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SE LES RELACIONA CON EL ASESINATO DE EDUARDO PUELLES
La Guardia Civil detiene en Vizcaya a cuatro presuntos miembros de ETA
Agentes de los GAR, Grupos de Acción Rural, junto a dos ertzainas custodian un inmueble en Bilbao (EFE).
Encuentran armas y explosivos en uno de los pisos
La Guardia Civil ha encontrado armas y material para fabricar explosivos en el domicilio de Galdakao (Vizcaya) de Daniel Pastor. De su domicilio en Galdakao guardias civiles de los Tedax -desactivación de explosivos- han sacado tres garrafas llenas y un bidón con material para fabricar explosivos. Por el momento se desconoce el tipo de armas halladas.
Los agentes se encuentran desde la cuatro de la mañana registrando los domicilios de los arrestados y se espera que haya más registros. El hallazgo confirma la importancia de las detenciones de esta madrugada
Gómez de Liaño: “PRISA me agredió mucho en mi vida profesional, personal y familiar”
Caso Sogecable, Javier Gómez de Liaño
@Daniel Forcada.-23/07/2008 06:00h
El ex juez Javier Gómez de Liaño respiró ayer, al fin, tranquilo. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acaba de reconocer que el suyo no fue un juicio justo e imparcial y que los magistrados que le condenaron por prevaricación en el Caso Sogecable presentan serias dudas en su actuación. El ex juez, que fue indultado por el Gobierno de Aznar y que trabaja ahora como abogado, considera “lamentable” que Estrasburgo tenga que enmendar los errores de la justicia española.
¿Satisfecho con la sentencia?
Creo que técnica y juridicamente es una sentencia espléndida. Tiene un razonamiento sobre el juez imparcial y recoge muchos de los principios que habíamos expuesto en la demanda. Tiene también un componente triste que es la condena a un estado como España, al Tribunal Supremo y al Constitucional. Hay también una parte personal, pues la sentencia de Estrasburgo supone el punto final a una década muy dolorosa. Desde el primer momento tenía la intuición de que los dos magistrados contaminados del Tribunal Supremo no iban a hacer otra cosa que condenarme. Se ha demostrado que tenían un enorme prejuicio hacia mí, tenían un objetivo muy claro: condenarme en contra del criterio del fiscal y del magistrado ponente.
En cambio, ningún medio del Grupo Prisa ha informado este martes sobre su caso…
No es un indicio de buen periodismo, porque PRISA fue en su día de lo más virulento conmigo. Agredió mucho mi vida profesional, personal y familiar. Recuerdo que un periodista me llegó a decir que tenía contabilizados todos los editoriales publicados por El País en mi contra, 67 ó 68, una barbaridad. Este silencio, por tanto, me ha sorprendido. Yo soy suscriptor del diario y lo leo todos los días: no me parece un comportamiento correcto. Tampoco quiero darle mucha importancia, hay que echar pelillos a la mar y mirar hacia el futuro, que ofrece un panorama lleno de gozo.
Con el tiempo transcurrido, ¿cómo valora la actuación del Gobierno de Aznar, que le ofreció el indulto, o la actitud de los jueces que le traicionaron?
No estoy acostumbrado a valorar el comportamiento y la actitud de los políticos. En su día agradecí el indulto del Gobierno de Aznar porque lo entendí como otra forma de hacer justicia, pues daba a entender que conmigo, los tribunales no la habían tenido. En el Caso Sogecable, mi comportamiento fue siempre correcto, como en todos los demás casos que había llevado hasta entonces. El mío ha sido un comportamiento homogéneo que no gustó a alguien, ya se puede imaginar usted quién, y que con su Grupo inició una batalla muy dolorosa contra mí. Y contó para ello con la ayuda, al menos, de dos magistrados del Tribunal Supremo, los dos, por cierto, ya jubilados (Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo Zapater).
¿Esta sentencia es un consuelo suficiente para reparar su imagen?
De sobra, estoy más que conforme. Lo que es muy lamentable es que los ciudadanos españoles tengan que acudir a Estrasburgo porque en España no encuentran justicia y que sea este Tribunal el que enmiende los errores judiciales de nuestro país. Cuando un ciudadano sospeche de un juez, no hay porqué insistir en él, hay jueces de sobra. No pasa nada porque entren otros jueces y se limpie de paso la imagen de la justicia.
¿Está la justicia de nuestro país enferma?
Yo siempre digo que está en un estado delicado de salud, pero tantas veces se cae como tantas veces se levanta, porque en España hay grandes jueces. Pero dentro de las 4.000 personas que forman ese colectivo, hay algunos que juegan a otra cosa que no es ser juez. Un juez lo es para siempre
Fuentes cercanas a Rubalcaba, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital,comentan que el hoy ‘número dos’ del Gobierno se equivocó al no afrontar las cosas cuando empezaron.
Si entonces hubiera reconocido lo ocurrido, a lo mejor habría representado entonces un coste personal y político para él, pero habría sido un daño menor y asumible. Y, sobre todo, el caso habría quedado desactivado.
Como no lo hizo entonces, ahora ya no controla la situación y se está viendo en problemas un día sí y otro también. Lo más peligroso –añaden las fuentes citadas- es que ahora la conclusión que se va instalando es que el ministro “ha mentido”.
Es lo mismo que ha ocurrido con el caso de los trajes de Camps, concluyen esas fuentes. Lo que explica que el afectado se muestre inquieto, cuando no ‘asustado’.
La protección de Garzón
Fuentes del Partido Popular comentan que Rubalcaba se sintió seguro, con sus negativas en el Congreso, porque en la Audiencia Nacional tenía a Baltasar Garzón, que le fue respaldando con sus decisiones.
La campaña “Salvemos a Garzón”, impulsada por Rubalcaba, era una estrategia para protegerse a sí mismo, puesto que el magistrado, al igual que la fiscalía, quería archivar el caso.
El problema es que Garzón ya no está, y que hay un nuevo instructor, el juez Ruz, que ha decidido ir al fondo de lo que pasó. Ya ha interrogado a la cúpula del ministerio, y el cerco sobre Rubalcaba se estrecha. El ministro ha caído en contradicciones.
En el PP sostienen que Rubalcaba “podía negar en el Congreso impunemente cualquier pregunta sobre el Faisán mientras la instrucción del caso la llevaba Garzón”. La investigación llevada a cabo ahora por Ruz está desmintiendo una y otra vez al ministro, que en ocasiones ya no sabe qué contestar.
El sondeo lo maneja, concretamente, el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, viejo amigo de las encuestas, quien lo ha dado a conocer a sus colaboradores más cercanos, para que se hagan una idea “de lo mal que pintan las cosas” para los socialistas.
El Confidencial Digital ha tenido acceso al contenido de la encuesta, de la que en la sede de la calle Ferraz se comenta que es una de las más fiables que han tenido hasta ahora.
El trabajo de campo ha sido realizado hace tan solo unos días, por lo que los datos reflejan el momento real. 5.000 personas han sido entrevistadas en total, todos ellos ciudadanos de urbes con más de 50.000 habitantes, una muestra que, explican fuentes socialistas, es muy reveladora del porcentaje de votos que en mayo obtendría el PSOE en las grandes ciudades.
Estas son las conclusiones de la encuesta, según los datos conocidos por ECD:
-- De cien personas que votaron al PSOE en los comicios locales y autonómicos de 2007,doce votarían ahora mismo al Partido Popular.
-- Otras doce se quedarían en casa y no acudirían a las urnas.
-- Seis de ellos votarían a otro partido de la izquierda: Izquierda Unida.
La realización de la encuesta se atribuye en Ferraz a la CEIM (Confederación Empresarial Independiente de Madrid), ha sido realizada en el ámbito de la Comunidad de Madrid, pero en el PSOE la extrapolan a toda España por el perfil de los encuestados: personas que viven en los grandes núcleos urbanos.
Las fuentes consultadas argumentan que los sondeos de los empresarios suelen ser los más cercanos a la realidad, ya que configuran la intención de voto a través de preguntas indirectas, relativas a hábitos de vida, estado de bienestar, preferencias de consumo, relaciones sociales, etc. Además, añaden, no refleja el voto de jóvenes menores de 25 años, mas variable que en el caso de los adultos.
Los resultados de esta encuesta se asemejan en buena medida a los que arroja un sondeo interno del PP. En Génova consideran que el PSOE ha perdido 3 millones de votos: 1,5 millones han ido al PP, y por tanto no los van a recuperar; 0,5 millones han pasado a Izquierda Unida; quedan 1,5 millones que han terminado en la abstención, y que serán el objetivo principal de la campaña socialista, que se centrará en movilizar a los ‘suyos’ –léalo aquí-.
Madrid preocupa especialmente
En Ferraz se esperan “resultados desastrosos” en la Comunidad de Madrid. Según las previsiones que maneja José Blanco, Esperanza Aguirre obtendría la mayoría absoluta con gran diferencia sobre Tomás Gómez. Será un batacazo: el PSOE pasaría de los 42 escaños actuales en la Asamblea madrileña, a 25.
Serían datos históricos, en lo negativo, a pesar de que el Parlamento madrileño tendrámás escaños, por el incremento de la población.
En el equipo de Blanco consideran que estas cifras tumbativas en la comunidad son la consecuencia de la ‘guerra interna’ que ha mantenido Tomás Gómez contra la dirección del partido. Su figura, opinan, está absolutamente “apagada” y se avecina una catástrofe.
La consigna que se ha transmitido desde las altas esferas socialistas a los partidarios deTrinidad Jiménez, que perdieron las primarias, es que lleguen a un pacto provisional con Gómez hasta las elecciones, y que después, tras el batacazo, será el momento de renovar el partido en Madrid, pasando factura y dejando fuera el actual líder madrileño.
El recorrido judicial del patrimonio
de Bono
El ingente patrimonio de Bono acumula ya cuatro querellas contra el presidente del Congreso.
Desde hace algunos meses el patrimonio que atesora el presidente del Congreso, José Bono, le ha situado en el ojo del huracán. En 2001, el socialista y su entonces esposa, Ana Rodríguez, soportaban unas deudas bancarias de417.371,01 euros con unos ingresos que entonces rondaban los 96.000. Ése fue el año en el que constituían la sociedad Hípica Almenara con un capital social de 15.000 euros.
A partir de ahí, el patrimonio de la pareja fue in crescendo. Sin embargo, poco o nada se habló de éste hasta que un diario de tirada nacional comenzó a cuestionar con sus investigaciones la ingente riqueza del socialista. Desde entonces, las denuncias y querellas le han llovido al presidente de la Cámara Baja. A continuación, se detallan los frentes judiciales abiertos en los últimos meses a Bono.
DOS QUERELLAS ARCHIVADAS Y RECURRIDAS EN EL TS: La primera querella llegó en septiembre de 2010. La Asociación de Preeminencia del Derecho, que preside el abogado José Luis Mazón, acusó al presidente del Congreso de un delito de cohecho por "la permuta entre bienes inmuebles y el regalo de la inmobiliaria Reyal Urbis" por la decoración de su casa de Olías del Rey que llevó a cabo su amigo y dueño de la promotora, Rafael Santamaría. En realidad, la asociación de Panea presentó una denuncia contra José Bono que transformó posteriormente en una querella por cohecho, a la que se sumó la presentada por "Ciudadanía anticorrupción".
La Fiscalía pidió el archivo de ambas al entender que los hechos no eran constitutivos de delito. El sobreseimiento tardó poco en llegar. En diciembre de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó las querellas al entender que las consideraciones incluidas en la misma en relación al patrimonio familiar y personal del presidente de la Cámara Baja son opiniones personales del querellante que "carecen de indicio objetivo de comisión de delito y que no pueden justificar una investigación penal".
No obstante, la Asociación Preeminencia del Derecho recurrió en súplica el auto del Alto Tribunal en el que se archivaban las dos querellas citadas con anterioridad. Los denunciantes entienden que Bono permutó un piso de Madrid por dos áticos de Estepona (Málaga) con la promotora Royal Urbis, lo que le habría supuesto "un beneficio o dádiva de 170.000 euros". La asociación recurrente argumentó en su recurso que el Supremo no había respetado la jurisprudencia sobre el delito de cohecho que aplicó el Supremo al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, porque en el caso de Bono no considera que hubiera recibido los regalos "en atención a su cargo". El Alto Tribunal todavía no ha resuelto dicho recurso.
OTRA QUERELLA PENDIENTE EN EL SUPREMO: Por otro lado, Bono tiene desde el pasado 9 de febrero otra querella interpuesta ante la última instancia judicial española. La Asociación Justitia et Veritas, bajo la dirección letrada del ex-diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, presentó ante la Sala Segunda del TS una querella contra el socialista por los delitos de cohecho continuado, falsificación de documentos públicos y posible fraude fiscal. La querella se dirige también contra su exesposa Ana Rodríguez como cooperadora necesaria.
En el texto de la querella, la Asociación Justitia et Veritas aporta un análisis de las declaraciones patrimoniales y de actividades del ex-presidente de Castilla-La Mancha; de sus ingresos y los de su esposa desde el año 1995; de sus bienes inmuebles; de sus actividades empresariales y del estado de su patrimonio. De ese análisis se desprende, a juicio de los querellantes, que las actividades inmobiliarias reales de José Bono no se corresponden con las declaraciones de actividades; que sus ingresos desde 1995 no justifican el notable incremento de su patrimonio y que José Bono podría haber violado la Ley de Incompatibilidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que dispone que el cargo de presidente de la Junta "es incompatible... con toda actividad profesional o mercantil". El TS debe pronunciarse ahora sobre si admite a trámite o rechaza dicha acción judicial.
UNA INVESTICACIÓN ABIERTA EN UN JUZGADO DE TOLEDO: El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo admitió a trámite este mes de febrero una querellacontra cuatro administradores de la Hípica Almenara, propiedad de la familia del presidente del Congreso de los Diputados por presuntos delito societario y falseamiento de cuentas anuales.
En el auto del magistrado se concretaba que el objetivo de la investigación era "verificar" los hechos denunciados ya que, "a priori, no se puede excluir el carácter delictivo de las conductas atribuidas a los querellados".
Por primera vez, un juez señaló que, además de un perjuicio por presunto falseamiento de las cuentas a los socios de la hípica, este caso "atañe a la transparencia que debe imperar en toda sociedad democrática en tanto en cuanto el socio mayoritario de Hípica Almenara es actualmente un alto dignatario de Estado".
El juez aceptaba así a trámite esta cuarta querella contra Bono en contra del criterio de la Fiscalía, que sigue sin ver delito detrás de la riqueza del socialista.

