El deterioro del mercado laboral
Los '100 economistas' piden desligar salarios e inflación en los convenios
Los expertos abogan por potenciar el arbitraje en la negociación colectiva
L. ABELLÁN / M. Á. NOCEDA
Con más discreción que las reformas del mercado de trabajo y de las pensiones, el cambio que se avecina en los convenios marcará un giro en las relaciones laborales en España. Los economistas influyentes han querido anticiparse y lanzar propuestas para un nuevo marco de negociación colectiva, que deberá estar definido en 15 días. El grupo de los 100, que aglutina a expertos con una visión reformista y liberal sobre la economía, propone desligar los salarios de la evolución real de los precios y, en su lugar, vincularlos a la productividad. Es la principal novedad de un manifiesto que presentarán el próximo martes.
Los convenios provinciales deben desaparecer en favor de los sectoriales
La Asociación Libre de Economistas cree que el marco actual frena el empleo
La mayor parte de los convenios condiciona los salarios a la evolución prevista del IPC, con una cláusula de revisión por si los precios superan lo esperado. Los 100, impulsores en su día del contrato único para frenar la temporalidad, abogan por suprimir esa cláusula y otorgar mayor peso a la productividad. Las normas de negociación colectiva ya la recogen, aunque de forma tibia.
Con ese cambio, que presentarán el martes Juan José Dolado, Florentino Felgueroso, Samuel Bentolila y Pablo Vázquez, defienden mejorar la competitividad de las empresas y evitar que subidas del petróleo como las actuales acaben impactando también en los costes generales de la economía. En España, ni la CEOE ni los sindicatos han abrazado con entusiasmo el patrón de la productividad, entre otras cosas porque genera incertidumbre a ambas partes. En un contexto de crisis como el actual, por ejemplo, esa regla obligaría a los empresarios a mejorar los sueldos de sus trabajadores, justo lo contrario de lo que ha ocurrido en 2010. Más allá de los sueldos, los 100, vinculados a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), piden poner coto a la prórroga indefinida que rige para los convenios una vez expiran. Así, proponen extender la vigencia uno o dos años y nombrar a un árbitro que dictamine en caso de que empresa y trabajadores no se pongan de acuerdo para firmar un nuevo convenio.
La idea del arbitraje emerge con fuerza en las negociaciones que mantienen sindicatos y empresarios para pactar la negociación colectiva. Con fórmulas más o menos claras -los sindicatos no quieren hablar de árbitro obligatorio-, ambas partes coinciden en establecer la mediación como salida más plausible en caso de bloqueos de convenios. La alternativa al marco actual, que data de 1980, debería estar lista antes del 19 de marzo, fecha límite que otorgó el Ejecutivo a las partes para alcanzar un acuerdo.
Hasta ahora, tanto la mediación -facilita el diálogo entre las partes, que mantienen el poder de decisión- como el arbitraje -se cede a un tercero esa capacidad, con el compromiso de aceptar la decisión- se configuran como herramientas voluntarias. Su uso está poco extendido; el año pasado hubo en España 264 procesos, según datos del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, aunque en los últimos días el arbitraje ha ganado notoriedad con el dictamen de Manuel Pimentel sobre el conflicto entre AENA y los controladores.
De las nueve propuestas que integrarán el ideario de los 100 economistas, una de las principales consiste en permitir a las empresas que, en caso de crisis, puedan pactar con sus trabajadores descolgarse de las subidas salariales que fija el sector. En realidad, esta posibilidad ya existe desde la reforma laboral.
Los economistas piden también centrar la negociación colectiva en los convenios de sector y eliminar los provinciales. Ahora mismo hay más de 5.000 convenios en vigor, aunque se calcula que unos 2.000 han quedado obsoletos. Por último, estos expertos propugnan la creación de un órgano que reúna a empresarios, sindicatos y expertos para analizar los costes laborales y realizar recomendaciones.
En línea con algunos de estos postulados, un grupo de economistas ligados a la Asociación Libre de Economistas, que agrupa a unos 300 profesionales, ha elaborado un decálogo en el que propone reducir la importancia de la indexación de los salarios a los precios. El manifiesto, que también se presentará la próxima semana, argumenta que garantizar la renta real de los trabajadores "no siempre es compatible con el objetivo de la eficiencia económica y la creación de empleo, sobre todo en el marco actual de intensa competencia global". A cambio, pide ligar las remuneraciones a la productividad y al beneficio de la empresa.
El grupo destaca también que la amplitud de los convenios y la generalización de las cláusulas de salvaguardia han frenado la creación de empleo y obligado a ajustar plantillas en tiempos de crisis. El mismo efecto negativo hay que atribuir, según sus apreciaciones, a la prórroga automática de convenios, que habría que empezar a negociar antes de que venzan.
El decálogo, elaborado por catedráticos de Economía de diversas universidades españolas (Luis Ayala, Lola Gadea, José Luis García Delgado, Rafael Myro, Cecilio Tamarit, Diego Rodríguez y Andrés Picazo), incluye otras medidas. Entre ellas, potenciar la negociación colectiva en la empresa e incentivar una rebaja en la duración media de los convenios.
