La institución entroniza dos varas de medir, una en Valencia y otra en Toledo
La Fiscalía, el poderoso Bono y el gran bochorno
No se trata de condenar al ex presidente castellanomanchego por su patrimonio, sino de investigar cómo lo ha logrado
L.G., 06 de junio de 2010 a las 11:16
La Fiscalía de Pumpido, que hace muchos años que abandonó todo escrúpulo ante la legalidad para ser ariete político del Gobierno, busca reforzar la tesis que retrata a Bono como víctima
El principio de igualdad ante la Ley es uno de los pilares del Estado de Derecho.
En virtud de este principio, el Poder Judicial queda obligado a atenerse a las mismas normas para juzgar a cualquier ciudadano, precisamente porque a todos los ciudadanos les alcanzan esas normas por igual.
La igualdad ante la Ley es también un principio esencialmente democrático, por el cual ninguna persona, por mucho poder de que disponga, ha de contar con fueros privilegiados o tratos de favor. La igualdad ante la Ley avala al propio Poder Judicial como trama institucional ajena a presiones políticas.
Por eso mismo, cuando se pervierte en la práctica este principio, cuando las propias autoridades modifican a su antojo la aplicación de las leyes, cuando jueces y fiscales investigan y juzgan por oportunismo político o por sectarismo ideológico, cuando, en definitiva, la Fiscalía acepta doblar la cerviz ante el Ejecutivo y transigir con sus imposiciones, la vida institucional de una nación queda marcada con una herida de corrupción casi irrestañable.
Desaparece la seguridad jurídica y se vulnera la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Aparece el escándalo.
Las filtraciones realizadas este viernes por la Fiscalía a un periódico catalán a propósito del caso Bono son un ejemplo prístino de perversión de su papel institucional y sorprenden por el desahogo con que abonan, con su alineamiento partidista, este escándalo de la ciudadanía.
En primer lugar, ¿cómo es posible que un medio amigo reciba filtraciones y los servicios jurídicos del PP, los que han presentado los escritos no hayan recibido aún ninguna información?
Eso ya es, de por sí, un movimiento del todo deplorable, en tanto que no busca sino desacreditar las informaciones desveladas por el diario de La Gaceta, apagar la sorpresa de millones de españoles que quieren una explicación sobre el incremento patrimonial de Bono, e ir generando en la opinión pública un ambiente favorable al rechazo de las argumentaciones presentadas por el PP ante la misma Fiscalía.
En definitiva, la Fiscalía de Pumpido, un fiscal que hace muchos años que abandonó todo escrúpulo ante la legalidad para ser ariete político del Gobierno, ha buscado reforzar la tesis que retrata a Bono como víctima, en lo que es una burla intolerable a la realidad de las cosas: en la misma situación patrimonial que tiene Bono, cualquier ciudadano español sería investigado.
¿Por qué no alguien que además está obligado, en razón de su cargo, a una mayor ejemplaridad en la transparencia?
Es de temer que la respuesta a esta pregunta nos sitúe con toda crudeza ante la pudrición que hay en la Fiscalía, teóricamente encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad.
Si la propia Fiscalía no se atiene a un principio tan básico de la legalidad como es la igualdad ante la Ley, ¿qué resquicio de legitimidad y de credibilidad le queda?
Como fuere, son los argumentos filtrados por la Fiscalía los que resultan aún más increíbles. Pumpido y sus acólitos recurren a la falacia envuelta de angelismo, acusando al PP de intentar "abrir un proceso inquisitorial" contra Bono, cuando lo que se quiere es que se le investigue con todas y cada una de las garantías que por Ley asisten al presidente del Congreso. Por otra parte, desde la Fiscalía se citan como detonantes de la solicitud de investigación la existencia de "meras sospechas" y no de "hechos contrastados", cuestión que sería casi cómica de no ser tan grave.
¿Qué informaciones de La Gaceta han sido desmentidas por Bono? Siervo incluso de sus propias palabras, Bono no ha hecho sino recurrir a tácticas evasivas y a propagar la especie de una campaña de la derecha en su contra, cuando lo cierto es que, aun cuando hubiera campaña, los hechos son los hechos, y es a los hechos a los que hay que atenerse.
¿Quiere más indicios la Fiscalía para ponerse a investigar y cumplir con su papel? ¿No bastan con los múltiples bienes inmobiliarios adquiridos por Bono y familia; no bastan con sus áticos, sus pisos, sus más que sorprendentes permutas, sus caballos, la actividad de su hípica y la manera en que esta se financió?
¿No bastan con sus relaciones, siempre con dinero público y privado de por medio, con el constructor y contratista de la Junta de Castilla-La Mancha, Rafael Santamaría, sospechosamente magnánimo con el presidente del Congreso?
Si no bastan estos y otros indicios, si no basta el hecho de que el patrimonio de Bono se compadezca difícilmente con sus ingresos, hoy publica este diario un nuevo caso de subvenciones millonarias concedidas por Bono a su familia.
Contra los sofismas de la Fiscalía, no se trata de condenar al señor Bono por su patrimonio, sino de investigar los medios por los cuales ha logrado ese patrimonio.
¿Qué se oculta detrás de la intangibilidad que Pumpido le está otorgando a José Bono? Si algún medio ha aceptado ocultar las peculiaridades de Bono y no informar sobre su caso, allá él con su venalidad y con su falta de conciencia y profesionalidad, pero la inactividad y las filtraciones que muestran el sometimiento de la Fiscalía nos afectan a todos.
Y son tanto más graves cuanto que entronizan en la práctica el establecimiento de dos varas de medir: una para el irrisorio caso de los trajes de Camps, con una persecución inflada fuera de toda proporción, y otra para el mayúsculo caso de las propiedades de Bono.
Una vara de medir para los españoles de derechas, en definitiva, y otra para los de izquierdas. Si los trajes de Camps son "cohecho impropio", ¿qué podrían ser las multimillonarias propiedades de Bono?
- De seguir en sus trece la Fiscalía, el caso Bono no sólo significará el bochorno general, sino el fin de unas instituciones arrasadas por el descrédito.
- Bono subvencionó a una empresa de su familia
- Cuando a La Razón sí se ocupaba de Bono
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- El discutido patrimonio de Bono
