Zapatero decreta por vía urgente la privatización de las cajas de ahorros
Los inversores podrán comprar hasta un 50% del capital de estas entidades y decidir sobre su futuro
La ley vetará a los cargos públicos en los consejos, pero no a los políticos
GABRIEL SANZ / MADRID
José Luis Rodríguez Zapatero citó ayer en La Moncloa a la Ejecutiva de la Confederación Españolas de Cajas de Ahorro (CECA) para detallarles la reforma de la Ley Orgánica de Cajas de Ahorro (LORCA) que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros y luego compareció por sorpresa ante los medios de comunicación para explicar la principal novedad: no se hará como proyecto de ley, sino mediante un decreto-ley que, aún pendiente de su convalidación por las Cortes, permitirá a las cajas de ahorro poner a la venta hasta un 50% de su capital a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La recapitalización de esas entidades, muy afectadas por la crisis inmobiliaria, es «urgente», reconoció Zapatero, y el decreto pondrá a su disposición un «abanico extenso» de fórmulas de acceso al mercado de capital.
Este nuevo gesto del jefe del Ejecutivo le permite transmitir que ya tiene encarriladas sus tres grandes reformas económicas —la LORCA, la reforma laboral, en fase de enmiendas, y la de las pensiones, pendiente de la subcomisión del Pacto de Toledo— y ganar por la mano a Mariano Rajoy cuando queda menos de una semana para su gran «duelo» en el Debate sobre el Estado de la Nación. De hecho, el presidente del PP, nada más conocer el anuncio, calificó de «sorprendente» la comparecencia de Zapatero diciendo que Elena Salgado citaría por la tarde a Cristóbal Montoro para negociar lo que estaba anunciando en ese momento.
Satisfacción en el PP
Pese a todo, el líder de los populares ve con «satisfacción» la reforma porque «recoge sustancialmente lo que yo dije el día 25 de junio: que las cajas puedan acudir a los mercados, lo que es capital cuando se les exigen más provisiones a todas las entidades financieras; que puedan crear cuotas participativas con derechos políticos, que pueda haber acciones y que los políticos no puedan formar parte de los órganos de administración de las entidades financieras». De hecho, ni los cargos públicos autonómicos o locales, ni representantes de ninguna «administración ejecutiva», explicó Zapatero, podrán formar parte de los órganos de gobierno de la entidad, para los que serán designados «profesionales con experiencia» al menos en la mitad de su consejo. Además, anualmente, cada caja deberá redactar un informe de gobierno corporativo. La influencia de los políticos no desaparecerá totalmente, pues en sus máximos órganos de gobierno podrán figurar militantes de los partidos que sean elegidos por ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas.
Unidad política
La unidad política en esta reforma ha sido uno de los aspectos más valorados en el sector. Desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) aplaudieron ayer la «rapidez» y el «amplio consenso» alcanzado con los partidos y el sector para aprobar la nueva LORCA. Otra de las claves financieras de la reforma será, sin duda, la emisión de cuotas participativas, que ganan atractivo para el capital privado, pues se suprimen los límites hoy vigentes a la tenencia de estos títulos por un único inversor, actualmente fijados en un 5%. Pero además, contempla que las cajas que se integren bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP) —conocido también como «fusión fría» o «fusión virtual»— tengan como entidad central a una sociedad anónima, que puede ser un banco, y ello les permitirá acceder a los mercados.
Asimismo, la reforma dará la posibilidad de que las cajas puedan traspasar su actividad financiera a un banco y transformarse en una fundación, renunciando a su condición de cajas. La obra social se mantiene y será esa fundación la que decida sus actividades. No obstante, para tomar cualquier decisión sobre el cambio de modelo de funcionamiento de una caja o su régimen jurídico, la reforma incluye la necesidad de que cuente con el visto bueno de dos tercios del consejo de administración.
De esta forma, Zapatero considera que el cambio legislativo se hace preservando la función social, los intereses generales de las cajas y su obra fundacional, y que se plantea con dos objetivos fundamentales: la capitalización de las cajas para facilitar el acceso a recursos de «máxima categoría», y «la profesionalización y democratización de las cajas de ahorro».
Respecto a la capitalización, Zapatero dijo que la reforma del régimen de cuotas permitirá la entrada de inversores privados en las entidades, a los que se reconocerán derechos políticos proporcionales a su participación en el patrimonio de la caja.
Los sindicatos, en contra
Por su parte, CC.OO. y UGT se sienten ninguneados por el Gobierno, según afirmaron ayer los secretarios de acción sindical de ambas organizaciones, Ramón Górriz y Toni Ferrer, tras acudir a la cita de la ministra de Economía. También criticaron la precipitación y urgencia del Gobierno. Para ambas centrales, el decreto supone la «bancarización» de las cajas siguiendo el modelo italiano.
