CCOO y UGT exigen acreditación profesional para el sector de ayuda a domicilio.
Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla y León solicitan a la Junta que ponga en marcha el sistema de cualificación derivado de la Ley de Dependencia de manera inmediata para proteger la labor que vienen desarrollando 5.000 trabajadores del sector de la ayuda a domicilio.
Las centrales remitieron una propuesta al Ejecutivo autonómico para salvaguardar el empleo de estos profesionales ante la exigencia de la nueva normativa estatal de que cuenten con un certificado de profesionalidad de nivel 2, con una formación de 600 horas, que exige como requisito de acceso a la formación contar con un título de ESO o equivalente.
La mayoría de este colectivo de auxiliares de atención a domicilio cuenta con un carné profesional, fruto de las 315 horas de formación establecidas en 2002, y pactadas entre los agentes sociales y la Administración regional, teniendo como referente el certificado de profesionalidad vigente en aquel momento y su acomodación a la realidad del sector. Asimismo, una gran parte de estos trabajadores cuenta con una experiencia superior a tres años.
En este contexto, CCOO y UGT reclaman a la Junta que ponga en marcha inmediatamente el sistema de acreditación de la experiencia y la formación informal, ya que permitiría a estos empleados obtener el certificado correspondiente para seguir ejerciendo su profesión sin tener que iniciar la formación completa a partir de ahora.
"Nuestro principal objetivo es doble, que no se produzca una pérdida de empleo entre los actuales trabajadores y el cumplimiento estricto de las obligaciones legales en cuanto a la formación", explican
Así, las centrales plantean una formación complementaria de 90 horas para los empleados del sector con el carné profesional y con la exigencia de un mínimo de tres años de experiencia por trabajador, para obtener directamente el nuevo certificado de profesionalidad.
Y es que la Ley de Dependencia exige que en 2011, el 35% de los empleados cuente con esa formación, hasta lograr la totalidad en 2015, aunque se aclara que el porcentaje inicial se podrá reducir un 50 por ciento "cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo en la zona, que reúnan los requisitos de cualificación profesional".
