Publicado en Orfeo.es. Villa Psoe, la isla de los nuevos ricos los profesionales de la política.
Pese a que la urbanización cuenta con todos y cada uno de los permisos, autorizaciones y licencias exigidos legalmente, la urbanización es manifiestamente ilegal, ya que, su ubicación a tan solo 20 metros de la costa no respeta el deslinde ni las previsiones del PGOU en lo referente a la servidumbre de protección. Si bien es cierto que tanto el deslinde como el PGOU reducen la anchura de servidumbre de protección gradualmente, en ninguno de los puntos comprendidos entre los vértices 33 a 38 (donde se encuentra la urbanización) se reduce a 20, sino que se reduce de forma gradual hasta un máximo de 42 metros en el vértice más desfavorable. Aún así, y tomando como referencia la jurisprudencia existente, en nuestra opinión no se hizo una correcta aplicación de la DT 8, y consecuentemente, de haber realizado una aplicación estricta de la Ley de Costas, la anchura de la servidumbre de protección debería haber sido de 100 metros en la zona de Cabodeiro, ya que, ni era suelo urbano en 1988, ni existían derechos consolidados en esa zona, por lo que su situación no encajaba en ninguno de los supuestos previstos en las Disposiciones Transitorias que permiten excepcionalmente reducir la servidumbre. Resulta contradictorio que la Dirección General de Costas en su informe de 2008 “Directrices para el tratamiento del borde costero” defienda firmemente la necesidad de proteger el dominio público marítimo terrestre, instando actuaciones que tienden a preservar dicha zona y a la vez existan urbanizaciones como la de Isla de Arousa situadas a escasos metros de zona marítimo terrestre. Urbanizaciones como ésta, que ni existían y ni que siquiera estaban comenzando a construirse en el momento en que entró en vigor la Ley de Costas. Como dato significativo indicar que, con carácter previo al inicio de las obras de la urbanización isla de Arousa, y por tanto, antes de que naciera toda esta polémica, ya existían diversos expedientes de derribo contra algunas de las construcciones y viviendas edificadas en esa zona de Cabodeiro. Una vez que empezaron a surgir las discrepancias y el debate sobre la legalidad del complejo residencial isla de Arousa, los expedientes de derribo de las viviendas más próximas curiosamente desaparecieron.
