HOY SE CONVOCAN OFICIALMENTE LAS ELECCIONES DEL 20-N

Rubalcaba se asoma al abismo: sondeos internos prevén una debacle como la de Almunia

José L. Lobo.

De puertas afuera, Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo de campaña tratan de insuflar optimismo a los desmovilizados militantes socialistas con el mensaje de que la victoria del PP no está escrita en ningún sitio, y que aún hay margen para remontar en las encuestas. Pero de puertas adentro los ánimos son mucho más sombríos.

Sondeos internos vaticinan un descalabro histórico similar al sufrido por Joaquín Almunia en 2000, según reconocen fuentes de Ferraz consultadas por El Confidencial. El entonces rival en las urnas de José María Aznar sólo obtuvo 125 diputados -el PSOE tiene ahora 169 escaños- y presentó su dimisión la misma noche del escrutinio.

La humillante derrota de Almunia no supuso, pese a todo, el peor resultado cosechado por los socialistas desde la reinstauración de la democracia: en 1977 lograron 118 diputados, y sólo tres más en 1979. Pero sí fue la más dolorosa, porque era la primera vez que la derecha obtenía la mayoría absoluta. Ahora, 11 años después, la debacle puede repetirse, o incluso agravarse, con Rubalcaba como candidato.

Según los últimos sondeos internos elaborados por Ferraz, la proyección de escaños para el PSOE se mueve en una horquilla que va de los 120 a los 130 diputados, es decir, hasta 49 menos que en la presente legislatura. Un pronóstico que, de materializarse en las urnas el próximo 20 de noviembre, dejaría a Rubalcaba en una posición insostenible.

¿Estrategia deliberada?

Algunos consultores políticos, sin embargo, ponen en duda la fiabilidad de esos sondeos internos. La situación del PSOE es muy mala, casi desesperada, pero no terminal, vienen a decir. "Puede ser una estrategia deliberada de Rubalcaba", sostiene Narciso Michavila, director del Gabinete de Análisis Demoscópico. "Si el listón de las expectativas se pone muy bajo, por ejemplo en 120 o 125 diputados, y luego se obtienen 130 o 135, el resultado se podrá presentar casi como un éxito, aunque en realidad sería pésimo".

La encuesta que publica hoy lunes El Periódico de Catalunya arroja unos datos que coinciden con los negros pronósticos de Ferraz. Según ese sondeo, el PSOE obtendría, de celebrarse hoy las elecciones, entre 121 y 125 diputados, y pasaría del 43,6% de los votos obtenido en los comicios de 2008 a un 31,4% el 20-N. La misma encuesta da al PP entre 185 y 189 escaños.

Tengan o no tengan cocina las encuestas de Ferraz, lo cierto es que el panorama que tiene por delante Rubalcaba, cuando faltan 55 días para las elecciones, es desolador. Tal vez por eso el candidato socialista ha empezado a recurrir, casi a la desesperada, al viejo recurso -y tal vez ya gastado- del miedo a la derecha. Ayer, durante un acto preelectoral en Alcorcón (Madrid), el ex número dos del Gobierno volvió a agitar ese señuelo, al afirmar que, si vence Mariano Rajoy, "acabará con el Estado del Bienestar". Y añadió: "No vale la excusa que están utilizando de que no hay dinero para pagarlo".

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmará hoy el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones generales para el próximo 20 de noviembre. Zapatero ha convocado esta mañana una reunión informal del Consejo de Ministros en La Moncloa, y desde allí se trasladará al palacio de La Zarzuela para comunicar oficialmente al rey Don Juan Carlos la convocatoria de los comicios.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO V CONVENIO COLETIVO: A CIG DI NON Á CAMBIAR EMPREGO POR CARTOS

A Administración, a instancia da Consellaría de Traballo e Benestar, vén de proporlles ás centrais sindicais asinantes do Convenio a modificación do mesmo substituíndo o descanso adicional derivado do traballo en domingos e festivos contemplado no artigo 19.5 do Convenio a cambio de remunerar eses días de descanso.

A consecuencia máis notable disto sería a mingua de emprego público, a volta para casa dos/as compañeiros/as que cobren estes días de descanso e a maiores se estaría a xogar coa saúde do persoal.

A CIG, como central asinante do V Convenio, apostou porque este defendese o descanso dos/as traballadores/as fronte a remuneración do traballo en domingos e festivos.

E consecuentemente con isto a CIG non pode aceptar esta proposta que só vai destinada á destruír emprego público e aforrar os cartos que supón de cara á creación da Axencia Galega de Servizos Sociais.

Suporía ademais unha degradación das condicións laborais ao se intensificar o traballo nos centros de Benestar aos que vai destinada a reforma, e non incrementarse o cadro de persoal.

Como corolario, a CIG non pode aceptar ningunha chantaxe e está disposta a asumir as consecuencias desta negativa a satisfacer os plans dunha Administración que ten a cabeza posta na creación dunha Axencia cunhas condicións laborais devaluadas.

Esta nova está publicada no web da CIG-Autonómica: http://autonomica.cigadmon.org

SALGADO Y LA GENERALITAT EN EL FMI.

SALGADO Y LA GENERALITAT EN EL FMI.

«Caso Faisán»: La encrucijada del juez Ruz

Tras ser desautorizado por el Pleno deberá dar un giro a la investigación si no quiere ver el caso abocado al archivo

Ruz está a la espera del auto del Pleno para retomar la instrucción - Foto: Efe Ricardo Coarasa

MADRID- ¿Cómo retomar una investigación contra tres imputados que ha sido desvirtuada por tus propios compañeros? ¿Dónde encontrar nuevos sospechosos cuando se tiene la sensación de que ya se ha hecho todo lo posible para esclarecer los hechos? ¿Cómo justificar el carpetazo a una causa después de afirmar la existencia de un «chivatazo» a ETA que desbarató una operación contra su «aparato de extorsión»? Ésta y otras preguntas similares deben de estar, seguramente, rondando la cabeza del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz desde que 14 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal dejasen el pasado martes en agua de borrajas sus conclusiones para procesar, por el supuesto soplo a los terroristas, al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector jefe José María Ballesteros.

No había más que ver las caras de los miembros del Pleno tras adoptar su salomónica decisión para entender que, como les pasa a los políticos tras las elecciones, todos tenían motivos para sentirse satisfechos.

Todos contentos

Quienes defendían el archivo, al no apreciar la existencia de delito alguno, terminaron avalando una resolución que sólo dejaba una cosa clara: que delito, hubo. Pese a todo, por paradójico que pueda parecer, tenían motivos para esbozar una sonrisa, pues se tomaban el revolcón a la investigación y la revocación del procesamiento como una victoria que deja herido de muerte al «caso Faisán». Este diagnóstico tiene hasta estribillo, que se ha escuchado estos días en algún corrillo parafraseando la famosa cumbia: «Se va el “Faisán”, se va el “Faisán”, se va pa´ la alcantarilla...».

Tampoco los magistrados que pensaban que avisar a ETA de una operación policial, con tregua o sin ella, es un claro delito de colaboración con organización terrorista parecían tener razones para sentirse apesadumbrados. Al tanto de que una mayoría de sus compañeros (exigua, pero mayoría) estaba por la labor de enviar el caso a los juzgados de Irún (el lugar donde se produjo el supuesto soplo) al apreciar únicamente un delito de relevación de secretos, les quedaba el consuelo de que el asunto, al fin y al cabo, seguiría investigándose, contra todo pronóstico, en la Audiencia.

Finalmente, los jueces que se decantaban por descartar el delito de colaboración con ETA, encaminando la causa al País Vasco, se daban por satisfechos con no salir señalados en la previsible refriega mediática. Al no entrar formalmente el Pleno a debatir la calificación jurídica de los hechos (si hubo o no colaboración con ETA) su labor quedaba incólume. La historia de héroes y villanos no se iba a escribir esta vez.

¿Y ahora qué? Ruz no tiene más remedio que seguir investigando. El Pleno, de hecho, le marcará en su resolución algunas pautas para continuar las pesquisas. Pero el propio magistrado tiene la sensación de que ya ha practicado todas las diligencias que debía y que poco más se puede hacer, al menos con respecto a los tres imputados. No obstante, el instructor ha dado a entender que intentará reunir más indicios contra García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros pese al tirón de orejas de la Sala. ¿Una forma de ganar tiempo esperando un escenario más propicio para cerrar el caso tras el 20-N o un esfuerzo sincero por aclarar lo sucedido? El tiempo lo dirá, aunque lo cierto es que, si el juez Ruz no es capaz de aunar más pruebas contra los tres mandos policiales o bien contra nuevos procesados, estará obligado a concluir el sumario sin procesamiento y elevarlo a la Sala, que sería la encargada de dictar el sobreseimiento provisional de la causa (a la espera de que, en el futuro, puedan encontrarse indicios más contundentes). Como siempre, los pronósticos van por barrios. Mientras para unos «el “Faisán” está muerto», otros auguran meses de investigaciones y no descartan, incluso, un segundo auto de procesamiento.

¿Y la Fiscalía? El Ministerio Público, que fue el que impulsó la investigación en un principio, pidió el sobreseimiento en octubre de 2009 para, meses después, concluir que los imputados sólo pudieron cometer un delito de revelación de secretos. ¿Dará ahora el fiscal el paso de pedir el archivo o esperará a que muevan ficha las defensas? Otra incógnita, una más, de las muchas que merodean el «caso Faisán».

PROCESADOS DURANTE SÓLO DOS MESES

Víctor García Hidalgo

Para el instructor, el entonces director de la Policía fue informado por Pamiés en todo momento «del desarrollo y evolución de los acontecimientos». La Fiscalía cree que los indicios contra García Hidalgo son especialmente inconsistentes.

Enrique Pamiés

Según el auto de procesamiento del pasado julio, el jefe superior de Policía del País Vasco es la persona que habría avisado al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, de la inminente operación contra ETA. El Pleno, sin embargo, considera endebles los indicios.

José María Ballesteros

Es el policía señalado por Ruz como el encargado de facilitar a Elosua el móvil a través del cual le dieron el «chivatazo» a las puertas del bar Faisán. Tras la resolución del Pleno, su abogado ha sido el primero en pedir el sobreseimiento de la causa.

En manos de Garzón

Como es sabido, Ruz no tiene plaza en propiedad en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que sigue siendo titular el juez Baltasar Garzón a la espera de que se conozca el resultado del juicio por prevaricación que deberá afrontar antes de final de año a cuenta de su investigación de los crímenes del franquismo. Esa sentencia marcará el futuro de Ruz en la Audiencia. El sustituto de Garzón llegó a su actual destino en julio del pasado año en comisión de servicios. Lo único cierto es que los días de Ruz en la Audiencia están contados. Si Garzón es absuelto, recuperaría su puesto en el juzgado (siempre que no sea procesado por algunas de las otras dos causas en las que está inmerso). Por contra, si es condenado perdería automáticamente su plaza, que saldría a concurso. La juventud de Ruz jugaría en su contra frente a candidatos con más dilatado currículum, por lo que volvería a los juzgados de Collado Villalba.

Mandos del Ejército del Aire plantean convertir la base de San Javier en una escuela internacional de vuelo después del cierre de la terminal civil proyectado por AENA

Se acabaron los vuelos civiles desde el aeropuerto de San Javier (Murcia). A partir de ahora, la Academia General del Aire será la única en utilizar sus pistas. Con unas instalaciones tan extensas, mandos del Ejército del Aire valoran positivamente la creación de una escuela de pilotos militares que atraiga a fuerzas aéreas extranjeras.

Tras el cierre inminente de las instalaciones civiles del aeropuerto de San Javier, y su traslado al nuevo aeropuerto de Corvera, en el seno del Ejército del Aire se ha abierto un debate sobre qué hacer con ese espacio.

De momento, el espacio permanece aún abierto aunque AENA ya ha anunciado que renuncia a San Javier. Una decisión que ha levantado mucha polémica en la región, ya que hace pocos meses se había inaugurado una segunda pista y una ampliación de la terminal civil para mejorar la operatividad del aeropuerto. Las obras en San Javier y en Corvera se llevaron a cabo de forma paralela.

AENA pedirá una indemnización al Gobierno regional, ya que fue el organismo de aviación civil el que pagó estas obras. Corvera está situado a tan sólo 35 kilómetros de San Javier y le ha costado al Gobierno de Murcia cerca de 200 millones de euros en avales.

Alternativas de futuro

La ‘mudanza’ a Corverá deja abierta la posibilidad de que sea el Ejército del Aire quien gestione a partir de ahora las instalaciones civiles. Según fuentes militares consultadas por ECD, “San Javier puede dar mucho ‘juego’ al Aire en un futuro. Por emplazamiento y por instalaciones, con una segunda pista recién estrenada”.

Una de las opciones que se baraja entre mandos del Aire es que San Javier –base de la Patrulla Águila- se convierta en un futuro en sede de una escuela de pilotos que pueda albergar a un buen número de pilotos militares extranjeros. “Abriría un abanico de posibilidades inmenso para la zona, que ahora pierde su aeropuerto”.

Esta escuela –de momento, una “mera sugerencia” de estos mandos- podría aglutinar la educación de los pilotos y cadetes de la Academia General del Aire, y podría situar a España a un nivel importante en cuanto a formación de militares extranjeros.

España ya forma a pilotos de otros países -como Arabia Saudí- en la base de Morón de la Frontera (Sevilla). Allí, varias decenas de militares árabes han aprendido a manejar elEurofighter gracias a las clases de instructores españoles.

RETRASO EN LOS PAGOS FARMACÉUTICOS, MENOS PROFESORES, CIERRE DE QUIRÓFANOS...

La ruina autonómica y municipal se deja sentir ya en los servicios más básicos del ciudadano

José Manuel Vela, consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana (EFE). Ana I. Gracia.

“No tenemos un puto duro”. La declaración, captada a principios de verano por un micrófono abierto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya podría atribuirse a otros homólogos de Esperanza Aguirre. El piloto de emergencia lo ha activado el anuncio casi simultáneo de varias regiones que recortarán en servicios tan básicos como la educación o la sanidad, intocables hace unos meses para todas. Ante el desbordamiento de sus deudas, hay comunidades que han pedido al Estado retrasar las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores; otras, una bajada de sueldos para los médicos y la suspensión de consultas y operaciones en el puente de la Constitución, por ser días de menor actividad. Alguna pagará con 30 días más de retraso a las farmacéuticas, aunque para éstas suponga siete millones de euros adicionales en gastos de demora. Hay comunidades, incluso, que empiezan el nuevo curso escolar con 2.500 profesores interinos menos que el curso anterior. Las comunidades autónomas se muestran incapaces de controlar el crecimiento de su gasto corriente y ya recortan en servicios de primera necesidad para intentar cuadrar, sea como sea, su balance de situación final.

El último grito de auxilio lo pidió ayer José Manuel Vela, consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, que solicitó al Estado una medida “meramente coyuntural” que se traducía en aplazar las cuotas a la Seguridad Social de su personal laboral para poder atender las operaciones financieras “que lamentablemente no se renuevan”. Precisamente fue ayer cuando solicitó el aplazamiento, cuando vencía una de esas operaciones por 125 millones de euros. Así, pidió al Estado “unas jornadas” de prórroga para poder ponerse al día de sus pagos con la Seguridad Social mediante un procedimiento establecido y reglado, que es “una práctica habitual”, según el consejero.

Cataluña tampoco es capaz de cuadrar sus cuentas. La situación es tan extrema, que el Departamento de Salud de la Generalitat pedirá a los médicos una nueva rebaja salarial para este año y propone recortar en unos 77 millones más este ejercicio en gastos en los CAP y los hospitales públicos catalanes, que ya han anunciado que durante el puente de la Constitución suspenderán las consultas y operaciones para poder ahorrar. La región tuvo que tomar a principios de año otras medidas coyunturales para intentar salvar la situación presupuestaria del 2011, como alargar las listas de espera, disminuir la actividad quirúrgica y vender edificios.

Si hasta ahora Cataluña pagaba las facturas a las farmacéuticas cada 50 días, a partir de septiembre retrasará el pago treinta días más. Para los farmacéuticos, la demora supondrá siete millones de euros anuales en intereses. El Colegio de Farmacéuticos de Barcelona asegura no podrá asumir los costes que implica la decisión y que una demora en los pagos es inasumible para una microempresa como es una oficina de farmacia.

Baleares y Madrid optan por recortar en Educación

Baleares y Madrid han preferido apretar el cinturón en el área de Educación. El Consejo de Gobierno balear aprobó ayer diferentes acuerdos mediante los cuales suspendía el nombramiento de interinos, la contratación del personal laboral al servicio de la administración autonómica y la interrupción de las retribuciones por complementos de productividad y horas extras a los trabajadores públicos de la comunidad. Simón Gornés, consejero de Administraciones Públicas, insistió en que la culpa la tenía la crisis económica y que los acuerdos se harán efectivos a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) hasta el 31 de diciembre de 2012.

Tres días de huelga de los profesores de Secundaria es parte de las consecuencias que Esperanza Aguirre está sufriendo en la Comunidad de Madrid tras anunciar que, para cuadrar los 231 millones de euros menos que este año va a invertir en Educación, prescindirá de 2.500 profesores interinos más para este nuevo curso (solo en Secundaria).

Las capitales de provincia tampoco encajan sus cuentas

Albacete se ha convertido en la primera capital de provincia en sufrir un corte de suministro eléctrico en dos polideportivos municipales y una biblioteca por un impago a Iberdrola. A pesar de que Juan Carlos López, concejal de Hacienda albaceteño, acusó a la compañía eléctrica de mentir en su comunicado y asegura que el consistorio ha pagado más de la mitad del millón de euros que debía, Iberdrola se reiteró ayer en su discurso.

Según la compañía eléctrica, Iberdrola envió en cinco ocasiones las notificaciones de requerimiento de pago de la luz de la biblioteca municipal tras el vencimiento de las facturas entre el período enero-junio de 2011. "Una carta que se envía tantas veces como facturas no cobradas en el plazo", continúa. Posteriormente, la compañía asegura que envió una notificación de requerimiento de pago y aviso preliminar de interrupción de suministro unos 15 días antes de la finalizacion del plazo legal, que es de cuatro meses desde la emisión de la factura. "Este documento es voluntario, y la comunicación se envió el 18 de agosto". En el caso del Instituto Municipal de Deportes, la compañía dice que envió cuatro notificaciones de requerimiento de pago tras el vencimiento de las facturas entre enero y junio y, posteriormente, un aviso preliminar de interrupción de suministro unos 15 días antes de la finalización del plazo legal. La última notificación, la de corte de suministro, se envió el 15 de septiembre.

La versión municipal insiste en que "hemos cumplido lo que nos pidieron" y asegura que "a nosotros no nos han llegado seis avisos, sino dos". Mientras que el Consistorio dio el jueves un plazo de 48 horas para restaurar el suministro eléctrico "si no tomará las medidas necesarias", hoy la biblioteca y los polideportivos siguen sin luz.

Donde esté un buen propagandista, que se quite un periodista

Carlos Fonseca.-

Lo ocurrido esta semana en el Consejo de Administración de RTVE es una muestra de lo que los partidos creen que son los medios de comunicación públicos: un instrumento a su servicio. Es también un ejemplo de la consideración que les merecen los periodistas que trabajan en ellos: vasallos a sus órdenes.

La pretensión de tener acceso al contenido y minutaje de los telediarios antes de su emisión no tiene otro objetivo que interferir por interés partidista en los criterios de los informadores. Una vergüenza de la que no solo son responsables los cuatro representantes del PP, que promovieron la iniciativa, y del de CiU, que la apoyó. Lo son también los consejeros del PSOE, ERC y CC.OO, que con su abstención permitieron que fuese aprobada. Sólo Teresa Aranguren, en representación de IU, y Santos Miguel Ruesga, de UGT, se opusieron a una decisión que recuperaba la censura previa a dos meses de las elecciones generales. ¿Qué pretendían los abstencionistas?, ¿hacernos creer que ellos no tenían nada que ver?, ¿que toda la responsabilidad era del PP? Mirar para otro lado ante semejante ataque a la libertad de expresión no les exonera, les convierte en cómplices.

La indignación de los profesionales de la casa y la repercusión en los medios de comunicación, asociaciones y sindicatos de periodistas ha obligado al consejo a dar marcha atrás, pero no es suficiente. Rectificar no es en esta ocasión de sabios, como ha dicho Mariano Rajoy, porque la rectificación no es la consecuencia del reconocimiento de un error, sino una decisión obligada al descubrirse sus propósitos. No diluye sus responsabilidades ni tapa sus vergüenzas. Deben dimitir, y si se resisten hay que echarlos.

Los medios de comunicación públicos no están para servir ni a los partidos políticos ni al Gobierno de turno, sino a los ciudadanos. Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y, como ocurrió en las pasadas municipales y autonómicas, los partidos exigirán un control absoluto de los espacios informativos dedicados a la campaña. La decisión de lo que es noticia y lo que no, lo que es información y lo que es demagogia sin interés para los ciudadanos, lo que es relevante y lo que es secundario debe ser responsabilidad exclusiva de los periodistas. Si no es así, la propaganda suplanta a la información.

Mariano Rajoy hizo una exposición de la televisión pública que quiere al ser preguntado por lo ocurrido en RTVE. Dijo que debe ser imparcial, ajena a los partidos y al Gobierno de turno. Y una de dos, o miente, o no ve, por ejemplo, los informativos de Telemadrid (léase Esperanza Aguirre) donde la manipulación política en beneficio del PP da vergüenza ajena. O los de Canal 9, que ha ignorado el caso Gürtell porque salpicaba al PP de Francisco Camps, que siendo aún presidente nombró portavoz de su Gobierno a la directora de su televisión, Lola Johson, en agradecimiento a los servicios prestados.

Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho que no comparte lo ocurrido y que se alegra de la rectificación. Lástima que no saliera en defensa de la televisión pública cuando su compañera María Teresa Fernández de la Vega, siendo vicepresidenta del Gobierno, la condenó a muerte al dejarla sin publicidad para contentar a las privadas.

Si ambos candidatos y sus partidos creen de verdad en la libertad de expresión pueden demostrarlo en la próxima campaña electoral permitiendo que las cámaras de televisión entren en los mítines, graben las intervenciones de los oradores y decidan lo que se emiten o no, en lugar de facilitar la información enlatada con lo que a ellos les conviene. Podrían también renunciar a las ruedas de prensa sin preguntas (un contrasentido; deberían llamarse “bandos”), en la que los periodistas son meros copistas que no pueden preguntar ni cuestionar las palabras del político.

No quiero terminar esta columna sin citar a los censores del consejo de administración de RTVE: Rosario López, promotora de la proposición, Manuel Esteve, Jesús Andreu y Andrés Martín en representación del PP. Miguel Ángel Sacaluga y Mari Cruz Llamazares por el PSOE; Josep Manuel Silva (CiU); Francesc Bellmunt (ERC) y Héctor Maravall (CC.OO), que dimitió ayer. Para más inri, Sacaluga, Martín Velasco, López Miralles y Silva son periodistas de RNE y TVE, de la casa, para desgracia de la profesión. Tal vez a ellos no les mueva el interés partidista, sino la esperanza de que su mansedumbre sea recompensada.