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Constitución española. ¿La estamos cumpliendo?
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Fue el premio Nobel Camilo José Cela el encargado de
revisar gramaticalmente la Constitución española, y parece ser que para ello
fue nombrado senador por el Rey en las primeras Cortes convocadas en plena
Transición. No sé yo si una simple corrección ortográfica daba para tanta
prebenda. Dijo Cela por aquel entonces: «Como es de cajón, ignoro cómo acabaré
portándome en el Senado, porque esto es algo ajeno al buen deseo. Yo tengo
pocas ideas, pero claras, y pienso exponerlas mientras me dejen. Lo malo es
que, a lo mejor, me acojono y me quedo más callado que un muerto. No creo que
suceda, pero, por si acaso, cumplo con advertirlo a la afición».
La Constitución española sigue prácticamente inalterable
Constitución española con corrección ortográfica a cargo del
señor Cela
Es cierto que a pesar de los años transcurridos, la Constitución
española sigue prácticamente inalterable, pero ¿es porque sigue vigente o
porque simplemente se incumple lo que ha quedado obsoleto sin más
consecuencias? Yo más bien pienso que es esto último; se ha preferido mantener
el texto frente a todo en lugar de entrar a trapo en una modificación o
actualización.
A continuación destacaré algunos párrafos que chirrían un poco
cuando se comparan con la realidad reinante:
«Los partidos políticos expresan el pluralismo político,
concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el
ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a
la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos».
No sé hasta qué punto esa democracia dentro de los partidos
existe.
«Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales
contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que
les son propios».
Escándalos de corrupción aparte, que han acabado salpicando
también a los sindicatos y no solo a los partidos políticos, parece claro que
la «utilidad» de los sindicatos en la actualidad ha quedado muy desfasada.
«Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y
moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes».
Destaca Amnistía Internacional: «la detención de personas
en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas
extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones
imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las
víctimas cuando se producen estos hechos».
«Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán
las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones».
¿Es correcta entonces la casilla de la renta donde se da opción
a su mayor financiación sin tener en cuenta otras confesiones?
«Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial,
de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial».
Últimamente han aparecido numerosas noticias relacionadas con
esta falta de secreto.
«Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso,
tendrá alcance confiscatorio».
Muchas veces he hablado en este
blog sobre lo injusto que es el sistema tributario, sobre la prepotencia de
Hacienda y sobre la manera de interpretar qué es confiscatorio y qué no lo es.
Para Hacienda nada parece ser confiscatorio.
«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del
trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las
de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de
sexo».
«Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para
el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y
personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica.
De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo».
Ya no digo lo de libre elección de profesión y oficio, cosa
totalmente utópica por mucho que siga estando en la Constitución española. Me
conformaría con que se respetara «el derecho al trabajo».
«Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad
Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de
desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres».
Esto también parece estar de capa caída.
«Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la
cultura, a la que todos tienen derecho».
¿Subiendo el IVA cultural al 21%?
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando
la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la
especulación».
¿No deberían hacer algo más para evitar las consecuencias
fatales de los desahucios?
Los poderes públicos realizarán una política de previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que
este Título otorga a todos los ciudadanos».
¿Qué está ocurriendo con la ley de Dependencia?
«Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas
y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos
durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones
familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales
que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio».
¿Cuáles están siendo las consecuencias de la reforma de las
pensiones?
«La Administración Pública sirve con objetividad los intereses
generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la
ley y al Derecho».
Otra gran mentira.
Ramón Cerdá
