La jueza del caso Carioca deja libre tras once meses al encargado del Eros
La jueza que instruye el caso Carioca, Pilar de Lara, decidió a finales de agosto dejar en libertad a J.A.P.F., que permanecía en prisión preventiva desde hace casi once meses y que era el encargado del funcionamiento del club Eros, el prostíbulo al que han prendido fuego cuatro veces en dos meses.
La jueza accedió a la petición de la abogada del acusado en un auto firmado el pasado 25 de agosto. Pilar de Lara mantiene sus múltiples imputaciones a J.A.P.F., que incluyen inducción a la prostitución y delitos contra los derechos de los trabajadores y los extranjeros, pero considera que, transcurrido ya casi un año desde su encarcelamiento, este hombre ya no está en condiciones de obstruir las investigaciones.
No obstante, además de la retirada del pasaporte y de la obligación de presentarse regularmente en el juzgado, ha impuesto al acusado dos medidas más contundentes: la prohibición absoluta de acercarse a cualquiera de las mujeres que ejercieron la prostitución en dicho club y la obligación de abandonar la comunidad autónoma gallega mientras prosigue la instrucción. El plazo máximo para cumplir esta última obligación finalizaba a las 17.00 horas del pasado martes, por lo que J.A.P.F. ya está fuera de Galicia. Pese a todo, la defensa del acusado ya ha recurrido a la Audiencia Provincial la orden de abandonar la comunidad.
De hecho, pese a que el Eros permanece precintado, al igual que otros prostíbulos registrados durante esta operación, Pilar de Lara sólo ordenó que fuera vigilado permanentemente el Queens, que es donde se han centrado la mayor parte de las indagaciones y donde se supone que se cometieron los principales delitos que se investigan en este caso.
Asimismo, insistió en que la Policía «está haciendo su trabajo» y auguró que «más pronto que tarde aparecerán los autores». «Me parece desafortunado que se dude del trabajo policial. Se está haciendo una buena labor», zanjó.
Sobre la posibilidad de instalar cámaras en el solar donde está situado el club, puntualizó que no es la Policía el órgano al que corresponde la decisión. «Son otros los que tienen que decidir poner cámaras», señaló antes de considerar que, en cualquier caso, las cámaras hay que emplearlas en otros lugares, «como las comisarías y edificios administrativos».
Según declaró ayer a este diario Santiago Nogueira, el abogado de M.G.A., «vamos a reclamar todos los daños a quien corresponda. Mi cliente tenía en ese local una inversión en equipo de sonido, muebles y mercancías, y todo eso está destrozado». «Una cosa», indicó el letrado, «es que mi cliente esté imputado por unos delitos, que ya se verá si son ciertos o no, y otra que impunemente se puedan destrozar sus propiedades».
No obstante, otras fuentes jurídicas consideraron que no será fácil que se conceda dicha reclamación, ya que el precinto judicial se ordena para preservar las pruebas y para garantizar las posibles indemnizaciones a las víctimas si finalmente el acusado es condenado.
Se sospecha que el incendiario sería alguien del entorno de M.G.A. posiblemente en venganza por un desahucio reclamado por falta de pago. El abogado dijo, sin embargo, que su cliente «sigue siendo el arrendatario. La petición de desahucio contra él, ya solucionada, no tiene nada que ver ni con este local ni con ningún otro».Miguel Olarte / El Progreso (Lugo)
