativo ha contribuido a estrechar las desigualdades sociales, pero sólo de manera parcial. Es cierto que el acceso a los estudios superiores de forma masiva se ha convertido en un factor de redistribución de la renta, pero dicho esto, la evidencia empírica indica que cuando el ciclo académico acaba el acceso al mercado de trabajo está profundamente desequilibrado porausencia de igualdad de oportunidades. Dicho en otros términos, los ‘ricos’ tienen más probabilidades que los ‘pobres’ de encontrar un puesto de trabajo. La desigualdad, por lo tanto, no es sólo un factor económico, también social. Y no sólo un problema que afecta a ricos y pobres, también a las clases medias perjudicadas por un modelo que no favorece la justicia y la movilidad social.
Como diría el clásico, "todos somos iguales, pero unos más que otros". También a la hora de encontrar empleo. Y ni siquiera el Estado cumple ya en ocasiones ese papel equilibrador de antaño. El acceso a la función pública –por el agotamiento de los sistemas de concurso u oposición- se ha convertido en mero amiguismo o simple corporativismo, como demuestra que al mismo tiempo que se congela la oferta pública de empleo, continúa creciendo el número de empleados públicos con promociones internas que impiden la libre concurrencia. A la cosa pública, por decirlo de una manera directa, no llegan los mejores, y eso pasa factura en términos de país. No es casualidad que los países con mayor bienestar en términos de renta -los nórdicos- sean al mismo tiempo los que más han avanzado en cohesión social y en igualdad de oportunidades
En contra de lo que algunos creen, el igualitarismo no es sinónimo de ineficiencia económica. Es verdad, sin embargo, que determinados discursos populistas y pseudo progresistas sólo conducen a igualar por abajo -todos igual de pobres- y no por arriba: todos más ricos. O conducen a lo que Stuart Millllamaba con acierto mediocridad colectiva. Esa visión es, sin duda, una idea trasnochada que parte de una imagen maniquea de la historia y que habría que erradicar.
La libertad económica no es incompatible -todo lo contrario- con el hecho de que el Estado procure la igualdad de oportunidades. Esa es la labor fundamental de los poderes públicos. Y no las meras funciones de un sereno o de un guardia de trafico.
