Denuncias por estafa contra intermediarios financieros
En julio de 2008 el gobierno presento un proyecto de ley por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.
En el trámite parlamentario incorporamos enmiendas en colaboración y por medio de Izquierda Unida al objeto de que las actividades de los agentes financieros estuvieran ubicadas funcionalmente dentro de los estamentos financieros de crédito y supervisadas por el Banco de España.
El trámite concluyo en marzo de 2009 y nuestras iniciativas no prosperaron por la oposición frontal del PSOE.
Nuestra propuesta para que las actividades de los intermediarios financieros estuvieran supervisadas por el Banco de España, incorporaba control y transparencia a la par que aportaba seguridad a quienes contratasen sus servicios.
La intermediación financiera prolifero en los años del auge de la construcción inmobiliaria, en muchos casos estos servicios fueron ofertados por las propias inmobiliarias como parte de sus operaciones de compra-venta, de tal forma que muchos particulares, aun sin pretenderlo, pasaron a la condición de clientes de dichos intermediarios.
Con la crisis no se ha tardado mucho en poner de manifiesto, junto a la sobrevaloración de los inmuebles, importantes irregularidades con el objeto de eludir el control de riesgos.
Así se procedía a agrupar varias personas para solicitar dos o tres créditos de forma simultanea en entidades distintas, al objeto de eludir el registro de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), un registro donde los bancos y las cajas envían toda la información crediticia de sus clientes. Gracias a él, el supervisor y las propias entidades deberían poder detectar operaciones de crédito de alto riesgo, con grandes probabilidades de impago. Las entidades envían los datos de sus clientes una vez al mes. Se trataba de que el CIRBE no detectara que se estaba concediendo una hipoteca a alguien que ya tenía otra.
La practica anterior, en muchos casos se complementaba con avales encadenados o cruzados entre desconocidos que únicamente tenían en común su interés por comprar un piso.
Por todo ello, el intermediario financiero cobraba importantes comisiones a la vez que se ocupaba de los trámites para abrir cuentas, tasaciones, notarias, aseguradoras y gestorías, coordinando y sincronizando la materialización de los créditos con los bancos, lo que apunta importantes indicios del conocimiento de los hechos por parte de las entidades financieras intervinientes.
Con el aumento del desempleo, la imposibilidad de continuar pagando los créditos precipito los desahucios por impago, pero esto es solo el principio y una parte del problema. La gran diferencia de valoración respecto a la tasación original deja a los hipotecados con una deuda con los bancos que les acompañara toda su vida.
Frente a esta situación, en los últimos meses desde distintos ámbitos sociales y políticos se ha planteado la necesidad de modificar la ley hipotecaria para que esta contemple la "dación en pago", de tal forma que sólo el bien hipotecado, la vivienda, sirva para responder como garantía del pago del crédito hipotecario concedido, sin que los afectados tengan que responder a los bancos de por vida además de que se les embargue la vivienda.
Esta posibilidad fue rechazada tajantemente por el ministro de Fomento, el pasado 2 de diciembre, argumentado que la misma pondría en dificultades el sistema financiero.
Entre los afectados por las ejecuciones hipotecarias, 50.000 en el primer semestre del año, destacan por las prácticas abusivas ya contrastadas, el colectivo de inmigrantes victimas del fraude hipotecario.
Algunos de ellos, cinco familias, agrupados en torno a la CONADDE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España) presentaron el pasado día 30 de noviembre una denuncia por estafa contra el intermediario financiero, solicitando la nulidad de las operaciones derivadas de la estafa y subsidiariamente que las mismas queden en suspenso, de igual forma, se pretende que los bancos sean declaramos responsables subsidiarios. Posiblemente se presentaran nuevas demandas ya que existen 220 hipotecas en análisis.
Desde COMFIA-CC.OO. seguimos con interés el conflicto abierto que puede representar un cambio importante en la manera de proceder ante situaciones como las descritas y mantenemos un dialogo fluido con los responsables de dichas iniciativas, del desarrollo de las mismas os mantendremos puntualmente informados.
