Un guardia civil gallego pone firme a Interior
El Ministerio estudia alternativas a la entrega tradicional de las bajas en el cuerpo, en un sobre y en mano, tras la infracción muy grave de Protección de Datos a instancia de un agente pontevedrés
El director general de la Policía y la Guardia Civil en un acto. // S. Sas
JULIO PÉREZ - VIGO De poco valen las tradiciones acumuladas durante años y años cuando lo que está en tela de juicio es uno de los derechos fundamentales del ciudadano. De esos además en los que la sociedad moderna tiene puesto el punto de mira, el cuidado de la intimidad, y una cada vez más férrea defensa. No se libra ni el Ministerio del Interior, que acaba de recibir una importante reprobación de la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) por los protocolos que la Guardia Civil tiene para notificar la baja definitiva de uno de sus miembros por razones psicológicas. Un ya ex agente gallego, adscrito al municipio de A Estrada, denunció la falta de medidas de seguridad con la que se le trasladó el expediente, en mano, en la calle y en un sobre "abierto", según su testimonio, y el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba se está planteando "modificar el actual procedimiento" tras la imposición por parte de la AGPD de una infracción "muy grave".
Todo ocurrió en abril de 2007. Después de tres años de baja psicológica que el denunciante achacaba a "las presiones sufridas por los mandos directos de la Unidad de la Guardia Civil de A Estrada", una patrulla se acercó a su domicilio para entregarle el documento, una copia compulsada de tres páginas con el acuerdo de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil con la declaración de "inutilidad permanente" para el servicio por "insuficiencia de condiciones psicofísicas". El informe contenía datos de su salud, con el diagnóstico emitido por los peritos médicos. El agente mantiene, entre otras quejas, que el sobre con toda la información estaba abierto.
Tanto la cúpula de la Guardia Civil, como la dirección y los mandos encargados de personal, confirman que la notificación se realizó por esa vía, aunque aseguran que el sobre estaba cerrado, que a él sólo pueden acceder o el instructor o el secretario encargado del expediente y que cuentan en su poder con el acuse de recibo firmado por el agente. La Subdirección General de Personal Militar remite un escrito a la AGPD en el que sostiene que sus procedimientos aseguran la confidencialidad, "salvo que los responsables de la Administración que lleven a cabo las notificaciones incumplan dichos procedimientos".
Con el inicio de declaración de la posible infracción desde la Agencia a la vista de los indicios del incumplimiento del artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el relativo al deber de secreto entre los que manejan información personal y confidencial, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil alega de nuevo que el sobre estaba sin abrir. Que la entrega en la calle se realizó para "causar el menor trastorno al interesado" porque tenía retirado el carné de conducir, en el sobre constaba la inscripción "para apertura exclusiva por el interesado" y que el agente había generado "dificultades" durante toda la tramitación del expediente negándose incluso a abrir la puerta de casa. Aunque desde el Ministerio del Interior defienden que en ningún momento se vulneró el deber de secreto, sí vuelven a admitir que esta forma de comunicación lo evita sólo "en la medida de lo posible".
La Agencia Española de Protección de Datos da por acreditado que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil vulneró el deber de secreto "al permitir que cualquiera ajeno al afectado pudiera ver el contenido del escrito de la resolución del expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas, que explicita datos de salud del denunciante al mencionar la patología que da lugar al citado expediente". El organismo recuerda que la normativa establece la información sobre la salud como "datos especialmente protegidos" y que para su tratamiento, también por ley, tiene que haber un consentimiento expreso del afectado.
La declaración de infracción muy grave contra el Ministerio del Interior por parte de la AGPD –al tratarse de una Administración, no hay multa económica, pero sí una comunicación al Defensor del Pueblo y la exigencia a que se tomen las medidas para que no vuelva a ocurrir– recomienda que se eche mano de otro tipo de acuses de recibo externo, "como el usado por Correos", o algún otro "que permita la descripción más completa del contenido de la notificación sin desvelar su texto completo". El ministerio ya ha adelantado a la Agencia que ante "los fundamentos de derecho" que le ha hecho llegar se van a estudiar opciones alternativas para adaptarse a la ley.
