Manifiesto en Defensa de la Educación, la Integración y La Inclusión Social en la región de Murcia
Ante la repercusión que las medidas de reducción del gasto público, establecidas como fórmula de lucha contra la llamada crisis económica, está teniendo sobre las políticas educativas y sociales y recogiendo las numerosas llamadas de atención y alarma que nos llegan desde nuestro colectivo de colegiadas y colegiados, así como de las entidades y empresas vinculadas a nuestra actividad profesional, desde el Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia queremos explicar y hacer pública nuestra posición y disposición al respecto, y lo hacemos a través del presente manifiesto elaborado según acuerdo de la Junta de Gobierno del 2 de Diciembre del 2010.
La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia, organismo de derecho público constituido por la Ley 1/ 2003, de 28 de Marzo, representando los intereses de más de 500 profesionales de la educación social, a quiénes la citada ley de la Región de Murcia nos define como “profesionales de la intervención socioeducativa que actúan sobre individuos y grupos para desarrollar procesos educativos de promoción, de integración social y de participación en la sociedad, potenciándose las posibilidades que permitan llegar a una sociedad donde todos disfrutemos de la misma calidad de vida y de mayor bienestar social”, ante la situación actual y las perspectivas de futuro de las políticas educativas y sociales de nuestra región, por unanimidad, adopta el acuerdo de aprobar el siguiente Manifiesto en defensa de la Educación, la Integración y la Inclusión Social
Primero.-
Manifestamos nuestra gran preocupación por las noticias recibidas tanto en los medios de comunicación como por parte de profesionales y de entidades que trabajan en los campos de la educación, la integración y la inclusión social en nuestra región, de importantes reducciones en los presupuestos públicos destinados a programas educativos y sociales, que pueden suponer la desaparición de numerosos servicios a la ciudadanía y puestos de trabajo de profesionales de la educación social y de otros ámbitos.
Segundo.-
Comprendemos las dificultades de la Administración Regional para desarrollar y cumplir con sus competencias en materias educativas y sociales al tener que hacer frente a las exigencias de reducciones de gasto público para ajustar los presupuestos a la disminución de ingresos motivada por la crisis. Pero, en una perspectiva a medio y largo plazo, en estos momentos difíciles es más necesario que nunca apostar por un nuevo modelo productivo que tenga a la educación y la integración social como parte de sus pilares fundamentales, tal como nos indican desde distintos sectores, políticos, empresariales y académicos, al coincidir en asignar a la educación un papel estratégico para la salida de la crisis económica tanto a nivel local como internacional.
Tercero.-
Pensamos que, como afirma nuestro monarca D. Juan Carlos I, junto al resto de mandatarios participantes en la reciente Cumbre Iberoamericana Mar del Plata 2010 sobre el tema “Educación e Inclusión Social” es necesario “reafirmar que la educación en cuanto bien público, es herramienta de fomento del ejercicio diario de integración y productividad, e igualmente de patrocinio de modelos y sistemas de desarrollo que promuevan sociedades democráticas, solidarias y participativas”.
Y como señala otro de los acuerdos de la Declaración del Mar del Plata de cuatro de diciembre de 2010, es imprescindible “incorporar en los sistemas educativos el principio de la inclusión de tal manera que ninguna persona deje de tener una oferta educativa pertinente y oportuna a sus necesidades, expectativas, intereses e identidad, ya sea bajo la modalidad de educación formal o de educación no formal e informal”.
Cuarto.-
Por todo ello, solicitamos a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y a todas las administraciones públicas en general, que, con los necesarios criterios de rigor y eficiencia en la asignación de los recursos públicos, se asegure la continuidad de los programas y servicios educativos y sociales dirigidos a la ciudadanía, con el objetivo de su inclusión en la sociedad, especialmente de aquellos sectores con más dificultades de integración, como menores, jóvenes, personas con discapacidad, en situación de desempleo, etc.
Igualmente consideramos fundamental garantizar los puestos de trabajo de las y los profesionales dedicados a estos programas socioeducativos de inclusión, sea en los ámbitos públicos, empresarial, o desde movimientos asociativos no lucrativos.
Quinto.-
La Junta de Gobierno de este Colegio de Educadores Sociales, se pone a disposición de la Administración para colaborar en cuantas tareas sean necesarias para poder alcanzar estos objetivos de continuidad y garantía de los programas socioeducativos de inclusión social. Para tal fin se dirigirá a los Excmos. Consejeros de Educación y de Política Social de nuestra Comunidad Autónoma, así como a las alcaldías de nuestros municipios y al Delegado del Gobierno, trasladando copia de estos acuerdos.
Igualmente colaborará con otros Colegios Profesionales, Sindicatos, Empresas y Movimientos Asociativos no lucrativos, en todas las acciones que sean positivas para la defensa de la educación, la integración y la inclusión social en la Región de Murcia.
MURCIA a 10 de Diciembre de 2010.
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO PROFESIONAL
DE EDUCADORES SOCIALES DE LA REGION DE MURCIA
