El auto, firmado por los magistrados Félix Alfonso Guevara Marcos (presidente), Guillermo Ruiz Polanco y María de los Ángeles Barreiro Avellaneda, al que ha tenido acceso en su integridad El Confidencial Digital, es firme, y supone un varapalo al juez Baltasar Garzón, porque revoca el auto que dictó en sentido contrario el pasado 15 de enero. A partir de aquí, el juzgado deberá practicar las diligencias pertinentes.
Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, decidió en enero inadmitir la querella formulada por la asociación “Dignidad y Justicia”, como acusación popular, contra J.A. Yurrebaso Atutxa y K.M. Suárez Ugarte, ambos miembros de ETA y a su vez ‘negociadores’ de la banda con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y contra Víctor García Hidalgo, ex director de la Policía y la Guardia Civil.
Primero se les acusaba de un delito de colaboración con organización terrorista, pero después se les vinculó con la llamada “operación Faisán”, es decir las filtraciones que provocaron el fracaso de una operación policial que tenía por objeto la desarticulación del entramado financiero de ETA, hecho que dio lugar a la incoación de diligencias previas para investigar delitos de revelación de secretos y colaboración con organización terrorista.
Dos comisiones rogatorias procedentes de Francia (de la Juez Levert) habían solicitado información acerca de Yurrebaso y Suárez, detenidos en aquel país en marzo de 2007, ya que en su poder se encontró documentación en la que constaban anotados algunos números telefónicos pertenecientes a altos funcionarios de los gobiernos español y francés intervinientes en el proceso de negociación con ETA, uno de ellos correspondiente a García Hidalgo.
La Sala de lo Penal falla ahora que queda en pie la imputación que se hace a Víctor García Hidalgo, que fuera director de la Policía y la Guardia Civil, sin admitir la afirmación del fiscal de que carecía ya de responsabilidad en Interior porque había cesado en septiembre de 2006, es decir, antes de la detención de Yurrebaso y Suárez.
El propio fiscal admitió que los miembros de ETA tenían en su poder un papel con el número de teléfono de García Hidalgo, por lo que su cese no excluye la posibilidad de valorar si sus actos se realizaron antes y en su condición de autoridad pública. La querella de “Dignidad y Justicia” pretende “el esclarecimiento de la intervención o no del Sr. García Hidalgo en los hechos investigados y, de haber intervenido, en qué calidad lo hizo”.
Añade el auto que, en relación con los contactos con ETA, “se trata de determinar si García Hidalgo ostentaba la calidad de agente gubernamental”.
La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional previsiblemente aumentará la preocupación que el ministro del Interior ha mostrado por todo lo relacionado con el “caso Faisán”, a la vez que corta de raíz el intento de archivar el tema rápidamente, como parecía ser hasta ahora el criterio del juez Baltasar Garzón.Fte El confidencial
