La juez de los falsos ERE gana apoyos en la judicatura ante la pérdida de poder del PSOE-A
La juez Mercedes Alaya a su llegada a la Audiencia Provincial de Sevilla (EFE). Antonio Castro. Sevilla
Las presiones derivadas tanto de sectores políticos como judiciales que ha venido sufriendo la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de presunta corrupción relacionado con los ERE de la Junta de Andalucía, se han estrellado en sólo unos días con dos apoyos contundentes a su labor. Los pronunciamientos tanto de la Fiscalía Superior de Andalucía como de la Audiencia Provincial han dado un vuelco a la situación de la instructora, que ha visto fortalecida su posición frente a los intentos de desvirtuar el curso judicial de uno de los mayores casos de corrupción de las últimas décadas.
Eran muchos los que temían que la juez Alaya fuese doblegada por el impresionante aparato político de la Junta de Andalucía, o sospechaban de la labor del fiscal delegado de Anticorrupción,Juan Enrique Egocheaga, presente en el caso y que ya trató de apartarla denunciando que su esposo había tenido relación laboral con Mercasevilla. Incluso se alineó con el Gobierno andaluz al asegurar que no procedía la petición que realizó la juez para obtener las actas del Consejo de Gobierno.
El plano ético de la Fiscalía
Sin embargo, algo ha cambiado y, sean o no hechos relacionados, la pérdida de poder del PSOE en Andalucía parece haber revitalizado los apoyos judiciales de Alaya, hasta el punto de que su figura se eleva hoy por encima de todas las circunstancias. De un lado, el fiscal superior de Andalucía, García Calderón, ha llegado a dar la voz de alarma sobre las nuevas formas de corrupción que se observan en Andalucía, aludiendo al caso de los ERE y haciendo incluso una correlación con la gravedad de hechos que se producen en unos momentos en los que los problemas de empleo son extremadamente graves.
García Calderón ha demostrado no ser ajeno a lo grave que puede ser el uso de dinero público que tendría que destinarse al empleo a cometidos procelosos, como es el caso del denominadofondo de reptiles. “La lucha contra la corrupción es fundamental y máxime en una situación económica como la actual, en la que el dinero público tiene que ser fiscalizado hasta el último euro", ha dicho Calderón, advirtiendo así sobre la necesidad de acabar de una vez por todas con veleidades políticas sobre los fondos que gestionan las Administraciones.
Fiscales y fiscales
La actitud de García Calderón contrasta con la del fiscal delegado de Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga, que en ocasiones ha demostrado una estrecha cercanía a los criterios de la Junta, llegando a declarar incluso que la petición de las actas del Consejo de Gobierno por parte de la juez Alaya, para investigar el curso del dinero del “fondo de reptiles” y las decisiones al respecto, “no es necesaria ni proporcional”.
Y ha sido precisamente en el caso de las actas donde se ha producido el más claro apoyo a la labor de la juez. La Audiencia Provincial de Sevilla acaba de asegurar que las actas del Consejo de Gobierno de la Junta no son secretas, como alegaban desde Manuel Chaves a Griñán,pasando por otros miembros del Gobierno andaluz e incluso del Gobierno de la nación, y expertos jurídicos convocados a apoyar estas tesis. La Audiencia advierte que a partir del examen de las actas del Consejo de Gobierno de la Junta, la juez podrá saber si los miembros del Ejecutivo andaluz conocían qué hacían departamentos como el IFA o IDEA, relacionados con el “fondo de reptiles”, y si eran conscientes de las limitaciones que pesaban sobre los fondos que administraban.
Cae el principal obstáculo de la juez
Con esta decisión de la Audiencia sevillana cae la principal barrera a la labor de la juez Alaya, que no sólo afectaba al procedimiento sino al propio prestigio de la instructora. No en balde, a raíz de su petición de dichas actas, llovieron sobre Mercedes Alaya todo tipo de insinuaciones y sospechas desde instancias políticas andaluzas.
El nuevo curso que toma el proceso judicial del caso de los ERE y la importancia que tienen los pronunciamientos de la Fiscalía Superior y la Audiencia coinciden con el cambio de estrategia en el Gobierno andaluz respecto al caso. La portavoz del Gobierno de Griñán y consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha insistido últimamente en situarse en la misma orilla que la juez, frente a quienes hayan podido obrar mal en la Consejería de Empleo durante la última década. Es decir, se ha pasado del bando de la Junta frente a la juez, al bando de la juez y el Gobierno andaluz frente a los posibles culpables.
Esta actitud, sin embargo, sigue contrastando con el hecho de que la juez Alaya insista con frecuencia en que la documentación que recibe desde la Consejería de Empleo tiene defectos que constantemente exige sean subsanados.
