Ministros y ministras... “melones y sandías”

Fue Confucio (al que ahora vuelven a estudiar los que aún se dicen “comunistas chinos” y al que dicen han dedicado un premio para contrarrestar a los Nóbel) ... el que hace algo así como “veinticinco siglos”, entre sus muchas enseñanzas y referente a la política y los políticos; aseveró con rotundidad el que... “nadie que no sepa gobernar su casa o su hacienda, entre en la política o a gobernar hombres”.

Aquello se ha ido recordando a lo largo de todos esos siglos, pero la realidad imperante ha sido todo lo contrario; y para un político dotado (no hablemos de estadistas aún mucho más escasos) que entre en política; hay ejércitos de inútiles, que arrimados al jefe de turno (y nadie me hable de líderes, que tampoco hay) y el que a su vez, “se arrimó a otro anteriormente”; van escalando en los puestos (que mientras escribo me viene el nombre) de “cremallera”; puesto que esa es la política; una “cremallera” de más inútiles que útiles, pero que entrelazados unos a los otros, se van sosteniendo y escalando puestos que ocupan sin responsabilidad alguna, puesto que hoy no es necesario ello; y “cualquiera vale para lo que lo pongan”, puesto que quienes se sostienen en “las alturas de la cremallera”, ya se encargan de arroparlo todo cuanto puedan y más... puesto que reitero... “son los soportes de esa nefasta cremallera”.

Es claro que hablo de España, que es donde nací y vivo, aunque visto el panorama internacional, “esta enfermedad” es crónica y está muy extendida por el planeta, que a la vista está como funciona y en el estado calamitoso en que se encuentra.

Pero aún así y como en todo... “hay cremalleras y cremalleras”; veamos algunos eslabones de ellas en un ministerio determinado; en este caso el de Sanidad. Y relativos a cuatro países de iguales orígenes, o sea latinos... “unos más otros menos”.

Los datos que se me han facilitado son los que siguen:

Roselyne Bachelot-Narquin (Francia): Edad : 64 años. Estudios : Doctora en Farmacia: Experiencia profesional : Delegada de información médica en el laboratorio ICI Pharma de 1969 a 1976. Propietaria de una farmacia en Angers de 1984 a 1991.Relaciones públicas en Soguipharm de 1984 a 1989. Miembro de la junta directiva de la Clínica Universitaria de Angers 1986 a 2004 y muchas otras actividades relacionadas con la sanidad. Varios libros publicados y una larga experiencia en actividades políticas.

Ana Maria Teodoro Jorge (Portugal): Edad : 60 años. Estudios : Licenciada en Medicina, especialidad Pediatría. Experiencia profesional : Coordinó la Sub-Región de Salud de Lisboa entre 1996 y 1997 y trasladada a la junta directiva de la Administración de Salud Regional de Lisboa e Vale do Tejo, entre 1997 y 2000, que presidió.
Fue asistente de médico del hospital pediátrico en el Hospital D. Stephanie y el Hospital Garcia de Orta ( Almada ), donde también fue director del servicio de pediatría, inicialmente por tres meses (enero a marzo) de 1996, y desde junio de 2001 para asumir las funciones del Ministro de Salud en enero de 2008... y un “etcétera muy largo más”.

Ferruccio Fazio (Italia): Edad : 66 años. Estudios: Licenciado en Medicina. Experiencia profesional: Profesor de Medicina Nuclear en la Universidad de Milán.
En 1977 , instaló el primer PET en Europa en el Hospital Hammersmith en Londres, en 1988 la clínica de PET por primera vez en Italia en el Hospital San Raffaele de Milán, y en 2004 instaló la Tomoterapia por primera vez en Europa en la misma clínica. Experiencia política: Secretario de estado de Sanidad. Viceministro de Salud y
Ministro de Salud.

Leyre Pajín (España): Edad, 34 años. Estudios: No ha terminado Sociología. Experiencia profesional: Ninguna. Experiencia política: Lleva en el aparato del "partido" desde los 16 años. Secretaria de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE de 2000 – 2004: Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de 2004 – 2008: Secretaria de Organización del PSOE de 2008 - 2010
Diputada y Senadora. Hoy ministra de sanidad.

A la vista de ello, que cada cual y con “su caletre” haga los comentarios que estime oportunos, hay para hincharse... hasta de risa a mandíbula batiente.

Eso sí, la “señorita Pajín” nos ha sorprendido a todos, con la tan comentada frase de que ella, “nombra para su ministerio a quién le sale de los cojones” (ojo que no ha dicho ovarios).

Si nos vamos “al jefe de su cremallera” (Rodríguez Zapatero) se le desconocen otras actividades, salvo la de “medrador en la política”; igualmente a “su mano derecha” (Pepiño Blanco)... y así podríamos seguir, la cremallera por toda España, por todos los partidos políticos y por todos los organismos que mantenemos; con esos ya confiscatorios impuestos que nos sacan y pese a habernos empobrecido enormemente y a muchos llevados a la ruina más espantosa... Pobre España, “o lo que ya esto sea”.

Antonio García Fuentes

(Escritor y filósofo)

www.jaen.ciudad.org (allí más)

El retiro a los 65 se jubila pronto

El Gobierno aplicará algunas excepciones en la extensión de la vida activa a 67 años

L. ABELLÁN / M. V. GÓMEZ

La jubilación a los 65 años va camino de convertirse en un anacronismo. Tras varios meses de titubeos, el Gobierno renuncia por primera vez a los eufemismos en el debate sobre la reforma de las pensiones, la más importante de las tareas pendientes. La referencia a los 67 años como edad de retiro había permanecido en la agenda oculta del Ejecutivo prácticamente desde que la formuló, hace ya casi un año. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, nunca ha renunciado a ese giro radical en el sistema público, aunque tanto él como sus ministros han sorteado la mención expresa para evitar la confrontación política y social. Pero los tabúes sobre la edad legal han acabado.

Los asuntos más controvertidos se abordarán la próxima semana

La reforma llegará un año después de que el Ejecutivo abriera el debate

El Ministerio de Trabajo perfila ya un modelo de reforma basado en el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. El único margen que contempla este departamento -y con el que espera atraerse a una parte significativa del Parlamento- consiste en flexibilizar esa obligación de alargar la vida activa en determinados casos. Aunque no está cerrado, las alternativas más plausibles consisten en eximir a algunos colectivos con trabajo especialmente penoso y a los trabajadores con carreras de cotización más largas.

La principal incógnita reside en el grado de flexibilidad que el Ministerio de Economía está dispuesto a admitir. Porque Trabajo se ha mostrado siempre partidario de buscar alternativas eficaces a ese retraso generalizado, pero fue la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, la que comprometió ante Bruselas y el resto de agentes inquietos con el futuro de España un enunciado tan claro y contundente como prolongar a los 67 años la permanencia en el mercado de trabajo. Y cualquier alternativa a esa idea resultará menos vistosa. Países como Alemania, Reino Unido y Dinamarca ya han prolongado la edad legal de jubilación.

"La clave es que el Gobierno pueda contarlo en Bruselas y hacerlo ver", reflexiona Carles Campuzano, portavoz de CiU en el Pacto de Toledo. Junto con el PNV, esta formación es clave en el acuerdo parlamentario que el Ejecutivo aún no ha perdido la esperanza de lograr. Oficialmente, el Gobierno trabaja con la hipótesis del pacto, pero la posibilidad de un fracaso cobra cada vez más fuerza. Si nada lo remedia, el nuevo marco para las pensiones repetirá el esquema de la reforma laboral, en que los plazos para acordarla se dilataron hasta el extremo sin resultado alguno. Consciente de que los mercados están ávidos de señales reformistas, el Ejecutivo ha acortado dos veces la fecha límite en las últimas semanas, en un intento por salir airoso del retraso que consintió respecto a la fecha inicialmente prevista: diciembre de 2010.

La fecha del 28 de enero no es casual. Ese día se cumplirá un año desde el momento en que trascendió públicamente que Zapatero pretendía elevar a 67 años la vida activa de los españoles. Un plazo más que suficiente para haber alcanzado un acuerdo -o constatado el desacuerdo- en el Parlamento. Pese a todo, algunos grupos políticos se muestran molestos ante el ultimátum que acaban de recibir. "Es la primera vez que nos ponen condiciones y plazo. Nunca se nos había exigido. Se sienta un mal precedente", advierte Tomás Burgos, portavoz del Partido Popular en la comisión del Pacto de Toledo, que desde 1995 sienta las bases para las reformas de pensiones.

La reflexión de Burgos obvia es que también por primera vez España está bajo escrutinio internacional y que los inversores le exigen insistentemente que acometa reformas para inspirar confianza. La de pensiones encabeza la lista, a pesar de que, tras más de dos años de crisis, la Seguridad Social conserva un discreto superávit. El Parlamento no ha interiorizado la excepcionalidad de la situación y, casi un año después de recibir la propuesta oficial, el Pacto de Toledo no ha analizado los asuntos más espinosos: edad de jubilación, periodo cotizado para calcular la pensión y para acceder a ella, prestaciones de viudedad... Con suerte, la próxima semana comenzará el debate crucial.

"Ya que el Gobierno ha alterado el calendario, propuse [en la reunión de esta semana] que entráramos directamente a debatir la edad de jubilación. Pero no hubo acuerdo", explica Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, que se pregunta si el Gobierno está "guardando las formas o configurando el Pacto de Toledo como un paripé, un trámite necesario" para luego ignorarlo en el proyecto de ley que prepara.

Esa hipótesis amenaza la supervivencia misma del Pacto de Toledo, una herramienta que durante 15 años ha logrado sacar las pensiones de la contienda electoral y dotar de estabilidad al sistema. El portavoz del PNV en esta comisión, Emilio Olabarría, considera que si no hay acuerdo o el proyecto final -"que el Ejecutivo ya tiene"- se aleja mucho de las recomendaciones parlamentarias, este foro carecería de sentido. "El Pacto de Toledo estaría amortizado", zanja. Pese al aviso, Olabarría muestra una de las posiciones más abiertas a la negociación. "Estamos dispuestos a hablar de todo", asegura.

Sin haber entrado en materia, el Pacto de Toledo trabaja con el horizonte de haber esbozado un texto antes de Navidad. "Si no, estaría incumpliendo el mandato del Gobierno", advierten fuentes del Ejecutivo. La mayor responsabilidad de ese mandato recae en el grupo socialista, que exhibe un sorprendente optimismo: "Va a haber un buen acuerdo, probablemente en la semana del 24 de diciembre", vaticina Isabel López i Chamosa, portavoz del PSOE en la comisión.

Pero la llave a la que este grupo confía el consenso está lejos de ser asumida por todos. Tanto el Gobierno como los diputados socialistas esperan del Parlamento un texto generalista capaz de acoger cualquier reforma que plantee Zapatero. Es lo que Llamazares denomina la fórmula Romanones: haga usted la ley y déjeme a mí los reglamentos. Además de este diputado, también el PP se opone firmemente a la ambigüedad. Con esas condiciones, será difícil lograr la cuadratura del círculo: un texto que aluda a la edad legal de jubilación sin recomendar explícitamente aumentarla.

Si compleja resulta la negociación parlamentaria, la sindical se da prácticamente por perdida. Con la aceleración de plazos, el Gobierno apenas ha dejado días hábiles para discutir el proyecto con Comisiones Obreras y UGT, consciente de que hay poco margen de diálogo. Los sindicatos probablemente plantearán una segunda oleada de movilizaciones, pues el rechazo que les provoca el retraso en la edad de jubilación es tan enérgico como el que ha suscitado la reforma laboral.

El Inem fracasa: los parados usan sus contactos e Internet para buscar empleo

El Gobierno tiene razones para reformar los Servicios Públicos de Empleo –antiguo Inem– y las políticas de promoción de la ocupación. Su eficacia es tan baja que una aplastante mayoría de los desempleados prefiere utilizar sus propios medios y canales para encontrar empleo en lugar de los Servicios Públicos.

Incluso, así lo reconoce el Ministerio de Trabajo que se ha encontrado con este dato tras realizar una encuesta de 1.009 entrevistas entre los parados de toda España que encontró empleo en junio, julio y agosto.

El informe Barómetro sobre cauces de colocación, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, señala que el 77% de los parados que encontraron trabajo en ese periodo utilizaron canales o recursos propios para encontrar empleo. Por ejemplo, las relaciones personales, la iniciativa del trabajador en visitar empresas para darse a conocer o, tal vez, de la propia compañía que busca a la persona adecuada para ocupar un puesto de trabajo.

Por el contrario, los Servicios Públicos del Gobierno central y de las comunidades autónomas, sólo son utilizados por el 14,3% de los desempleados que encuentra trabajo. Muy cerca del 11,5% de los parados que consiguió colocarse a través de las páginas de empleo de Internet.

Prácticamente, la utilidad de la administración laboral se reduce a que paga la prestación por desempleo para quien tiene el derecho.

La influencia del canal

En consecuencia, que quienes quieren trabajar buscan la ocupación por los canales que ellos creen con mayor influencia para conseguir su objetivo.

Así, el 70,9% de los que encontraron trabajo durante el verano atribuyeron el hecho a su propia eficacia buscando sus propia vías o utilizando los recursos propios para ello. Esta es, según la encuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración, “el canal más influyente” para encontrar el empleo que tiene una persona que persigue este objetivo. De nuevo, a mucha distancia respecto a la iniciativa propia, el 11,6% de quienes se hicieron con un trabajo lo atribuye a los Servicios Públicos de Empleo, y el 7,5% a las páginas de Internet. Llama la atención que el sólo el 5,2% de los desempleados que encontraron trabajo considere a las empresas privadas como el canal con mayor influencia para encontrar empleo. El dato contrasta claramente con el empeño que ponen las Empresas de Trabajo Temporal en tener más participación en el mercado.

Actualmente, el conjunto de los desempleados tarda en encontrar trabajo una media de nueve meses; ocho meses y veintinueve días, para ser exactos. A partir de ese dato de carácter general, la encuesta de Trabajo describe que hay un 44,6% que tiene suerte y encuentran empleo en menos de seis meses, y un 33,5% que tarda más de un año en encontrar una ocupación. Y, de estos, el 14,7% tarda entre un año y un año y cinco meses: el 5,6%, entre un año y cinco meses y dos años, y el 10,2%, dos años o más, que son un verdadero problema social.

En las escala media de la fortuna, está el 21,2% de quienes afirman que encontraron trabajo en un tiempo comprendido entre los seis meses y un año, en lo que también tiene mucha influencia la elevada temporalidad del mercado de trabajo.

Ante la ventanilla

Sí conocen el Inem

El 90,2% de las personas que encuentran empleo conoce la existencia de las Oficinas Públicas de Empleo del Gobierno central y de las comunidades autónomas, a pesar de que un 70% encuentra trabajo por sus propios medios.

Satisfacción moderada

En una escala del 1 al 10, entre los usuarios de los servicios públicos de empleo la nota media es de 6,60. La nota se eleva a 7,09, si se trata del Inem central, y cae al 6,10, si se trata de las comunidades autónomas.

El 70% está satisfecho con el empleo conseguido

La encuesta del Ministerio de Trabajo, ‘Barómetro sobre cauces de colocación’ , arroja un dato llamativo como es el hecho de que un 68,70% de quienes encontraron trabajo entre junio, julio y agosto está “bastante o muy satisfecho” con su actual empleo. Es un hecho que contrasta con la necesidad de encontrar ocupación como sea en un periodo de grave crisis como el actual.

Tan solo el 10% de los consultados está nada o poco satisfecho con su trabajo. En conjunto, en una escala comprendida entre el 1 y el 10, la nota media de satisfacción con su ocupación entre los parados que han encontrado empleo es de 7,33. Es decir, 43 décimas más que la nota media de 6,90 que ponen los entrevistados cuando se les pregunta por la relación entre el puesto de trabajo que desempeñan y el grado de cualificación que tienen para ello.

El 62, 10% de los encuestados responde que el empleo que ha encontrado es bastante o muy adecuado a su cualificación y formación, lo que puede indicar que muchos parados esperan un tiempo hasta encontrar la ocupación más adecuada a su preparación y trayectoria. Y que, tal vez, la oferta de trabajo no le ha llegado por los servicios públicos de empleo, sino por sus propios canales, como demuestra la información en esta misma página.

Los proyectos en cartera del Ejecutivo | Las infraestructuras

El Gobierno posee un informe para privatizar las estaciones de tren

Espacios como los de Sants o Atocha ofrecen un atractivo evidente para su explotación

El Consejo Consultivo de Privatizaciones ha analizado también el ferrocarril para pasajeros

ROSA MARÍA SÁNCHEZ

El Gobierno tiene en su poder un informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) en relación a una posible gestión privada de estaciones de ferrocarril. También posee otro titulado «Privatización y competencia en el transporte de pasajeros por ferrocarril». Ambos fueron elaborados en el 2009 por encargo del Gobierno, que los tiene en su poder. El CCP también ha remitido al Ejecutivo un informe con análisis y recomendaciones de cara a una posible privatización de televisiones públicas. La existencia de estos informes no prejuzga que el Gobierno vaya a acometer tales privatizaciones, pero sí allana el camino para el caso de que se decida a abordarlas, ya sea por razones de eficiencia o porque la necesidad de hacer caja imponga la conveniencia de un Plan B.

Información publicada en la página 38 de la sección de Economía de la edición impresa del día 13 de diciembre de 2010 VER ARCHIVO (.PDF)

En su documento sobre las estaciones de ferrocarril, el CCP -que preside Juan Ramón Cuadrado- llega a la conclusión de que existe «una gran potencialidad para desarrollar actividades comerciales y de servicios en estaciones de ferrocarril» gracias a su ubicación en el corazón de las ciudades.

INFORMES CONFIDENCIALES / Los informes que el CCP elabora por encargo expreso del Gobierno son confidenciales. No se hacen públicos pues se entiende que corresponde al Ejecutivo decidir sobre su uso. Sin embargo, en su última memoria de actividades, correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, el consejo incorpora un pequeño y revelador resumen sobre su contenido. El principal potencial económico de las estaciones, según el CCP, reside en «la posible disponibilidad de espacio físico para ampliar las zonas comerciales y de servicios», teniendo en cuenta que hoy ya no se utilizan antiguos espacios dedicados a operaciones de carga y descarga de mercancías y que el enterramiento de vías ha permitido liberar suelo en la superficie.

En Gran Bretaña, las estaciones de ferrocarril son gestionadas en régimen de concesión por empresas privadas a través de un modelo similar al que ahora quiere desarrollar el Gobierno español en los aeropuertos de El Prat y Barajas. Hay expertos que subrayan el evidente atractivo económico que tendría este modelo de negocio en algunas grandes y céntricas estaciones, como la de Sants, en Barcelona, o Atocha, en Madrid.

En España, las estaciones de ferrocarril están gestionadas por la entidad pública empresarial Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), que controla 95 estaciones visitadas por más de 170 millones de viajeros al año. Las áreas comerciales superan los 91.000 metros cuadrados, además de otros 35.820 dedicados a la restauración y de 14.605 plazas de aparcamientos. Existen 1.000 locales arrendados.

Ya existen grandes desarrollos comerciales y de ocio en estaciones de Málaga, Salamanca, Pontevedra, Bilbao, Madrid (Príncipe Pío) y Albacete, que será inaugurada el miércoles por los Reyes. Fuentes de Adif señalan que el desarrollo de este modelo de estaciones (modelo Vialia), en asociación con empresas privadas está en línea con la intensificación del uso de las estaciones que recomienda el CCP sin necesidad de ir a un modelo de privatización.

Sin embargo, el CCP marca el camino por si se pretende ir más lejos a partir del análisis de la experiencia del Reino Unido, donde todas las estaciones pertenecen al gestor público de infraestructuras Nerwork Rail, quien las alquila a empresas privadas que explotan el transporte de pasajeros en régimen de monopolio hasta el vencimiento de la concesión. Estos operadores se hacen cargo de la venta de billetes, el mantenimiento, la limpieza, el alquiler de las zonas comerciales, la gestión de los aparcamientos, etcétera. De esta manera se gestionan alrededor de 2.500 estaciones.

El informe del CCP también analiza la experiencia alemana, donde la empresa pública DB AG es la que gestiona las estaciones a través de una filial especializada que también se encarga de modernizar las antiguas estaciones, crear nuevos edificios comerciales y del desarrollo urbanístico de las zonas ocupadas. Otros modelos analizados son los de Francia (donde las reformas han sido impulsadas por el desarrollo del tren de alta velocidad), Holanda (con un modelo similar al alemán), Suecia (donde existe una empresa pública independiente del operador de ferrocarriles) y Japón (donde existen seis principales empresas privadas y las estaciones funcionan sin ayuda del presupuesto público).

En su informe sobre la introducción de competencia en el transporte por ferrocarril de pasajeros, el CCP propone una reforma del sector a partir de las experiencias

Estado de alarma

Blanco y Chacón pactaron en agosto cómo 'militarizar' el espacio aéreo

Fomento y Defensa firmaron un protocolo para habilitar a controladores militares

MIGUEL GONZÁLEZ

El protocolo prevé aprobar planes de contingencia y cursos de capacitación

El pasado 20 de agosto, los ministros de Fomento y Defensa, José Blanco y Carme Chacón, firmaron un protocolo que fijaba las condiciones en las que habría de aplicarse el artículo 4.4 a) de la Ley de Seguridad Aérea de 2003, en el caso de que el presidente del Gobierno decidiese ponerlo en práctica por primera vez en la historia, con el objetivo de "garantizar el máximo nivel posible de seguridad, eficacia y continuidad en la prestación del servicio de tránsito aéreo".

Entonces, nadie imaginaba una situación como la del 3 de diciembre, cuando se produjo uncierre total del espacio aéreo español, pero se sabía que el conflicto con los controladores estaba lejos de arreglarse y que estos habían amagado con una huelga cuyo mero anuncio causó estragos en el sector turístico.

El objetivo central del protocolo era capacitar a los controladores militares para que, llegado el caso, pudieran hacerse cargo del tráfico aéreo civil. A tal fin, Fomento se comprometía a impartir a los militares "la formación adecuada para la obtención de las habilitaciones necesarias" que les permitieran desempeñar su tarea en los centros y torres de control civiles. Además, debía contratar un seguro de responsabilidad civil que cubriese a los militares cuando controlen vuelos civiles.

No se trataba de que los controladores militares (unos 280) sustituyeran a los civiles (unos 2.400), algo matemáticamente imposible, sino de identificar un catálogo de puestos críticos que los primeros ocuparían de forma temporal para atender las necesidades más urgentes, lo que requiere la elaboración de planes de contingencia con distintos escenarios e hipótesis.

Sin embargo, la crisis ha pillado al Gobierno con la tarea a medio hacer. Los convenios de desarrollo del protocolo, aunque ultimados, están sin aprobar y, sobre todo, los cursos para habilitar a los controladores militares aún no han comenzado.

El primer paso será homologar su licencia a la de los controladores civiles, una medida a la que el Ejército del Aire se ha resistido durante años por temor a una fuga masiva al sector privado y que ahora resulta inevitable. La homologación de la licencia europea debía haberse producido antes del 15 de octubre, pero ha quedado en suspenso para los controladores militares, mientras que para los civiles se ha aplazado hasta el 15 de marzo. Se trata de un trámite administrativo, pues casi el 80% de los militares tiene el nivel de inglés requerido por la UE.

Más complejo será acreditarlos para que puedan operar en las torres de control de los aeropuertos de Barajas o El Prat. Aunque los controladores han demostrado su capacidad de adaptación en los aeropuertos de Kabul o Herat, en Afganistán, el Ejército del Aire ha propuesto que, en caso de contingencia, no sean los militares los que acudan a los aeropuertos civiles sino los vuelos civiles, al menos los prioritarios, los que se desvíen a bases como Torrejón de Ardoz (Madrid) o Zaragoza.

Defensa prefiere centrar sus esfuerzos en los cuatro centros de control del espacio aéreo: Madrid, Sevilla, Barcelona y Canarias. En estos centros hay ya un centenar de militares dedicados al control de los vuelos militares. Habilitarlos para que, en caso necesario, puedan hacer parte del trabajo de sus compañeros civiles requeriría más de un mes de formación, frente a unas pocas semanas por torre. Pero garantizaría que nunca más sea necesario cerrar el espacio aéreo español.

ONCE: "La privatización de Loterias y Apuestas del Estado pone en riesgo nuestra sostenibilidad"

E.Calatrava

"La LAE viene mostrando una actividad muy agresiva y la privatización lo agravará", ha dicho hoy Miguel Carballeda, presidente de ONCE.

"Esta operación pone en riesgo la sostenibilidad del modelo social de la ONCE", añadió, y pidió cambios en el borrador de la nueva ley del juego.

"Necesitamos garantías para competir en un sector donde a los que mas se controla es a los que cumplen con la ley", comentó.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la semana pasada nuevas medidas de consolidación fiscal, entre ellas la privatización parcial deL organismo de gestión aeroportuaria AENA y Loterías y Apuestas del Estado, así como una subida del impuesto al tabaco del 28 ciento.

Los Vividores del Reino, Expresidentes de CCAA, para eso hay que subir la edad de jubilación

La Señora de Montiya, próximos jubilados de Oro sin cumplir la edad de Jubilación, jubilados de oro a cuenta de Todos, el chollo de la casta política, organizada en partido político o banda organizada Psoe para vivir del cuento como en un cuento. El chollo de los políticos, para qué estudiar o formarse, político desde la cuna, jubilación en la adolescencia.