La Conselleria de Justicia quiere que la mediación llegue al ámbito penal (faltas y delitos) pese a que la ley que en breve aprobará el Consell regulará sólo la solución negociada de los conflictos en el Derecho Privado, en el ámbito civil.
Lo dijo ayer la titular autonómica de Justicia, Paula Sánchez de León, tras presentar un ambicioso plan de modernización integral de la Justicia, que se limita a la obligada implantación de la oficina judicial sino que se asienta sobre otras tres patas: la modernización de los archivos judiciales , el desarrollo del expediente digital y la justicia preventiva.
Es en esta última, en la justicia preventiva, en la que se incardina esa voluntad de promover la mediación para evitar que asuntos menores, en su mayoría faltas pero también algunos delitos, se resuelvan de manera negociada entre las partes con ayuda de un mediador pero sin necesidad de que intervenga el juez. Esta medida, explicó Sánchez de León, aligeraría el trabajo de los juzgados, que podrían dedicarse a asuntos más importantes.
El proyecto, que aún está por desarrollar, pasaría por remitir al servicio de mediación a las dos partes para intentar encontrar una solución a su problema antes de que se materialice la denuncia porque muchas veces lo que quiere el ofendido no es que el infractor sea condenado sino que le compensen por el daño causado.
El Consell cree que sería un procedimiento muy eficaz para resolver riñas, insultos, y casos de impago de pensiones. En rigor, en el ámbito penal, esta solución extrajudicial de los pleitos sólo es aplicable a las faltas de amenazas, injurias, coacciones, vejaciones e infracciones de tráfico y a los delitos de calumnias e injurias, en las que el perdón del ofendido extingue la acción penal. Pero el Consell cree que, buscando los recovecos de la ley, se puede ir un poco más lejos.
Sánchez de León se reunión ayer con el presidente del TSJ, el fiscal superior, los presidentes de las Audiencias y los fiscales jefes de las tres provincias para explicarles el nuevo modelo de oficina judicial que supondrá un cambio organizativo revolucionario. Pierde poder el juez, lo gana el secretario y desaparecen los juzgados como unidades independientes para dar protagonismo a servicios comunes que atenderán a todos los juzgados. La implantación de la nueva oficina judicial, en la que el Consell invertirá siete millones, se hará de manera gradual y estará completada en 2014.
