La fundación de Porro evita aclarar en qué
gastó 319.000 euros en 2010
El Xacobeo financió con 86.728 euros
actividades que generaron más de 150.000
PRIMITIVO CARBAJO
La
Fundación Puerto de Vigo (FPV) que montó Corina Porro cuando presidía la
Autoridad Portuaria y aspiraba a la alcaldía viguesa iba a obtener 269.400
euros de beneficio en 2010, según el presupuesto que acompañó el plan de
actuación que presentó ante la Consellería de Presidencia. Cerró el ejercicio
-ocho meses y medio- con un resultado neto de 767 euros y un pasivo de 267.347,
después de fundir, en ese periodo, 190.000 euros de su dotación fundacional (el
86% del total) y una abultada cantidad de fondos públicos que las
contradicciones contables impiden concretar. La FPV siguió programando
actividades en 2011, pero después de las elecciones municipales de mayo cerró
su sede, que ahora se anuncia en alquiler, y nadie responde por ella. Son
indicios de su quiebra.
La noticia en otros webs
Gastó
190.000 euros de la dotación fundacional y un crédito de 53.457
El Igape
asegura que aportó 15.091 euros y la fundación, que recibió de él 61.469
La FPV se
presentó públicamente el día de su constitución, 16 de abril de 2010. La
escritura notarial de constitución señala que "la dotación fundacional
asciende a 220.000 euros, de la cual se desembolsa la totalidad de dicho
importe" de la siguiente forma: Autoridad Portuaria de Vigo, 60.000 euros;
Caixa Galicia, 50.000; Caixanova, 25.000; Pescanova, 10.000; Termavi, 25.000;
PSA Peugeot Citroën, 25.000, y Remolcanosa, los 25.000 restantes.
Con esa
dotación arrancó el ejercicio cuyas cuentas se conocen ahora a través de la
Consellería de Presidencia, que ejerce el protectorado de la entidad y que
evita todo comentario sobre las lagunas contables, cantidades inciertas,
incoherencias y contradicciones con otros registros aduciendo que su función se
limita a "controlar la adecuación formal de las cuentas, es decir, que presentan
los documentos que dice la normativa: balance, memoria y cuenta de
resultados".
En la
Memoria presentada por la FPV ante Presidencia está en blanco la casilla del
saldo inicial de la dotación fundacional, de la que sí se indica, en cambio, un
"aumento" de 197.500 euros y una "disminución" de 167.500,
para acabar con un saldo de 30.000 euros. Lo cual, en román paladino, traduce
el gasto de 190.000 euros de su dotación fundacional. A su vez, la FPV
suscribió un crédito por importe de 53.457 euros -cancelado en abril de 2011-
que también consumió en 2010. De los 494.807 euros de "ingresos de la
entidad por la actividad propia" que apunta su cuenta de resultados,
destinó 318.955 euros a "aprovisionamientos" o "compras de bienes
destinados a la actividad". ¿Qué compró por ese importe cuando la misma
cuenta registra 175.084 euros de gastos de personal y explotación? No es el
único interrogante que dejan las cuentas.
Cuando EL
PAÍS destapó en julio pasado las malas cuentas de la FPV, esta ya había
remitido sus resultados de 2010 a la Xunta. La Consellería de Economía e
Industria, "con el ánimo de allegar la máxima transparencia",
reconoció entonces que "el Igape subvenciona el 50% de los gastos en que
incurra la FPV con terceros", según establecía un convenio suscrito el 30
de diciembre anterior pero que se silenció hasta marzo siguiente. En esta fecha
la Autoridad Portuaria de Vigo informó de que "la presidenta de la FPV,
Corina Porro, firmó el pasado lunes, 28 de febrero [de 2011], un convenio con
el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, que asciende a 450.000
euros". La misma nota concluía diciendo que la consellería "a través
del Igape, mantiene un convenio de colaboración con la FPV, a través del que
subvenciona el 50% de las iniciativas de la misma hasta 2012".
Pese a que
la nota inducía la existencia de dos convenios, el Igape aclaró que se trataba
de uno solo, trienal, en función del cual su aportación máxima en 2010 sería de
62.500 euros. "En cumplimiento de este convenio", añadía el Igape en
julio de 2011, "las cantidades pagadas en 2010 ascienden a 15.091,50
euros, ya que los gastos justificados por la FPV y aprobados por el Igape como
subvencionables ascienden a un importe de 30.183 euros".
La Memoria
de la FPV, sin embargo, registran una aportación del Igape de 61.469 euros, muy
alejada de los 15.091 que el instituto aseguró haber pagado. Por lo demás, de
esa cantidad se deriva que el coste de las actividades realizadas en 2010 por
la FPV fue de 30.183 euros, lo que contrasta estrepitosamente, como un negocio
sin parangón, con los 494.806 euros que la FPV señala como "ingresos por
la actividad propia".
Este
volumen de ingresos se justifica con una partida curiosa, por lo exígua, de
1.000 euros, que fue la recaudación por "cuotas de usuarios y
afiliados", otra de 224.130 por "ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones" y una tercera de 269.676 por
"subvenciones, donaciones y legados de explotación", que se subdivide
en "subvenciones del sector público" (84.176 euros cuya procedencia
no se concreta, ) y "aportaciones privadas" (185.500 euros).
La S.A. de
Xestión do Xacobeo admite que financió en 2010 actividades de la FPV -que
tampoco concreta- por importe de 86.728 euros. La Memoria de la FPV señala que
recaudó por sus actividades, siete en total, 224.130, de los que al menos
150.266 euros (el 67%) corresponden a actividades explícitamente financiadas
por el Xacobeo: concierto de Raphael, Cantajuego y Mercadillo de Navidad.
Considerando solo estas tres, también habría resultado un estupendo negocio
(86.726 euros de gasto y 150.266 de recaudación).
La
recaudación de esas actividades financiadas con dinero público fue repartida, a
mayor gloria filantrópica de Corina Porro, entre distintas asociaciones
benéficas, para los necesitados locales (Afán) o del ancho mundo (la ONG Pozos de Agua Mayo Rey, que preside
Ventura Pérez Mariño, el proyecto Mil Futuros de Caixanova...).
La FPV
realizó ese reparto de ingresos al tiempo que fundía 190.000 euros de su
dotación fundacional y los 53.457 del crédito bancario que le fue concedido,
hasta cerrar 2010 con un pasivo de 267.347 euros. En 2011 siguió recibiendo
recursos de la Xunta. Pero ahora está apagada -sin oficinas, con el
patronato diezmado y sin interlocutor que aclare nada-, a refugio de la
transparencia y austeridad que predica la Xunta que la financió.
En el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia está
pendiente de resolución el recurso de súplica interpuesta por el primer
secretario-gerente de la Fundación Puerto de Vigo (FPV), Pablo Alborés, contra
la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Vigo, que desestimó su
demanda por despido improcedente. En ella "se da por supuesto" que el
patronato aceptó una dimisión que Alborés asegura no haber presentado nunca,
como tampoco la citada reunión del patronato que la aceptó. El fallo
desacredita el testimonio de Mario Ubiaga, que sucedió a Alborés en el puesto y
se encuentra de baja laboral desde hace más de un año. Ubiaga afirmó en el
juicio, celebrado en septiembre, que falseó el acta de la reunión del patronato
"por orden de la presidenta".
La presidenta, Corina Porro, fue citada a ese juicio por
el demandante en calidad de testigo, pero compareció como imputada, lo que la
eximió, a priori, de la obligación de decir la verdad. Negó las acusaciones y
el juez creyó su versión, entre otras cosas, porque la cantidad reclamada
-570.000 euros, según una cláusula de rescisión del contrato- "comprometen
de manera cierta y actual el patrimonio de la Fundación".
La que fuera su sede está en oferta de alquiler. Una nota
en la puerta informaba el lunes de que la FPV "ha trasladado sus
oficinas" y facilitaba un dirección electrónica. EL PAÍS se dirigió a esa
dirección, sin obtener respuesta. El miércoles desapareció la nota. La FPV está
en un limbo. El actual presidente del Puerto, López-Chaves, ni siquiera ha
querido responder a si él ostenta la presidencia de la FPV, a la que el Puerto
aportó 60.000 euros al menos.
