El sector público mete miles de facturas en el cajón para no aflorar déficit.
El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa (Archivo). @Carlos Sánchez
La crisis aprieta. Y a medida que avanza florece una vieja práctica que parecía ya desterrada: la de meter facturas en el cajón para evitar su reconocimiento contable. No hay datos concretos, como no puede ser de otra manera, pero diversas fuentes consultadas han asegurado a El Confidencial que esta es la fórmula que está utilizando el sector público para saltarse las restricciones presupuestarias. En particular, comunidades autónomas y ayuntamientos, cuya capacidad de financiación en el mercado es prácticamente nula. Esta práctica seríairrelevante en el caso de la administración central del Estado.
“Las administraciones siempre han metido facturas en el cajón, incluso en los mejores momentos, pero ahora tiene que ser la leche”, asegura gráficamente un interventor de la administración con muchos años de experiencia en puestos de responsabilidad. En su opinión, es habitual que el sector público pacte con sus proveedores el momento de expedir la factura, y lo que está ocurriendo ahora para poder financiar el gasto corriente es que el reconocimiento formal de ese pago se alarga durante seis meses, un año o incluso más. El proveedor no tiene más remedio que aceptar esa práctica (al fin y al cabo cobraría con retraso) si no quiere perder un cliente que siempre paga, como es la administración, aunque en muchas ocasiones con enormes retrasos. Y, además, con intereses de demora.
No se trata, desde luego, de un fenómeno nuevo. Incluso dentro de gobiernos del mismo signo político. Cuando Pedro Solbes sustituyó a Carlos Solchaga al frente del Ministerio de Economía, afloró déficit por cerca de un billón de pesetas (unos 6.000 millones de euros), y cuando Rodrigo Rato tomó posesión del viejo edificio de aduanas sacó a la luz gastos no contabilizados a efectos de déficit por valor de 721.000 millones de pesetas (unos 4.300 millones de euros). Posteriormente, cuando Solbes recuperó al cartera de Economía, afloró déficit alojado en AENA, Astilleros o el antiguo GIF.
La práctica de retrasar la emisión de una factura guardándola en el cajón se aprovecha de la laxitud que incorpora el Manual de déficit público elaborado por Eurostat para las corporaciones locales. Ese manual se limita a decir que “a la fecha de cierre del ejercicio deben registrarse aquellas obligaciones vencidas, líquidas y por tanto exigibles, que se hayan producido, aun cuando no se hayan dictado los correspondientes actos administrativos de reconocimiento y liquidación” (las facturas).
El misterio de las cuentas autonómicas
“Dicha aplicación”, continúa la norma, “tiene lugar, normalmente, en el ejercicio siguiente, una vez se dicta el mencionado acto administrativo”. Esto significa que si un ayuntamiento ha generado gasto en 2010, puede endosarlo a 2011 con sólo guardar unos meses la factura en el cajón. Aunque el Manuel de déficit público deja bien claro que el principio del devengo es el que prevalece (cuando se contrae la obligación y no cuando paga -principio de caja-), lo cierto es que una factura en un cajón se encuentra en una zona de sombra que se escapa al control de la Intervención. Eso es lo que sugirió el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante su comparecencia en el parlamento, cuando criticó la opacidad de regiones y ayuntamientos a la hora de desvelar la verdadera situación de sus finanzas.
Hay que tener en cuenta que la labor de los interventores es a posteriori. Por lo que el margen de maniobra de los responsables políticos para gastar sigue siendo muy elevado.
Se trata de una práctica tan habitual que el Gobierno se niega a poner en marcha una línea del ICO destinada a financiar la morosidad de los ayuntamientos. Simplemente, asegura un parlamentario de la oposición, porque afloraría mucho gasto que hoy permanece en la sombra. “El Gobierno se dio cuenta de que si el ICO avala las deudas de los ayuntamientos aflorarían muchas facturas, y por eso ha frenado su constitución”, asegura.
No hay que olvidar que el Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a que este año las comunidades autónomas alcancen un desequilibrio fiscal equivalente a 31.793 millones de euros. Mientras que las corporaciones locales generarán un déficit de 6.228 millones de euros. Esto significa que cualquier proceso destinado a sacar a la luz facturas que hoy están en el cajón podría provocar un incumplimiento de los objetivos, y eso es, precisamente, lo que quiere evitar el Gobierno.
Según datos empresariales, la morosidad de las administraciones públicas a pymes y autónomos se situaría en estos momentos en alrededor de 30.000 millones de euros. Una parte está reflejada en el déficit y otra en facturas que todavía no han visto la luz.
